CARACAS.- El balance es cuando menos revelador: disparos a quemarropa, lanzamiento de gases a edificios, centros comerciales y hasta hospitales, agentes persiguiendo a manifestantes en retirada y otros que no generaban desórdenes o grupos de uniformados apaleando a jóvenes que ya tenían sometidos.

Éstas son algunas de las acciones que policías y guardias nacionales han ejecutado para enfrentar la ola de protestas opositoras que sacuden a Venezuela desde hace más de un mes y medio, sin importar que las mismas son abiertamente contrarias a los requerimientos dispuestos por el artículo 23 de las de las Normas sobre Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, la Paz, la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestantes.

“Vemos con mucha preocupación que las actuaciones de control del orden público, en lugar de facilitar el derecho a la manifestación no hace más que obstaculizarlo, exacerbando los ánimos. También hemos visto cómo en lugar de neutralizar a los grupos que puedan estar generando desórdenes o poniendo en riesgo la vida de otras personas o de bienes se actúa indiscriminadamente y sobre todo se actúa para castigar y doblegar a los manifestantes, lo cual constituye el delito de tortura”, denunció la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).

“Cuando se le dispara a quemarropa perdigones a alguien o cuando se lanza una bomba lacrimógena de manera horizontal, en lugar de vertical, allí se ve que no hay intención de dispersar sino de hacer daño y de castigar; y eso, según la doctrina internacional, es tortura”, señaló.

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"Las actuaciones de control del orden público, en lugar de facilitar el derecho a la manifestación no hace más que obstaculizarlo", denuncia la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989.
"Las actuaciones de control del orden público, en lugar de facilitar el derecho a la manifestación no hace más que obstaculizarlo", denuncia la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989.

De los 717 casos de heridos que el Ministerio Público contabilizó hasta el 4 de mayo, 329 estaban siendo investigados por fiscales de Derechos Fundamentales, lo que implica que se sospechaba que las lesiones habían sido causadas por policías y militares.

Entre estos casos se encuentra el del periodista Román Camacho, quien al cubrir como noticia los enfrentamientos entre protestantes y policías, en los que degeneró la marcha del pasado 10 de abril en Caracas, terminó con una pierna fracturada luego de que un guardia nacional le disparara una bomba lacrimógena. Esto a pesar de estar debidamente identificado como personal de prensa.

“Entre 60 y 80 funcionarios se alinearon y comenzaron a disparar bombas [lacrimógenas] contra los manifestantes, pero no de manera vertical sino horizontal. Incluso apuntaban a algunos de los manifestantes directamente, ni siquiera se detuvieron cuando la gente, colegas y protestantes me auxiliaron. Jamás había visto algo así”, relató telefónicamente, mientras se recuperaba de la intervención quirúrgica en la que debieron colocarse ocho tornillos para unirle la tibia.

Deja vú de 2014

Muchas de las escenas y relatos son parecidos a los que se registraron en 2014, durante la ola de protestas que lideró el encarcelado Leopoldo López, la exdiputada María Corina Machado y el también detenido alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Sin embargo, ahora hay una mayor saña y desde la organización pro Derechos Humanos Proiuris atribuyen esto la impunidad en la que están buena parte de los casi 283 casos de torturas y malos tratos abiertos por la Fiscalía en ese momento.

“El Ministerio Público y el sistema de justicia penal debieron dar muestras contundentes y ejemplarizantes contra los funcionarios que se excedieron si querían evitar que los abusos de 2014 se repitieran como está ocurriendo y seguirá ocurriendo, porque los policías saben que las posibilidades de que les pase algo son mínimas”, afirmó Nizar El Fakih, director de la agrupación.

Esta semana los venezolanos se desayunaron con la noticia de que uno de los detenidos por participar en el llamado plantón, que insta a la gente a permanecer sin moverse en un lugar, el lunes en el estado Aragua, a 100 kilómetros al oeste de Caracas, habría sido abusado sexualmente por los agentes que lo aprehendieron.

“Al ser presentados ante el Tribunal 9 de Control de Aragua los 10 jóvenes que fueron detenidos, uno de ellos le relató a la jueza y a los fiscales que varios policías lo agarraron e inmovilizaron, le bajaron el short y uno le introdujo un tubo por el ano, mientras que le decía que si abría la boca le haría lo mismo a su familia”, relató el abogado del Foro Penal, Daniel Merchán, quien lo representó y quien rechazó identificar al agredido, pues hasta el miércoles seguía en el comando de la Policía Nacional donde habría ocurrido el hecho, mientras esperaba que se pagara la fianza para dejarlo en libertad condicional.

La jueza Mariela Coba ordenó investigar el hecho, mientras alguien recordó como hace tres años un joven afirmó que un guardia nacional lo violó con un fusil. Entonces las autoridades negaron la veracidad de la denuncia y aseguraron que el denunciante sufría de problemas mentales.

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Una mujer sostiene una Constitución Política de Venezuela frente a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana durante una manifestación en Caracas, Venezuela.
Una mujer sostiene una Constitución Política de Venezuela frente a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana durante una manifestación en Caracas, Venezuela.

Sin embargo, de lo que sí hay pruebas audiovisuales suficientes es de grupos de uniformados golpeando a manifestantes que no estaban generando disturbios e incluso robándoles sus pertenencias.

“Participé en la marcha del 1 de mayo, la cual trató de llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia por la Cota Mil (la circunvalación que recorre el norte de Caracas), pero cuando comenzaron los enfrentamientos me retiré y cuando estaba llegando a la avenida Francisco de Miranda dos policías nacionales en moto me detuvieron. Me tiraron al piso y comenzaron a golpearme en la cara y en el cuerpo. En eso llegaron otros y uno me quitó el bolso, la cartera y el celular”, relató este estudiante universitario, quien rechazó identificarse por temor a represalias y cuyo caso está siendo estudiado por Proiuris.

Pese a la cantidad de evidencias, hasta ahora el Ministerio Público solamente ha imputado a siete uniformados (un policía regional y seis guardias) por atacar a manifestantes. El año pasado 2.441 funcionarios fueron investigados por violar los Derechos Humanos y 635 terminaron sentados en el banquillo de los acusados.

Para la directora de Cofavic lo visto en estas semanas revela que “en Venezuela hay un cierre evidente de espacios democráticos, hay una ruptura del hilo constitucional como lo señaló la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; y un estado de excepción que no se ajusta a las condiciones y circunstancias fijadas en la Constitución, lo cual hace que los funcionarios crean que los límites se han borrado y que pueden actuar como lo consideren”.

No falta la ley

En 2012 la Asamblea Nacional aprobó una ley especial para castigar la tortura. El instrumento prevé penas de hasta 25 años de prisión, e igual de inhabilitación, para el funcionario público que inflija "dolores o sufrimientos" a una persona, "ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión" o que pretenda "castigarla por un acto que haya cometido".

Asimismo el instrumento creó una Comisión Nacional contra la Tortura, la cual está presidida hoy por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien hasta el momento no ha condenado los excesos policiales y militares.

La Comisión tiene "amplias atribuciones para la prevención" de este crimen, entre las cuales destacan la posibilidad de inspeccionar sedes policiales y cárceles "sin previo aviso" para "garantizar el respeto a la integridad personal" de las personas que allí estén detenidas. Sin embargo, hasta ahora Saab no ha informado que haya hecho nada al respecto.

FUENTE: Especial

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