SAN JOSÉ.- Campesinos nicaragüenses que se oponen a una concesión canalera del gobierno sandinista, nuevamente han sido reprimidos por el régimen de Daniel Ortega mientras iniciaban una caravana de protesta desde el interior del país hacia la capital.

Desde el martes 29 de noviembre, el orteguismo derribó puentes, zanjó carreteras y su policía disparó gases lacrimógenos y balas a los camiones cargados con campesinos mientras éstos salían de sus comunidades en distintos departamentos (provincias) de Nicaragua para protestar contra la ley que avala el proyecto de canal interoceánico y demandando elecciones libres y transparentes.

Los campesinos han decidió protestar, así como lo han hecho en 82 ocasiones durante tres años, aprovechando que un equipo técnico de la Organización de Estados Americanos se encuentran en Nicaragua y que el presidente de este organismo, arriba mañana a Managua para dialogar con diversos sectores, incluido el gobierno, por las quejas sobre el régimen instalado por Ortega en el país.

“No vamos a dejar que nos atropellen, aunque nos limiten, aunque nos presionen y agredan, estamos diciendo que no estamos de acuerdo y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo la líder del movimiento Francisca Ramírez, al dirigirse esta mañana a los campesinos en el empalme La Fonseca-Puerto Príncipe, interior del país, donde permanecen retenidos obligados por el retén policial.

Pese a todo advirtió:”No vamos a dejarnos robar nuestras tierras aunque nos disparen con balas de Ak”.

Para la mañana de este miércoles estaba previsto que Ramírez sostenga una conversación telefónica con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El proyecto del canal por Nicaragua, con una inversión de 50.000 millones de dólares, consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud y de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, según la firma concesionaria por los próximos 100 años.

El canal, cuya construcción creará, si se lleva a cabo, unos 50.000 empleos, entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la edificación la esclusa oeste, prevista para comenzar a finales de 2016.

No obstante, el proyecto no arranca y parece esfumarse a través del tiempo, pero la ley de concesión canalera sigue vigente y establece pagar a precio de catastro las propiedades por donde pasaría el canal húmedo, lo cual afectaría a unas 20 mil familias que dependen del trabajo de la tierra.

Debido a la represión policial ordenada por Ortega, al menos 7 campesinos han resultado heridos de bala y unos 12 de ellos están detenidos.

Pedro José Guzmán López es el campesino que está más delicado. Él presenta un impacto de bala de plomo y urge que sea atendido de emergencia fuera de la localidad de El Tule, una de las comunidades en protesta.

“A los derechos humanos, a la Iglesia católica, por favor intercedan una vez más por los campesinos; lo que estamos sufriendo es una gran represión, cuando nosotros solo estamos pidiendo que se respete nuestro derecho y que deroguen la Ley 840, que es la incomodidad que tenemos”, demandó Ramírez.

Transportistas de los municipios de Bocay, El Cuá, Pantasma y Wiwilli, en Jinotega, norte de Nicaragua; son víctimas de percusión y acoso total por parte de la policía, denunció Byron Chamorro, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD).

El acoso policial contra los transportistas es para impedir que los campesinos lleguen a Managua, para participar en una marcha en defensa de la tierra y contra la farsa electoral.

“El que se atreva a salir con sus unidades de transporte va preso y suspendida su licencia”, asegura Chamorro, es la amenaza que los policías realizan a dueños de medios de transportes a quienes visitan hasta sus casas, según el diario local La Prensa.

“Esto es un estado de sitio, la policía está por todos lados paralizando el transporte y requisando a todo el mundo. Todo aquel que va para Managua es requisado y cuestionado a qué van a Managua”, aseguró el activista político del FAD.

“Las personas que viajan en transporte colectivo son objeto de intimidación, cateos y revisiones ilegales por parte de la Policía Nacional”, según organizaciones que participan en la jornada Azul y Blanco, misma que contempla además de la marcha campesina, protestas en el país el 1 de diciembre por la llegada de Almagro.

Según el parte oficial de la Policía Nacional controlada por Ortega, “grupos vandálicos” agredieron a oficiales, 7 de ellos resultaron heridos.

Los retenes de la Policía Nacional continúan en los distintos departamentos del país. Los campesinos de comunidades donde el gobierno cortó caminos para impedir la continuidad de las protestas, empezaron a tener perdidas en producciones de leche.

En tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Managua emitió un comunicado en el que alerta a sus ciudadanos sobre las dos marchas que se realizarán en Managua este miércoles y jueves.

Aunque las manifestaciones están destinadas a ser pacíficas, “pueden convertirse en confrontación y escalar a la violencia. Deben evitar las áreas de las demostraciones”, cita el comunicado.

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