CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, avanzó este jueves con su agenda de recursos legales para detener el proceso de activación de una asamblea constituyente propuesta por la Presidencia, mientras las protestas antigubernamentales continúan y bajo esos escenarios se produjeron dos nuevas muertes.

Ortega anunció este jueves que ha presentado tres nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente, Nicolás Maduro, para redactar una nueva Carta Magna, que se suman a otros dos que ya han sido rechazados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La fiscal "demandó la nulidad" del decreto a través del cual Maduro convocó a la ANC y señaló que el presidente solo "puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso" pero no llamar a su celebración, pues es una iniciativa que debe ser sometida a la aprobación del pueblo en referendo.

Insistió en que no hacer una consulta previa para este proceso "evidencia un retroceso".

Asimismo, requirió la nulidad del decreto en el cual se contemplan las bases de la elección de la ANC, por "violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica".

Y en la tercera acción legal la fiscal denunció que "hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC".

Entretanto, las protestas antigubernamentales continúan en varios puntos del país y este jueves se reportaron dos muertes, con las que se eleva a 73 la cifra de fallecidos en la ola de manifestaciones que se inició el 1 de abril pasado.

Las muertes de dos jóvenes de 20 años se produjeron durante las manifestaciones que se desarrollaron en los occidentales estados Zulia y Táchira, la primera por arrollamiento y la segunda por herida de bala, ambas confirmadas por la Fiscalía.

Para este jueves la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había convocado a una protesta matutina en las estaciones de metro y algunos autobuses de Caracas, y en la tarde llamó a un cacerolazo frente a cada vivienda o residencia, actividades que se cumplieron.

En la mañana, cerca de 20 diputados se sumaron a esta actividad denominada "conciencia metro a metro" y abordaron el sistema de transporte subterráneo y autobuses para explicar a los ciudadanos las razones por las que se oponen al cambio de Constitución mediante la elección de la Asamblea Constituyente, prevista para el 30 de julio.

El diputado Juan Andrés Mejía abordó el Metro de Caracas en el este de la ciudad y desde allí aseguró que la iniciativa del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico es "fraudulenta".

Además, una decena de legisladores acudió hasta una de las sedes del Poder Electoral en Caracas para hacer una "clausura simbólica" de esta oficina por ser "cómplice de la dictadura".

Entretanto, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría opositora, anunció que prevé juramentar entre el 8 y el 12 de julio próximos a los nuevos magistrados del Supremo que sustituirían a una treintena de jueces designados por el chavismo de forma "exprés" a fines de 2015.

El presidente de la Comisión de Postulaciones Judiciales, Carlos Berrizbeitia, dijo a Efe que para esos días "serán juramentados 13 magistrados principales y 20 suplentes".

Este proceso para designar nuevos magistrados de la máxima corte se inició el martes pasado pese a que el mismo Supremo ha declarado a la AN en "desacato" casi desde el mismo comienzo de sus operaciones a principios de 2016.

Este proceso de designación de nuevos representantes del Supremo también tiene que ver con el recurso que introdujo el lunes pasado la fiscal, quien presentó una demanda de nulidad en el mismo TSJ contra la designación de los magistrados que, dijo, fueron elegidos mediante procesos irregulares.

Según Ortega la "falta de legitimidad" de estos jueces es un factor que ha contribuido a que la máxima corte "no de soluciones efectivas a la crisis del país sino por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis".

FUENTE: EFE

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