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WASHINGTON.- La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció este jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA), las torturas y violaciones a las que fueron sometidas 289 personas, tras ser retenidas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por participar en manifestaciones o expresar abiertamente ser adversos al régimen de Nicolás Maduro.

Los casos más resaltantes que han sido expuestos en las audiencias públicas que se llevan a cabo en la OEA para determinar si hay fundamento para denunciar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI), son aquellos donde los detenidos denunciaron que fueron agredidos sexualmente, obligados a comer excremento o sometidos a descargas eléctricas.

Todos recibieron torturas psicológicas. Además, del total, 280 fueron golpeados y 192 fueron sometidos a torturas sexuales, las cuales incluyen violaciones con rolos o incluso con armas de fuego.

Suju destacó que 23 de los aprehendidos padecen o han pasado por "torturas blancas", que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.

"No respiran aire fresco, las temperaturas son inferiores a 18 grados centígrados. Hay una cárcel que se llama 'La Tumba' que está a cinco pisos bajo la tierra. El único sonido que ellos escuchan es el sonido del Metro de Caracas. Cuando deja de pasarles por encima de la cabeza es cuando identifican que es de noche", precisó.

De la cantidad de afectados, 223 son hombres y 66 mujeres. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, mientras que 11% oscilan entre los 31 y 40 años de edad.

En una intervención más técnica, el coordinador internacional de la ONG venezolana Foro Penal, Julio Henríquez, explicó cómo contabilizan el número de presos políticos -676 según su último balance-, una lista que avala la Secretaría General de la OEA.

"Hay tres grupos, los que quieren sacar de la política; el más amplio, el de quienes buscan ejercer sus derechos civiles y políticos; y un tercero, para justificar la narrativa y propaganda política", explicó.

Preguntado por el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acerca de quiénes son los autores de las torturas que denuncia en esas detenciones, Henriquez aseguró que "son víctimas directas de cuerpos de seguridad del Estado o de civiles armados" que se han "confabulado" con ellos o el Gobierno.

"Hay un plan de persecución del Gobierno para mantenerse en el poder. Usa mecanismos de represión que se manifiestan no solo en crímenes de lesa humanidad sino en otros adicionales", resumió.

Este viernes habrá una segunda audiencia con militares exiliados, a la que, como este jueves, no acudirá Almagro por estar de viaje de trabajo en México.

Las siguientes no están todavía programadas, pero antes del 30 de octubre un panel de expertos -aún por configurar- analizará la información obtenida.

Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).

FUENTE: Con información de El Nacional / EFE

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