SAN JOSÉ.- Guatemala podría amanecer el miércoles con un paro nacional que afecte su economía y profundice más la crisis política y social estirada por el mandatario Jimmy Morales y diputados del parlamento, quienes han provocado una cadena de errores en su función pública, poco favorable a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El llamado lo hicieron el fin de semana grupos sociales del país para exigir la renuncia de Morales y diputados, después de que la policía evacuó el viernes a decenas de congresistas que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior decenas de personas protestaban, a quienes los uniformados lanzaron gas pimienta.

Los parlamentarios permanecieron en el Parlamento después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.

El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

Las tensiones se habían elevado desde la semana anterior, cuando la mayoría de legisladores rechazaron un pedido de la fiscalía y de una misión anticorrupción de la ONU para retirar la inmunidad al presidente, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.

No obstante, los problemas políticos se vienen agudizando desde hace tres semanas, cuando el presidente declaró “non grato” y ordenó la expulsión del país de Iván Velásquez, el abogado colombiano titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La salida de Velásquez fue frenada mediante recurso de amparo, pero las tensiones empezaron a dispararse y aunque siempre hubo protestas, sus dimensiones están lejos de emular las masivas manifestaciones de hace dos años que provocaron la salida del poder del entonces gobierno de Otto Pérez Molina, hoy acusado de corrupción junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti y otros funcionarios públicos.

El trabajo de la Cigig contra la corrupción en Guatemala ha sido respaldado por la población y organismos de la ONU. Fue creada para contribuir con Guatemala en la investigación y desarticulación de estructuras clandestinas de seguridad.

Desde abril de 2015 se han desmantelado una docena de grupos criminales, entre ellos el denominado "La Línea", dedicado a la defraudación aduanera que mantiene en prisión preventiva y procesado al expresidente Pérez Molina y a la exvicepresidente Baldetti, entre otros.

Según el periodista guatemalteco Juan Luis Font, en una columna de opinión, la protesta pública callejera hasta antes del viernes anterior fuera del parlamento, se debe a que la Cicig no tiene todo el apoyo de 2015.

“Perdió respaldo en las clases media y media alta —de manera notoria— desde que impulsó una reforma constitucional al sector justicia que incluía el reconocimiento pleno al derecho indígena (la justicia maya, practicada en decenas de comunidades de todo el país). Guatemala es un país profundamente racista. El Estado guatemalteco, históricamente, también”, escribió Font en su columna publicado en varios medios centroamericanos.

“Aupado en el racismo, la ultraderecha guatemalteca logró asentar la idea de que el embate contra la corrupción (acompañado por el reciente fortalecimiento del cobro de impuestos no pagados) ocultaba una agenda de izquierda destinada a satisfacer a quienes ni por las armas ni por las urnas han logrado, históricamente, cuota alguna relevante de poder en el país”.

Según el periodista, grandes empresarios como el presidente de la mayor firma asfaltadora o el de una de las principales constructoras de carreteras del país, se encuentran y han pasado por prisión. Banqueros, proveedores de medicinas y de combustible, productores de acero, hoteleros, agroindustriales, muchos se han visto en dificultades para evitarlo, acusados de financiamiento electoral ilícito, cohecho activo o impago de impuestos.

En cambio – continúa Font -, alegan los críticos de Cicig, sólo un funcionario del único gobierno autodenominado socialdemócrata, el de Álvaro Colom, se encuentra preso, y quienes adversan a l organismo de la ONU exigen un proceso contra Sandra Torres, antigua esposa de Colom y candidata eterna a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, a quien consideran una izquierdista irredenta.

Ese es más o menos el panorama que hoy vive Guatemala, dos años después de que Morales capitalizó el descontento de las mayorías en el país contra la corrupción, bandera que para muchos hoy el mandatario ha dejado de enarbolar.

Morales regresa este lunes a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en medio de la crisis de Estado que comenzó con la ofensiva contra Iván Velásquez que no se ha zanjado.

Ni él ni su gobierno han dejado claro si entre su agenda, estará abordar el problema con la Cicig. De la protesta ciudadana pública probablemente dependa no solo el futuro de este organismo, sino de Morales y su gobierno.

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