SAN JOSÉ.- El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pretenden cobrar una deuda de 17.000 millones de dólares que, según un decreto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Estados Unidos le debe al país centroamericano por los daños causados durante la guerra de los contra, de los años 80, que supuestamente fue financiada por Washington para derrocar la revolución sandinista.

“El Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, como compensación por los daños fatales ocasionados al país y al Gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales”, dice un comunicado leído por Murillo en medios oficialistas.

Nicaragua demandó a Estados Unidos ante la corte internacional por daños ocurridos durante la guerra en los años 80 y ganó el caso en 1986. Según Ortega, se calcula en 17.000 millones de dólares el monto de la indemnización, pero la CIJ no estableció un monto a pagar.

No obstante, en los años 90 la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro renunció a cobrar la multimillonaria suma, cuando el mismo país deudor, Estados Unidos, suministraba ayudas a Nicaragua para encaminar la recuperación económica de la nación centroamericana.

Enfrentamiento

Sin embargo, desde que Ortega retornó al poder, en 2007, ha dicho que Estados Unidos debe indemnizar a Nicaragua, acorde al fallo dictado por la CIJ, lo que corresponde a su política de enfrentamiento casual con Washington y satisface los oídos de sus seguidores.

Entretanto, los detractores de Ortega aseguran que el resurgimiento de la reclamación es una reacción contra las eventuales sanciones en contra del otorgamiento de facilidades crediticias a Nicaragua, entre otros pormenores, que son contempladas en la propuesta de ley HR1918, mejor conocido por Nica Act, que el Congreso estadounidense discute estos días.

De hecho, la propuesta fue aprobada por unanimidad esta semana por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, lo que avala el curso de la discusión.

En caso de ser aprobada por el Congreso y el Senado, además de ser autorizada por el presidente Donald Trump, la ley obligaría al Gobierno de Estados Unidos a vetar las concesiones crediticias a Nicaragua en organizamos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, salvo que Ortega y su gobierno restituyan la democracia en el país.

De esta manera, la propuesta de ley Nica Act exige a Ortega elecciones libres, transparentes y creíbles, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales, la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición.

Así mismo, la medida exigiría al secretario de Estado de Estados Unidos presentar al Congreso un informe sobre el supuesto involucramiento de altos funcionarios de Nicaragua en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos en el país centroamericano, lo cual podría endurecer o suavizar las sanciones, según el contenido del informe.

Reacción

“Rechazamos y condenamos la NICA Act como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua. Nuestro país continuará desarrollando sus políticas y propuestas de unidad nacional, de acuerdo a nuestros compromisos constitucionales, y a nuestras realidades”, leyó Murillo.

Nicaragua recibe préstamos por unos 250 millones de dólares de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales serían bloqueados por Washington.

Esa cifra se aproxima al 62% de la cooperación oficial en préstamos al sector público que recibe Nicaragua, lo que representa un importante complemento para el presupuesto nacional, que este año denota 2.200 millones de dólares para el segundo país más pobre del continente americano.

El año pasado, durante la presentación de la propuesta de ley en Washington, el economista Néstor Avendaño señaló, durante una entrevista en un canal de televisión local, que “todos los nicaragüenses estamos muy preocupados por esa decisión legislativa en Estados Unidos. No es el monto que se deja de percibir por una posible condena de los préstamos del BID y BM que ahora están dirigidos a programas y proyectos del sector público”.

Luego añadió: “Si no ingresa ese monto en cooperación oficial al sector público, provocaría una desaceleración del crecimiento económico del país, que estaría influenciada por el menor dinamismo de la inversión pública que su vez provocaría una caída o desaceleración en la inversión privada, al no darse el papel facilitador del Estado para el desarrollo de la empresa privada”.

Por otra parte, voces del Movimiento Renovador Sandinista, que toman distancia de la posición oficialista de Ortega, anticipan que el mandatario nicaragüense está llevando al país por el peor de los caminos, “el del aislamiento internacional, la inestabilidad política y social y una mayor pobreza”.

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Cuál será la principal consecuencia luego de los resultados de las elecciones en Venezuela, señaladas de fraude?

El régimen de Maduro quedará más deslegitimado
Se afianzará el régimen de Maduro y se debilitará la oposición
ver resultados

Las Más Leídas