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La situación legal del expresidente izquierdista brasileño Lula da Silva tiende a complicarse aún más. El Ministerio Público de Brasil presentó el 10OCT16 denuncia contra Lula por recibir propinas millonarias a cambio de influir para que el estatal Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) aprobara créditos a la constructora Odebrecht destinados a obras en Angola. La acusación de la Fiscalía fue acogida el 13OCT16 por un juez federal de Brasilia quien declaró a Lula como “indiciado”. Hasta la fecha Lula figura como indiciado en tres procesos judiciales distintos, todos ellos relacionados con el esquema de corrupción que conectó a empresas constructoras con altos jefes del partido PT. Según Lula se trata de maniobras de jueces, policías y medios para frenar su candidatura presidencial del 2018. Pero la imagen del otrora dirigente sindical se está convirtiendo en una rémora para su propio partido, según se desprende de los resultados de las elecciones municipales del 02OCT16 en las cuales su electorado tradicional dio la espalda al PT.

Tras la destitución de Dilma Rousseff, el PT acarició la idea de crear un clima de violencia callejera y exigir elecciones anticipadas para reemplazar al presidente Michel Temer. Los resultados electorales municipales pusieron fin a la ilusión izquierdista de Lula arrasando en las urnas y devolviéndolos al poder. En este momento el futuro de Lula pareciera está más cercano a los tribunales de justicia que al palacio presidencial de Brasilia.

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El régimen chavista implementa una nueva fase de su paquete de ajuste económico con el único propósito de garantizar disponibilidad de dólares en manos del Gobierno. Mediante grises mecanismo de importación, con exoneración de aranceles y sin registros sanitarios, los estantes de abastos y cadenas de supermercados venezolanos comienzan a recibir mercadería importada la cual es ofrecida en los envases originales de sus países de origen. Arroz procedente de Brasil donde el precio a nivel del consumidor oscila en menos de un dólar por kilogramo, está siendo vendido en Caracas al equivalente a US$ 3,5. Alimentos procedentes de EEUU, tales como harina de trigo, arroz, aceite o azúcar son comercializados a más de tres veces el precio ofrecido en cualquier cadena de ventas minoristas estadounidense. El salario mínimo en Venezuela equivale a US$22 y se eleva a US$66 mediante bonificaciones obligatorias. Sólo una pequeña y decreciente fracción de la población venezolana está en capacidad de sufragar sus gastos básicos. Las más extremas propuestas “neoliberales” para la economía venezolana resultan tibias ante el impacto empobrecedor del paquete “antineoliberal y socialista” que aplica Maduro, soportado por la alta jerarquía castrense y por un aparato represivo omnipresente.

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Mediante la declaración del estado de excepción a principios del año 2016, el Gobierno Maduro se autoconfirió la potestad de aprobar erogaciones fiscales extrapresupuestarias, sin contar con el aval de la Asamblea Nacional controlada por la Oposición. El chavismo se niega a someter al escrutinio público las cuentas de los diecisiete años en los que han gobernado hegemónicamente al país. En la medianoche del 11OCT16 el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente bajo control de chavismo, anunció una sentencia según la cual el Presupuesto Nacional 2017 no requeriría la aprobación del poder Legislativo, bastando la emisión de un Decreto presidencial y la bendición de la Sala Constitucional de ese mismo Tribunal Supremo. La base “legal” para tal sentencia es que según el TSJ, la Asamblea Nacional, es decir la representación popular, estaría en “desacato”. Además, los reiterados decretos emitidos por Maduro que suspenden las garantías constitucionales, debidamente ratificados por el TSJ, lo facultaría para aprobarse su propio presupuesto de la Nación.

La palabra “dictadura” para referirse al régimen venezolano comienza a ser de uso generalizado en los más diversos medios internacionales.

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Tras la derrota sufrida en el plebiscito del 02OCT16 cuando el electorado colombiano rechazó el Acuerdo Santos-Farc, el presidente colombiano está desplegando una intensa operación para lograr, sea como sea, la entrada en vigencia de algún pacto “de paz” con la guerrilla. La estrategia de Santos pareciera ser la de crear un clima de opinión, interno y externo, que neutralice los resultados del plebiscito, muestre a Santos como un “interlocutor” nacional entre las Farc y los “guerreristas” y favorezca la aplicación del Acuerdo Santos-Farc basado en sus genéricas potestades constitucionales.

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El arsenal presidencial de Santos incluye desde inusuales cadenas de televisión casi diarias con sus alocuciones sobre gestiones para la paz, hasta la participación directa de su familia en la organización de propaganda callejera. La propia esposa de Santos, doña María Clemencia, ha estado utilizando su cuenta en Twitter identificada con su apodo familiar “Tutina”, para promocionar operaciones de propaganda capitaneadas por su hijo Martín. Acciones aparentemente espontáneas como pega de afiches en las paredes de Bogotá así como campañas en redes sociales de Internet a favor del “Acuerdo Ya” son direccionadas desde los salones familiares del presidencial Palacio de Nariño.

