SAN JOSÉ. El proyecto de ley estadounidense “Nica Act”, que busca condicionar los créditos bancarios al Gobierno de Daniel Ortega con el cumplimiento de principios de la democracia, mantiene agitado el ambiente político en Nicaragua previo a las elecciones municipales de noviembre, en las cuáles el oficialismo planea alcanzar la mayoría de las alcaldías.

La iniciativa de ley propone presionar al Gobierno de Ortega con el fin de que haga cambios para restablecer la democracia en el país, pulverizada por lo que muchos llaman un “mandato ilegal”, tras 10 años en el poder.

“Cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada”, dijo en Nicaragua el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, gremio aliado al Gobierno sandinista. “Hay que seguir buscando el fortalecimiento de la institucionalidad por la vía del diálogo y el entendimiento”, añadió.

El movimiento político opositor nicaragüense Frente Amplio por la Democracia (FAD) lamentó que “una vez más en nuestra historia, el empeño de grupos políticos aferrados al ejercicio dictatorial y corrupto del poder, en este caso, la dictadura Ortega Murillo y sus aliados, haya creado las condiciones para que se restrinja la cooperación financiera internacional”.

Y añadió: “Reiteramos que la introducción del anteproyecto de Ley Nica Act el día de hoy ante el Congreso estadounidense, con el respaldo de 25 congresistas de ambos partidos políticos, es responsabilidad única de Daniel Ortega y sus colaboradores. Ortega en el futuro, deberá responder ante la ley y la historia por los daños que su régimen causa al pueblo de Nicaragua”.

Una primera versión de esta ley fue aprobada por unanimidad en un comité del Congreso, el pasado mes de septiembre, pero la misma caducó al terminar el periodo legislativo 2016 de Estados Unidos.

Ahora, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y su colega demócrata Albio Sires presentan una versión más fuerte contra el régimen nicaragüense, que de entrada ya cuenta con el respaldo de 25 congresistas, 15 de ellos republicanos y 10 demócratas, según reportó el diario La Prensa, en Nicaragua.

Según el proyecto, los Estados Unidos puede vetar préstamos de organismos internacionales a Nicaragua, si Ortega “no restablece de manera sustancial y creíble la democracia que ha destruido, si no combate la corrupción generalizada en su gobierno, niega protección a representantes de organismos no gubernamentales, viola los derechos humanos, desconsidera a periodistas o sindicalistas y no faculta la libre organización de partidos políticos de oposición.

El proyecto de ley plantea la excepción sobre ayudas para el pueblo de Nicaragua, a organizaciones de la sociedad civil y programas sobre democracia, gobernabilidad y derechos humanos.

Prestamos

Nicaragua recibe préstamos por unos 250 millones de dólares de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales podrían ser bloqueados si el Congreso de EEUU aprueba la propuesta de ley.

La cifra se aproxima al 62% de la cooperación oficial en préstamos al sector público que recibe el país centroamericano, complemento para un presupuesto nacional que este año es de 2.200 millones de dólares, para el segundo país más pobre del continente americano.

El economista Néstor Avendaño explicó, durante una entrevista en televisión, las consecuencias económicas que la ley, una vez aprobada, podría traer al país.

“Todos los nicaragüenses estamos muy preocupados por esa decisión legislativa en Estados Unidos. No es el monto que se deja de percibir, por una posible condena de los préstamos del BID y BM, que ahora están dirigidos a programas y proyectos del sector público… hay que prepararse para lo peor”, dijo el economista al canal 100% Noticias.

“Si no ingresa ese monto de cooperación oficial al sector público, provocaría una desaceleración del crecimiento económico del país, estaría influenciada por el menor dinamismo de la inversión pública que su vez provocaría una caída o desaceleración en la inversión privada, al no darse el papel facilitador del Estado para el desarrollo de la empresa privada”, añadió Avendaño.

En la práctica, la falta de dinero conllevaría a menos desarrollo de proyectos públicos de infraestructura, que a la larga afectaría la producción de bienes y servicio de la economía nacional, con daños a las importaciones, el consumo privado y la posibilidad de reducir el gasto público, con el fin de destinar cierta parte de los impuestos a proyectos de inversión de urgente necesidad.

