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La reciente destitución de los alcaldes de los municipios Chacao y El Hatillo en Venezuela forma parte de la estrategia sistemática del chavismo de utilizar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para desconocer las victorias electorales de la oposición.

A pesar del impacto negativo en la intención de voto producto de los resultados de la elección presidencial sobrevenida celebrada en abril de 2013, las elecciones municipales de ese año le sirvieron a la oposición para continuar en el ascenso sostenido en el control de cuotas de poder regionales. En los comicios municipales del año 2008 la oposición solo logró ganar en 56 de los 335 municipios del país, no obstante para el año 2013 (a pesar del mencionado descalabro presidencial y su impacto en la votación opositora) logró obtener el control en 77 municipios, en su mayoría las jurisdicciones más emblemáticas del país no solo por su importancia económica, sino por la cantidad de población que se concentra en esos territorios.

De los 77 alcaldes que la oposición logró ganar en 2013, a la fecha, 12 han sido separados del ejercicio del poder, pesando sobre la mayoría de estos funcionarios penas de cárcel e inhabilitación política.

La estrategia de desconocer los resultados electorales del año 2013 acusando a los alcaldes de no cumplir con sus funciones de orden público comenzó en 2014, cuando los magistrados del TSJ decidieron destituir y encarcelar por desacato a los burgomaestres Enzo Escarano (municipio San Diego, del estado Carabobo) y Daniel Ceballos (municipio San Cristóbal, del estado Táchira). Estos son los únicos dos casos en que la destitución generó una nueva elección.

A partir de estas decisiones, el TSJ ha mantenido la amenaza de la destitución y encarcelamiento contra cualquier alcalde que permita que en su municipio se proteste contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según el análisis de la ONG Acceso a la Justicia, el TSJ ha utilizado cinco argumentos básicos para justificar la destitución y el encarcelamiento:

  1. Los alcaldes, para evitar conflictos, deben impedir reuniones en las vías públicas para proteger a los vecinos del municipio
  2. Los alcaldes deben impedir que en esas reuniones se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas
  3. Los alcaldes deben llevar acciones de control del delito
  4. Los alcaldes deben tomar medidas para promover la comunicación e interacción con los habitantes para asegurar la paz social
  5. Los alcaldes deben proteger a los niños y a los adolescentes.

En concreto, los magistrados del TSJ suelen admitir amparos constitucionales contra los alcaldes opositores en los que les ordena que impidan barricadas y bloqueos de las vías públicas y garanticen el libre tránsito. El supuesto incumplimiento de ese mandamiento cautelar genera la destitución y el encarcelamiento.

Según Acceso a la Justicia, este tipo de amparos “configuran un evidente desconocimiento del derecho político que tienen los venezolanos a manifestar pacíficamente, según el artículo 68 de la Constitución, pues el fundamento es precisamente impedir el ejercicio legítimo de este derecho escudándose en la supuesta protección de los intereses colectivos y difusos de las personas”.

Por otra parte el abogado José Ignacio Hernández sostiene que las decisiones del TSJ contra los alcaldes desconocen, entre otros elementos, el derecho al juez natural, además de violar el debido proceso, promover detenciones arbitrarias y desconocer los derechos electorales a través de procesos de naturaleza política.

Para Hernández resulta evidente que la destitución de los alcaldes no se genera a través de procesos judiciales imparciales, sino que se trata de procesos políticos.

12 alcaldes y contando

El TSJ ha apartado del poder a 12 alcaldes opositores, la mayoría de ellos han sido destituidos o encarcelados desde que la Mesa de la Unidad Democrática denunciara la ruptura del hilo constitucional en el mes de marzo de 2017.

De los 12 alcaldes que han sido apartados del poder por medidas judiciales, tres se encuentran en prisión (Daniel Ceballos, Alfredo Ramos y Delson Guárate), mientras el alcalde Metropolitano (instancia de gobierno similar a una gobernación), Antonio Ledezma, ha recibido el beneficio de casa por cárcel.

