MIAMI.-Delegados del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman en Bogotá, este jueves 24 de noviembre, un nuevo acuerdo de paz tratando de ponerle punto final a las controversias que mantienen en guerra a dos bandos de la política de ese país sudamericano.

El renovado pacto ha sido denominado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” y fue logrado el pasado 12 de noviembre en medio de fuertes críticas de quienes impulsaron la opción del “No” en el plebiscito celebrado el 2 de octubre para refrendar el primer documento emanado de las conversaciones en La Habana.

Si el acuerdo que el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko” sellaron el 26 de septiembre en Cartagena se consideraba el acontecimiento más importante del último medio siglo en Colombia, el nuevo trato podría tener el valor adicional de contar con el respaldo de muchos sectores que votaron de forma negativa en la refrendación del primer pacto. Pero en este marco no entra el Centro Democrático (CD), que orienta el expresidente y senador en ejercicio Álvaro Uribe Vélez.

Todo indica que luego del segundo acuerdo entre el Gobierno y las FARC, las posiciones de la administración de Juan Manuel Santos y del CD, en torno al proceso de paz con la guerrilla, son literalmente irreconciliables.

Mientras el Gobierno deja en claro que el acuerdo con las FARC es definitivo y que ya no puede volver a modificarse, la colectividad de Uribe es tajante al recalcar que sin otros cambios sustanciales en el pacto con el grupo rebelde las puertas se cierran para un entendimiento entre uno y otro bando. En consecuencia, el CD decidió salir a las calles a expresar su desacuerdo en torno al acuerdo.

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Juan Manuel Santos, presidente de Colombia
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

Analistas políticos dan por hecho que la posición asumida por el CD es el punto de partida de la campaña presidencial en las huestes del uribismo, con tres precandidatos que comienzan a subir el tono de la voz en busca de votos entre los electores.

Y el CD no lo desconoce, aunque asegura que siempre insistió en buscar un consenso para evitar que el tema de la paz se trasladara a la contienda electoral y que el mismo sea tomado como “caballito de batalla” con intereses electorales.

Al respecto, el senador José Obdulio Gaviria, copartidario de Uribe y duro opositor del Gobierno, considera que la decisión de la Casa de Nariño de refrendar el acuerdo, sin permitir que se le hagan modificaciones, se puede asumir como el inicio de la contienda del 2018.

Óscar Iván Zuluaga, director del CD y de nuevo aspirante a la presidencia, cree que lo que ha ocurrido en los últimos días “significa que habrá polarización política fuerte”, porque lo acordado “nos divide”.

También estima que la campaña está comenzando alrededor del tema de la reconciliación nacional.

Respaldo al acuerdo

Al momento de anunciar la firma definitiva del acuerdo de paz con las FARC, Santos destacó: “Los jóvenes, las víctimas, los empresarios, la Iglesia católica, la mayoría de los pastores cristianos, los medios de comunicación, los gobernadores y alcaldes de todo el país han reconocido que los cambios son de fondo, significativos y satisfactorios para ellos”.

En otras palabras, el jefe de Estado colombiano dio a entender que algunos de los sectores que votaron por el “No” en el plebiscito, cuyos resultados fueron desfavorables a los intereses del presidente Santos, dieron marcha atrás y en estos momentos apostarían por el “Sí”.

En el sector de las iglesias cristianas, que congregan a decenas de miles de creyentes, la posición inicial marcaba un alejamiento, pero tras el nuevo acuerdo tal parece que su criterio ha cambiado.

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Timoleón Jiménez, Carlos Antonio Lozada y Mauricio Jaramillo llegan a Colombia para firma del acuerdo.
Timoleón Jiménez, Carlos Antonio Lozada y Mauricio Jaramillo llegan a Colombia para firma del acuerdo.

Un ejemplo claro de este giro se hizo evidente luego de que la Iglesia Cristiana Integral Casa sobre La Roca expresara en una carta dirigida a la opinión pública su abierto respaldo al nuevo pacto. “Hoy, nos gozamos con un nuevo acuerdo para la Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP”, afirma en su misiva esta organización que tiene templos a lo largo y ancho del país.

En igual sentido se pronunció la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), cuyo presidente, Bruce Mac Master, elogió los alcances del nuevo trato alcanzado con el grupo subversivo.

¿Por qué se oponen?

Los delegados del Gobierno llevaron a La Habana, sede de las negociaciones con la guerrilla, un documento que contenía las 400 propuestas de los líderes del “No” para evaluar la posibilidad de realizar “ajustes” en el documento final del pacto. Pero cuando se creía que la paz entre el Gobierno y efecto positivo en la difícil relación entre el Gobierno y la oposición, al tenor del tema de la paz, el expresidente Uribe publicó un comunicado en el que responsabiliza al presidente Santos de “negar la posibilidad de un acuerdo nacional sobre temas sustanciales”.

Para el exmandatario, es necesario modificar asuntos relacionados con las sanciones a los guerrilleros, “la no elegibilidad [de las FARC] mientras se cumplen penas” y “eliminar el narcotráfico como conexo al delito político”, entre otros aspectos.

Y acotó: “El Gobierno nos ha dicho que estos temas no son revisables; sin estas reformas, el acuerdo es apenas un retoque del rechazado por los ciudadanos”. Sin embargo, Uribe reconoció que en algunos puntos hubo avances.

El futuro del nuevo acuerdo

El Gobierno no se arriesga a otra derrota en una consulta, como sucedió en el plebiscito, y ahora plantea la posibilidad de que la refrendación del acuerdo definitivo de paz con las FARC esté a cargo del Congreso.

Es casi un hecho que en la corporación legislativa de los colombianos, el CD pondrá piedras en el camino para evitar que el pacto sea avalado. En todo caso, el Gobierno cuenta en ese recinto con el apoyo del resto de los partidos políticos y por ende muchos analistas consideran que el acuerdo podría pasar sin mayores problemas. Por eso Uribe ha estado más inclinado hacia la posibilidad de un nuevo plebiscito que por llevar el polémico tema a instancias del Congreso.

Tras la eventual refrendación del nuevo “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, la expectativa queda puesta sobre la Corte Constitucional, tribunal que debe decidir la viabilidad del “fast track”, que se utilizaría en el caso del pacto logrado con las FARC, un vieja manera de aprobar proyectos “en bloque” sin análisis de fondo.

Y mientras todo esto se “cocina” en el Congreso y en la Corte Constitucional, se denuncia en Colombia el repunte del paramilitarismo, el fenómeno que vuelve a aparecer como un fantasma con el asesinato de varios líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, a lo que se suma la muerte de dos guerrilleros en un enfrentamiento con el Ejército.

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