Esta situación, según analistas, podría conllevar a una reducción del consumo público y el aumento del desempleo, lo cual, a la larga, expandiría el déficit fiscal y aceleraría la tasa de inflación.

“Por supuesto que el Gobierno tendría que analizar la posibilidad de declarar una prórroga en el pago de la deuda nacional, como lo firmamos en la década de los 80, para evitar un mayor deterioro en las reservas internacionales del Banco Central, que podrían conducir a una posición de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero”, añadió el economista.

La brecha

Mientras tanto, muchos temen el aumento de la pobreza. “Y una ampliación de esa brecha tendría una consecuencia funesta para la economía, que provocaría una fuga de capitales, inseguridad e incertidumbre entre los inversionistas extranjeros”, dijo Avendaño.

La primera dama y vicepresidenta designada por el poder electoral, durante las pasadas elecciones que fueron calificada de farsa electoral, Rosario Murillo, emitió la posición oficial del Gobierno de su esposo, considerando la propuesta “Nica Act” una amenaza y una injerencia del Gobierno estadounidense.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha conocido esta tarde la disposición de un grupo de congresistas estadounidenses, identificados por sus posiciones radicales e injerencistas, de reintroducir la llamada Nica Act”, inició textualmente el comunicado oficial.

“La ‘Nica Act 2017’ es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales”, añadió.

Hasta antes de esta amenaza, el régimen de Ortega y Murillo están a sus anchas demoliendo la democracia de Nicaragua. El danielismo se reelegía mediante fraudes electorales, reprimió al pueblo con su policía, aumentó la corrupción, hizo de la justicia un brazo partidario, cerró medios de comunicación adversos y eliminó personerías jurídicas a partidos opositores, entre otras violaciones de derechos humanos.

El año pasado, Ortega cometió una serie de arbitrariedades que despertaron la atención internacional: eliminó la coalición opositora de la campaña electoral, nombró a su mujer como vicepresidenta (aunque ella ya ejercía como primera ministra de facto) y propició su reelección, mientras se notó la ausencia de un partido de oposición.

De hecho, la propuesta del Nica Act el año pasado obligó a Ortega a sentarse a negociar con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para intentar desmontar la amenaza de los congresistas estadounidenses.

No obstante, las partes firmaron acuerdos que no satisficieron las demandas de la oposición nicaragüense, ya que, según señalaron entonces “la OEA pactó para tener acceso a las próximas elecciones municipales y no señaló el fraude electoral” de las pasadas elecciones presidenciales.

“La Secretaría General de la OEA expresa su preocupación ante la reactivación del proceso legislativo en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley conocido como Nica Act", dijo Almagro en un comunicado.

Ese proyecto "no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana", añadió el texto firmado por Almagro.

No obstante, la excomandante guerrillera y disidente del sandinismo de Ortega Dora María Téllez recriminó a Almagro, mediante su cuenta en Twitter, que Ortega “se ampara en su acuerdo con él para seguir imponiendo su poder absoluto, autoritario y dictatorial en Nicaragua”.

“Usted (Almagro) no ha reconocido el fraude, ni las violaciones a los derechos humanos, ni la represión, ni la corrupción. Su acuerdo no es convincente”, reprochó Téllez, y añadió que “el pueblo nicaragüense no ha sido escuchado por usted. Nada de lo que le informaron en diciembre fue siquiera considerado”.

Congresistas

Tras presentar el proyecto de ley en el Congreso, el congresista estadounidense Sires dijo que “Daniel Ortega y su familia continúan acumulando gran cantidad de riquezas, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente”.

“Continuaré luchando por el pueblo nicaragüense hasta que sus voces sean escuchadas. Esta importante propuesta legislativa deja claro que Estados Unidos no está de acuerdo y no dejara a Ortega oprimir a los defensores de los derechos humanos y sofocar la democracia mientras se llenen los bolsillos con dinero a expensas del pueblo nicaragüense", indicó.

Por su parte, Ros-Lehtinen dijo que “debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidenses ya que el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción”.

“Esta versión de la Ley Nica va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, y como muchos de nosotros hemos presenciado durante más de una década, el poder de Ortega que ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente”, añadió.

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