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MIAMI.- Parece raro que Ricardo Álvarez-Díaz, el presidente de la asociación de constructores de Puerto Rico y uno de los dueños de la principal firma de arquitectos de la isla, diga que es optimista y que, a pesar de la terrible devastación dejada por el huracán María el pasado 20 de septiembre, “a mediano y largo plazo Puerto Rico será un lugar con un potencial muy grande de nuevo desarrollo”.

Pero a corto plazo “es una catástrofe y se va a poner peor”, indicó. María fue una tormenta perfecta: se llevó por delante la infraestructura de energía de una nación de tres millones 500 mil habitantes, con una deuda de 72.000 millones de dólares y un desempleo del 10%. Y al quedarse sin luz se cortaron las comunicaciones y dejó de llegar el agua a los hogares y comercios.

Al segundo día del poderoso ciclón que aterrizó en la isla como un monstruo de categoría cinco, Álvarez-Díaz se reunió con los funcionarios de FEMA (la agencia federal de administración de desastres) y les dejó en claro que “no se podían crear ciudades provisionales, gente viviendo en carpas de campaña, y tampoco imponer una visión de desarrollo que puede ser efectiva en Arizona, pero no funciona en un país tropical”.

Bajo esa premisa se construyó un grupo de trabajo, presidido por Álvarez-Díaz, entre el sector privado y FEMA en el tema de infraestructura crítica y vivienda. Es un espacio de diálogo no sólo para desarrollar una visión de Puerto Rico en cinco años y cuántas soluciones de vivienda requerirá, sino para lanzar licitaciones en las que los profesionales boricuas tengan acceso a los contratos, y no que llegue, aerotransportado de Washington o de cualquier otro estado, personal subcontratado. “Estamos haciendo todo lo posible para que entiendan de una manera lógica y con cifras los beneficios de hacer las cosas como socios y no como colonizadores”, subrayó Álvarez-Díaz

“Esa palabra es crítica porque hemos vivido durante 100 años como una colonia [estado libre asociado] de Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando de la mano del Gobierno federal, como socios que somos, porque todos somos americanos, y buscamos minimizar el éxodo de puertorriqueños”.

Lo que quedó al desnudo

Más de 45.000 puertorriqueños se han ido de la isla y, a diario, llegan a la Florida 2.000 ciudadanos de ese país que tiene gobernador, como Florida o California, y sus nacionales votan para elegirlo. También tienen voz y voto en las primarias republicanas y demócratas, pero no van a las urnas para escoger al Presidente, a pesar de que los boricuas son tan estadounidenses como alguien nacido en Nueva York o Chicago.

“Esta desgracia que estamos viviendo ayuda a dejar al desnudo que hay unas incongruencias sociales que no tienen sentido para un territorio estadounidense”, recalcó Álvarez-Díaz quien cree que, al día de hoy, la situación en su país ha mejorado con respecto a la horrenda situación de la primera semana.

Pero hay grandes desafíos. Las personas se están infectando por tomar agua del río porque no hay todavía agua potable. Y de acuerdo con su apreciación, eso se va convertir en una situación de salud pública. Para él, la magnitud del impacto de María se podrá medir mucho mejor dentro de seis meses.

El hecho de que no haya un gran número de muertos por la tormenta, hace pensar que su impacto no fue tan grande. Álvarez-Díaz contó que en sus viajes con la Cruz Roja llegó a una población donde se había caído el puente y la única manera de salir de allá era cruzando el río. “Pusimos un cable, como un funicular improvisado con canastas. Eso está pasando en un territorio de Estados Unidos pero si le tomas una foto, parece un lugar del tercer mundo”.

Otra situación que dejó ver su verdadero rostro, es el drama de la vivienda en la llamada Isla del Encanto.

La ilegalidad

El 55% de las viviendas en Puerto Rico son informales o, en otras palabras, ilegales, de acuerdo con cifras que maneja Álvarez-Díaz

Se construyeron en zonas de inundación, sin los permisos necesarios de arquitectos o ingenieros, con electricidad tomada de contrabando y pozos sépticos construidos a manera de acueducto y alcantarillado, con un gran impacto para el medio ambiente.