El 04OCT16, desde La Habana, el jefe guerrillero Iván Márquez tuiteó: “Aquí no queda otro camino que salir a la calle a defender el Acuerdo de Paz”. Mostrando poco apego a la sentencia de las urnas, las Farc llamaban a desconocer el rechazo popular a las condiciones del Acuerdo firmado con Santos. Esa línea fue asumida por el gobierno Santos, estimulando un “espontaneo” activismo de calle para confrontar a quienes se han opuesto a los términos pactados con la guerrilla. De hecho, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ahora figura como uno de los aspirantes presidenciales santistas, ha divulgado sus imágenes participando en actividades “espontaneas” de apoyo al Acuerdo.

En tanto, desde el Departamento de Estado de EEUU hasta el equipo editorial del The New York Times presionan a Álvaro Uribe para que ceda en sus posiciones. Curiosamente, nadie pide que las Farc cedan en sus exigencias que tienden a la impunidad judicial. La táctica de las Farc pareciera estar ganando: han colocado a parte de la élite gobernante colombiana y al Gobierno y prensa de EEUU a defender los intereses de los jefes guerrilleros.

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La misma noche del 02OCT16 Santos invitó a conversar a quienes identificó como líderes del “No”: los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Las propuestas formalizadas por Pastrana y Uribe para modificar el Acuerdo Santos-Farc están dirigidas a temas esenciales de lo pactado por el Gobierno con la guerrilla. La propuesta opositora propone una amnistía para guerrilleros rasos, rechaza la creación de un aparato de “justicia especial” para guerrilleros, rechazan que los jefes de las Farc sean exonerados de penas de privación de libertad y sean elegibles a cargos políticos, rechazan el financiamiento privilegiado al partido político que crearían las Farc, se oponen a que el Acuerdo se convierta en parte de la Constitución de Colombia, no aceptan que las Farc comiencen a tener asiento en el Consejo Nacional Electoral, entre otros puntos. Santos ha prometido llevar a las Farc las propuestas de Uribe y Pastrana sabiendo que no son aceptadas por los jefes guerrilleros. Santos, sin duda, está entrampado entre intentar burlar el resultado del plebiscito o procurar liderar un improbable (¡no imposible!) acercamiento de posiciones.

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El lunes 10OCT16 en la sede de la cancillería de Venezuela en Caracas, el Gobierno de Colombia y voceros de la guerrilla ELN, anunciaron el inicio de negociaciones públicas de paz. El acto se produjo sin que el ELN liberara a todos los secuestrados en su poder y pareciera mostrar el apremio de Santos por alejarse de la derrota en el plebiscito. Las negociaciones con el ELN comenzarían el 27NOV16 en Ecuador y no en Caracas como tantas veces solicitó la guerrilla. El Gobierno de Brasil, al cual Maduro no reconoce, forma parte de los países garantes del proceso de negociaciones Santos-ELN.

Aún con el Acuerdo no aprobado, el gobierno Santos procedió a suscribir el 13OCT16 un nuevo protocolo con las Farc y las Naciones Unidas. Se trataría, en parte, de un esquema para el aumento de personal y equipos de la ONU con el propósito de supervisar el actual cese al fuego bilateral. El Gobierno colombiano ha mantenido mutismo sobre los términos pactados con la guerrilla, pero el jefe de la misión de la ONU en Colombia Jean Arnault se refirió el 10OCT16 a que la Fuerza Pública colombiana y las Farc “tomarán medidas de redespliegue que minimicen la posibilidad de encuentros armados”. Tras la firma de este nuevo protocolo, Santos anunció la noche del 13OCT16 la prorroga hasta el 31DIC16 del cese al fuego, aunque para evitar malestar en los jefes de las Farc residenciados en La Habana, el presidente colombiano aclaró que no se trataba de un “ultimátum”.

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En medio de la controversial situación política que vive Colombia, Santos será nuevamente anfitrión de dos decenas de mandatarios extranjeros que se congregarán en la XXV Cumbre Iberoamericana. El 28OCT16 deberá arrancar en Cartagena de Indias la cita de dos días que congrega anualmente a jefes de gobierno de España y Portugal, más una veintena de mandatarios de Latinoamérica, África y Asia, con la segura presencia del rey Felipe VI. Tres días después de la Cumbre Iberoamericana, Santos viajará a Londres donde disfrutará de una de las dos fastuosas visitas de Estado que la reina Isabel concede anualmente a mandatarios extranjeros. Santos junto a su esposa, a la canciller y también precandidata presidencial María Angela Holguín y parte de la larga comitiva se alojará en Palacio de Buckingham.

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