CARACAS.- Venezuela podría terminar en la agenda de la Corte Penal Internacional si la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, materializa su anuncio de denunciar los “delitos de lesa humanidad” que, a su juicio, se han venido cometiendo “de manera sistemática y sostenida, desde la convocatoria inconstitucional de la Constituyente presidencial, donde se violó el sagrado derecho a la soberanía y todo lo que ha ocasionado, tales como muertes, homicidios, extorsión de los funcionarios públicos para obligarlos a votar y las amenazas contra otros de perder los beneficios otorgados por (Hugo) Chávez”.

Para sustentar su afirmación, la jefa del Ministerio Público informó que policías y militares son responsables del 25% de las 121 muertes ocurridas durante la actual ola de protestas que sacude a Venezuela, mientras un 40% fueron miembros de grupos civiles armados, la mayoría de los cuales están identificados con el Gobierno.

Expertos como el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken; y el profesor de Derecho Penal y de Derechos Humanos, Fernando Fernández, consideran que el anuncio de la funcionaria no está descabellado y que ciertamente las autoridades han incurrido en delitos previstos y sancionados en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es parte.

“Yo siempre consideré aventurado decir que en el país se cometían delitos de lesa humanidad, porque eso es algo muy grueso y grave. Ciertamente en Venezuela se vienen registrando serias violaciones a los derechos humanos, pero un crimen de lesa humanidad es algo que ofende a la humanidad en su conjunto”, afirmó Nikken, quien agregó: “Sin embargo, en los últimos meses se han producido situaciones que están tipificadas en el Estatuto de Roma. Aquí se ha torturado, ejecutado y detenido arbitraria e ilegalmente a personas, de manera sistemática, con lo cual ya se podría hablar de delitos de lesa humanidad, algo que no tiene precedentes”.

En similares términos se pronunció Fernández, quien aseguró: “Hay situaciones que podrían considerarse delitos de lesa humanidad, por cuanto durante un tiempo se ha registrado un patrón de acción contra un grupo de la población que se opone al Gobierno”.

Sin precedentes

Ortega Díaz dejó en claro que acudiría ante las instancias internacionales si se materializan las instrucciones que Nicolás Maduro giró a la Constituyente el mismo día de su elección: De reestructurar al Ministerio Público.

Aunque no precisó a cuál organismo acudiría, por el hecho de hablar de delitos de lesa humanidad se dio por hecho que la funcionaria tiene en mente la Corte Penal Internacional y en el supuesto de que esto ocurra sería la primera vez en la historia del tribunal, abierto en 2002, recibe una denuncia de una alta autoridad de un Estado contra otras autoridades del mismo Estado.

Hasta ahora los casos que ha recibido la Corte han sido interpuestos por jefes de Estado contra otros jefes de Estado, particulares o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, los expertos aclararon que aunque Ortega Díaz decida dar este paso eso no necesariamente implicará el juzgado procesará a Nicolás Maduro o a algún otro funcionario.

“La denuncia es libre, pero ella debe contener situaciones o hechos, pues será el Fiscal de la Corte el que en una investigación preliminar decidirá si acepta o no la denuncia”, explicó Fernández.

La instancia ha recibido varias denuncias relacionadas con Venezuela desde su creación. Sin embargo, ninguna ha prosperado. En 2004 el Foro Penal Venezolano presentó una contra el entonces presidente Hugo Chávez por lo ocurrido durante los sucesos de abril de 2002, en los que 19 personas fallecieron, así como por la persecución contra la disidencia que se materializó con los despidos de miles de trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Del primero al último

Tras recomendarle a la Fiscal General asesorarse con expertos en derecho penal internacional, Nikken explicó que en un eventual proceso en la Corte Penal no solamente el presidente Nicolás Maduro podría ser procesado sino funcionarios de menor rango e incluso civiles.

“El Estatuto le da a la Corte la potestad de poder procesar a cualquier sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad, sin importar su cargo y si tiene inmunidades, porque para el Estatuto las inmunidades no tienen valor”, afirmó el abogado experto en Derechos Humanos.

El tratado que creó la Corte establece que los señalados de cometer sistemáticamente delitos como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones o masacres contra un grupo pueden recibir condenas hasta de cadena perpetua. Sin embargo, ningún venezolano jamás correrá ese riesgo.

“La cadena perpetua no se aplica a los venezolanos, sin importar la gravedad del delito cometido, porque la legislación nacional no permite que nadie pase más de 30 años en la cárcel y por ello hay una disposición en el artículo 77 del tratado que permite penas de hasta 30 años. Esta disposición fue muy peleada por Venezuela y es conocida como la cláusula Venezuela”, explicó Fernández.

El tiempo dirá si la fiscal general decide dar este paso y si el juzgado internacional acepta la petición.

FUENTE: Especial

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