Son familias que vivían ahí hacía 40 años, tuvieron hijos y nietos. Y con el huracán lo perdieron todo.

“Si tú construyes de manera ilegal, haces lo que se te da la gana. Los códigos de construcción en Puerto Rico son excelentes. Son parecidos a los de la Florida, pero más exigentes. Mi país tiene una combinación de huracanes y terremotos”.

En esa situación crítica viene la reconstrucción, pero teniendo en cuenta las condiciones sociales y culturales de las comunidades. Hay que crear soluciones de vivienda sostenible, pero en el presente el mayor reto es relocalizar a esas familias.

“Hay un montón de viviendas disponibles, tanto las que están en propiedad de los bancos como las nuevas. Se pueden alquilar por 18 meses, a través de un programa de FEMA”, precisó Álvarez-Díaz. También hay posibilidades de que quienes hayan perdido su vivienda puedan tener acceso a una hipoteca por un valor de 70.000 dólares.

“La empresa privada tiene una obligación en conjunto con el gobierno federal de poder desarrollar proyectos de construcción en la isla, a través de HUD (el departamento de vivienda de Estados Unidos) y no sólo de FEMA. Esos fondos serían para vivienda asequible, de corto y mediano plazo, y para construir propiedades de ingresos mixtos”, puntualizó Álvarez-Díaz.

“Mixto” significa que el constructor privado administra la propiedad, que es del gobierno estatal. El inquilino le paga la renta a dicho gobierno y, además, recibe créditos del gobierno federal. Muchos proyectos comunitarios los administran fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Un estudio preliminar de 2017 habla de 60.000 a 90.000 unidades de déficit en Puerto Rico porque antes no se contaban las casas ilegales pues ninguna de ellas pagaba impuestos. No había documentos que demostraran su existencia.

Ser estado

En los últimos 11 años Puerto Rico ha estado en recesión económica y, además, sin acceso a líneas de financiamiento. “Ahora vamos a contar con esos fondos que ya existen. Lo que pasaba es que no había voluntad política para demostrar que había necesidades de vivienda”, recalcó Álvarez –Díaz quien ve que esa puerta que se abre puede ser una oportunidad única para superar la recesión.

Desde su perspectiva, la desgracia que aún azota a sus conciudadanos ha dejado en claro que la deuda de su país, no es como la de Argentina o Grecia, sino como la de ciudades como Detroit o estados como Illinois.

Mientras que a Texas, con los desastres provocados por la tormenta Harvey, y a Florida, con la devastación dejada por Irma, les eliminaron una deuda de 17.000 millones de dólares, “a nosotros nos dieron un prestamos de 4.500 millones de dólares ¿Cómo me van a decir a mí que ayudar a mi país es añadirle una deuda a la inmensa que ya tiene? Nos tratan como ciudadanos de segunda clase”, denunció este arquitecto que tiene la suerte de tener una sucursal de su compañía en Florida, en Coral Gables.

“En Puerto Rico la mayoría quiere ser estado. Así lo demostró un plebiscito”, subrayó.” Es un problema de derechos civiles. Como residente de la isla no puedo votar por presidente, pero sí lo puedo hacer si me voy para Florida. La mayoría de los puertorriqueños valoran su ciudadanía estadounidense, la respetan y son conscientes de que la visión del presidente Trump no representa la de todos los americanos, sino apenas la de él mismo. No más”, enfatizó.

En medio del drama que aún viven los residentes de la isla, Álvarez-Díaz cree que después de un ciclón sin precedentes se abre “el mejor momento histórico en 100 años”.

Es decir, reconstruir a un país devastado pero bajo otras coordenadas. Y al mismo tiempo, seguir con la idea de poder ser algún día el estado 51. “Podemos hacer muchos plebiscitos, pero es el congreso de Estados Unidos el que tendrá que decidir, nosotros no podemos porque somos colonia. Y sólo el 3% de puertorriqueños es independentista”, recordó Álvarez-Díaz.

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