Por no evitar las protestas contra Maduro, seis alcaldes han sido destituidos y se ha ordenado su encarcelación. Al momento de redactarse este texto se encuentran prófugos de la justicia del régimen de Maduro. En esa situación se encuentran Warner Jiménez (alcalde de Maturín, en el estado Monagas), Gustavo Marcano (alcalde de Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui), Carlos García (alcalde de Mérida), Omar Lares (alcalde de Campo Elias, en Mérida), Ramón Muchacho y David Smolaski.

Por otra parte la alcaldesa Lumary Barreto fue destituida (pero no se ordenó su detención) y Enzo Scarano fue destituido, inhabilitado y dejado en libertad en el mes de abril de 2016.

De continuar las protestas de calle de la oposición las acciones del TSJ pudiesen acarrear la destitución de hasta 22 alcaldes opositores, que ya han sido advertidos de que pudiesen caer en desacato al Tribunal si no ejecutan acciones que eviten las manifestaciones y protestas. En este grupo se encuentran los alcaldes del municipio Baruta del estado Miranda Gerardo Blyde y del municipio Sucre, del estado Miranda, Carlos Ocariz.

Por otra parte, la cifra de alcaldes que han visto reducidas sus competencias a causa de las sentencias del TSJ llega hasta 40 burgomaestres. En este grupo se incluye la alcaldesa del municipio Maracaibo del estado Zulia, Eveling Trejo.

Gobernadores sin elección

La posposición de las elecciones regionales en diciembre de 2016 alentó otra práctica del chavismo. La ausencia de comicios aumentó la cantidad de gobernaciones en donde Maduro decidió sustituir al gobernador (del PSUV) electo en el año 2012 por otro funcionario del partido. Hasta este momento en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Sucre y Portuguesa gobierna una persona distinta a la electa por los ciudadanos. En la mayoría de los casos quienes dejaron sus estados lo han hecho para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, mientras en el caso de los gobernadores de Anzoátegui (Aristóbulo Isturiz) y Aragua (Tareck El Aissami) abandonaron sus regiones para ocupar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo. Hoy en día Istúriz también integra la ANC.

Al cambio de ocho gobernadores se une la inhabilitación política por 15 años dictada por la Contraloría General de la República en contra del gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski. Además también se inhabilitó a la gobernadora encargada Adriana D Elías. Aunque la medida en contra de Capriles Radonski no lo obliga a dejar el cargo para el que fue electo en 2012, si le prohíbe presentarse a la reelección en los comicios previstos para diciembre de este año.

Magistrados fuera del país

Los 33 magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional para tratar de evitar que el TSJ se continuara utilizando como instrumento de persecución política se encuentran detenidos, asilados o en paradero desconocido.

Hasta este momento 13 magistrados han logrado pedir asilo (la mayoría se encuentra en la embajada de Chile en Caracas), dos han sido detenidos por la policía política del gobierno de Maduro y 18 se encuentran en paradero desconocido. La acción en contra de estos magistrados ha provocado que la oposición venezolana se replantee la decisión de designar a los nuevos magistrados del CNE. Quienes actualmente dirigen al organismo comicial Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D Amelio, Socorro Hernández y Luis Emilio Rondón fueron designados en procesos írritos entre los años 2014 y 2015 por los magistrados del TSJ (magistrados que la Asamblea Nacional intentó remover sin éxito). De las cuatro rectoras del CNE, don de ellas (Tibisay Lucena y Tania D Amelio) integran el grupo de funcionarios del gobierno de Maduro que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Y ahora la ANC

Según las estimaciones de la firma Torino Capital, candidatos de unidad de la oposición venezolana pudiesen ganar 18 de los 23 gobernaciones que deben escogerse en diciembre de 2017. No obstante, en caso de realizarse estos comicios, los vencedores no solo estarán amenazados por las prácticas de destitución e inhabilitación del TSJ, sino que estarán obligados a reconocer a la autoridad supra constitucional de la Constituyente, so pena de ser también destituidos o encarcelados.

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