CARACAS.- Como un acto más político que jurídico. Así interpretan juristas la decisión de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de acudir a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a demandar la nulidad de la Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro y de solicitar a los venezolanos que se adhiera a ella.

La fiscal argumentó su decisión con el objetivo de contribuir al restablecimiento efectivo de la Constitución, apelando al artículo 333 que señala: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

“Ella le está pidiendo a la gente que se sume a su acción; es decir que sean parte del juicio, para así darle más fuerza, porque es distinto a que ella sola pida la anulación de la Constituyente a que cientos o miles de venezolanos también lo hagan”, afirmó el catedrático de Derecho Constitucional de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila de Caracas, Juan Manuel Raffali, quien agregó: “Parece estar buscando darle un valor más político que jurídico a esta acción, porque si hay vicios en el proceso, basta con que una persona solicite la nulidad para que la misma se materialice, pero como aquí las posibilidades de obtener una respuesta positiva son escasas hay que enviarle al mundo la foto de la fila de venezolanos queriendo pedir que se anule esta iniciativa de Constituyente”.

En similares términos se pronunció el exmagistrado de la Sala Electoral, José Peña Solis, quien señaló: “La idea de la Fiscal parece ser dejar en claro que hay mucha gente que se opone a que se reforme la Constitución de esta manera, porque ella sabe que le van a rechazar su petición”.

La posibilidad de que la sede del máximo juzgado amaneciera rodeada de personas interesadas en respaldar el recurso contencioso electoral de nulidad, conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada, que Ortega Díaz presentó el jueves parece ser el motivo por el cual dicho edificio, ubicado al noroeste de Caracas, a pocos kilómetros del Palacio presidencial de Miraflores, amaneció este viernes fuertemente custodiado y las vías que conducen a él cerradas por vehículos antimotines de la Guardia Nacional.

Sin embargo, quienes lograron burlar el dispositivo de seguridad y accedieron al edificio del TSJ se encontraron con la sorpresa de que no pudieron consignar ningún documento, porque la Sala Electoral no estaba de despacho, aunque en la secretaría había funcionarios laborando. Este fue el caso del concejal metropolitano de Caracas y directivo de Primero Justicia, Máximo Sánchez.

“Es aquí donde se evidencia no sólo que la ruptura del orden constitucional en Venezuela se mantiene, sino que el TSJ hoy más que nunca está de espaldas al pueblo y sólo busca es mantener a Maduro en el poder sino desconocer ya el voto y hasta la firma del venezolano", aseveró el edil.

Esta actitud de la instancia contrasta con la que mantuvo en 2015, cuando interrumpió sus vacaciones de Navidad y de Fin de Año para recibir la ola de impugnaciones que el chavismo presentó contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de ese año.

Dudas en el aire

En lo que no estuvieron de acuerdo los expertos consultados es en el momento en el que los ciudadanos pueden sumarse a la demanda de la Fiscal General. Mientras Peña Solis afirmó que se podría desde el lunes mismo, si es que la Sala reinicia actividades, Raffali señaló que habría que esperar hasta que ella decida si revisará o no la petición.

“Jurídicamente cómo te haces parte de un juicio que todavía no existe, que no se ha iniciado”, señaló el catedrático y el artículo 188 de la Ley Orgánica del TSJ parece darle la razón, pues ella establece: “Los intervinientes distintos al o la demandante deberán comparecer dentro de los cinco días de despacho siguientes a que conste en autos la práctica de la última de las citaciones o notificaciones que hubieren sido ordenadas”.

Sin embargo, desde el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz son de la tesis del exmagistrado. “Los ciudadanos que quieran adherirse pueden hacerlo sin esperar la admisión”, aseveraron los confidentes.

Respecto a los requisitos los interesados solamente deberán llenar la planilla elaborada por el Ministerio Público, presentar su cédula de identidad y acudir con un abogado que los represente.

Los venezolanos que residen fuera de Caracas podrían sumar, sin necesidad de que tener que trasladarse a la capital, por cuanto el artículo 182 de la Ley del TSJ establece: “El o la demandante podrá presentar su escrito ante cualesquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia, cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Electoral el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días de despacho siguientes”. Sin embargo, los juristas consultados no descartaron que no se les considere parte y no se le aplique esta disposición.

Los residentes en el exterior, por su parte, si lo tienen más difícil, pues no hay ninguna disposición que expresamente les permita participar sin necesidad de tener que presentarse en la sede del máximo juzgado o enviar a una apoderado.

Fiscal asediada

Desde que el 31 de marzo Luisa Ortega Díaz cuestionara las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, que en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional, y acelerara su deslinde del Gobierno ha sido objeto de una dura campaña de sus otrora compañeros que buscan provocar su salida o inhibirla de seguir emitiendo pronunciamientos.

Horas después de que la Fiscal General denunciara que los fallos judiciales representaban una “ruptura del orden constitucional”, comenzaron a circular versiones sobre su supuesta renuncia, los cuales han venido circulando de manera intermitente.

Aunque en un primer momento las objeciones de Ortega Díaz fueron asumidas como una “demostración de la separación de poderes” y de la existencia de “libertad de expresión” en el país por autoridades como el presidente Nicolás Maduro, los subsiguientes pronunciamientos no han sido recibidos de manera tan tolerante.

“Se la regalamos (a la oposición) con lacito y todo, no queremos gente traidores que atenten contra la patria”, afirmó Diosdado Cabello a finales de mayo y esta semana Pedro Carreño ha puesto en duda en dos ocasiones la salud mental de la funcionaria.

Pero ha sido la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, la que ha elevado el tono al acusar a Ortega Díaz de apropiarse de un avión que le fue confiscado temporalmente a una empresa investigada y que un tribunal le entregó al Ministerio Público. Esto, a pesar de que el organismo devolvió el aparato luego de que el juzgado levantó la medida contra la empresa.

En el interín, la Fiscal General ha tenido que soportar manifestaciones de oficialistas frente a su despacho acusándola de traidora y amenazándola con destituirla con la Constituyente.

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