SAN JOSÉ. El Gobierno de los Estados Unidos presentaría una lista de funcionarios nicaragüenses que estarían asociados a actos de corrupción.

Carlos Ponce, director de Freedom House, organización que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos; aboga en Washington para que los Estados Unidos sancione a funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de otros poderes del estado y empresarios de la pareja presidencial.

Durante una entrevista al programa nicaragüense Jaime Arellano en La Nación, Ponce adelantó los nombres de Roberto Rivas, Aminta Granera, Francisco Rosales, Francisco López y César Zamora como eventuales sancionados por medio de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act.

Esta ley otorga al presidente estadounidense Donald Trump el poder para imponer prohibiciones o cancelaciones de visas, y congelar activos y pasivos de personas que violen los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción, cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

Rivas es el flamante presidente del Consejo Supremo Electoral, poder del Estado nicaragüense que contó los votos de Ortega y su partido durante las pasadas presidenciales, que fueron calificadas de fraudulentas por la oposición.

Granera es la jefa reelecta de la Policía Nacional, institución cuestionada por la represión a quienes protestan contra el Gobierno (sobre todo a campesinos que luchan contra un proyecto canalero) o por sus derechos humanos y laborales.

Por otra parte, Rosales es el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, poder del estado manejado por Ortega y Murillo, muy cuestionado por su falta de independencia y ejecutar fallos a favor del partido de gobierno y la pareja presidencial.

López es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es decir, de la pareja gobernante, además de ser vicepresidente de Albanisa, la empresa mixta que administra la cooperación venezolana manejada de manera privada por Ortega y compañía.

Para terminar, Zamora es un empresario nicaragüense presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, grupo económico miembro del sector empresarial aliado de Ortega. Todos los cuestionamientos hacia estas personas provienen de la oposición.

La ley ahora se conoce como Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, tras la enmienda realizada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2016, con el propósito de ampliar esas sanciones a extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

“Lo que no se quiere con esta ley es sancionar al principio a todo el mundo, lo que se pretende es que genere un cambio de actitud de las personas que están dentro del Estado y del sector privado que contribuyen a la crisis de democracia y de violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Ponce.

Zamora dijo durante la entrevista “yo soy ciudadano estadounidense” y que “estará difícil que me quiten la visa”.

Trinchera de la Noticia, un medio impreso y digital cercano al expresidente Arnoldo Alemán, “conoció que el empresario está dedicado a su familia, que recibió un fuerte impacto cuando escuchó las declaraciones de Carlos Ponce. Los hijos de Zamora en Estados Unidos están preocupados, dijo una fuente vinculada a la familia”.

“Estoy informando a mis superiores, yo trabajo para una compañía extranjera”, respondió Zamora Hinojos a Noticias 12.

“Yo soy gerente país de esta empresa, no puedo hacer muchos comentarios”, agregó.

“Nada más que vamos a llevar esto por todos los trámites, porque la acusación es seria, preocupante y esperemos que encontremos la verdad”, agregó el presidente de la Cámara de la Energía de Nicaragua.

Zamora expuso que sobre lo dicho por Carlos Ponce “habrá que preguntarle a la gente de Freedom House, ellos son los que sacaron la lista”.

“No puedo hacer muchos comentarios. Ahorita estoy en manos de mi compañía”, respondió a otra pregunta.

“Si alguien me quiere quitar la visa, me va a tener que quitar primero la nacionalidad y vamos a ver, pues”, concluyó el empresario. Zamora ha sido el único de los señalados que ha reaccionado en público.

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