Una nueva crisis política se desencadenó en Brasil y amenaza con poner fin al Gobierno de Michel Temer.

El empresario Joesley Batista, propietario del consorcio JBS, a cambio de ventajas en juicios que se le siguen, ofreció a la Fiscalía brasileña la entrega de un audio que pudiera servir para procesar a Temer por entorpecimiento de la justicia. La JBS, que está sometida a varios procesos judiciales, fue ampliamente beneficiada por créditos blandos otorgados por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff que le permitieron convertirse en una de las mayores empresas cárnicas del planeta. De hecho, JBS ha sido la gran proveedora de carne para el gobierno de Venezuela.

Como parte de una operación mediática, política y policial finamente sincronizada, la cadena de noticias O Globo informó el 17MAY17 sobre la existencia del audio que supuestamente probaría que Temer pidió a Batista pagar coimas al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para que guardara silencio en casos de corrupción..

Temer rechazó la acusación y anunció, el 18MAY17, su decisión de no renunciar al cargo pese a las fuertes presiones políticas que está recibiendo. La izquierda brasileña aúpa un golpe de Estado mediante el cual, tras la eventual renuncia o destitución de Temer, sean convocadas elecciones presidenciales adelantadas, en las cuales suponen que Lula se impondría y quedaría libre de los cinco procesos judiciales por corrupción que le siguen. La Constitución brasileña establece que en caso de la salida de Temer, la Presidencia sería asumida provisionalmente por el presidente de la Cámara de Diputados mientras el Congreso elige a quien deberá concluir el mandato presidencial el 31DIC18.

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Ganan terreno las posiciones de diversos gobiernos que califican a Venezuela como un potencial riesgo para su seguridad y la estabilidad regional. La quiebra de las finanzas públicas ejecutada por el régimen venezolano había sido evaluada, hasta ahora, como un potencial detonante de conflictos en países del Caribe que verían reducir la ayuda financiera y petrolera que por casi dos décadas recibieron del chavismo. El gobierno Obama hizo suyo un enfoque según el cual la inevitable crisis económica venezolana y el fin de la ayuda petrolera a sus socios de Petrocaribe, impactaría sobre los países caribeños generando una probable ola de migración ilegal hacia EEUU. Esta visión se ha ido modificando y en este momento la percepción de distintos gobiernos se enfoca al impacto regional que tendría una hipotética migración masiva de venezolanos hacia países del vecindario y el efecto que la anarquización de Venezuela puede tener en asuntos de seguridad y defensa en el Continente.

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El 26ABR17 en una de las sesiones de la OEA sobre Venezuela, la canciller argentina Susana Malcorra, al justificar la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres a la cual se oponía Venezuela y sus socios, afirmó: “El número de migrantes venezolanos ha crecido muy significativamente en los últimos tiempos (…) Esta situación, la de los migrantes, tiene un impacto regional que puede ser de mucha gravedad. Si la misma no justifica que los cancilleres nos reunamos, me pregunto en que caso será justificado”.

La creciente migración de venezolanos hacia los países vecinos comienza a ser reflejada como un serio problema en las zonas donde están arribando. Desde Manaos y Boa Vista, las capitales de los estados brasileños de Amazonas y Roraima, se reporta la presencia de precarios asentamientos con centenas de indígenas de la etnia warao procedente de Venezuela quienes viven de la mendicidad y presionan sobre los servicios públicos. Los gobiernos estadales están exigiendo al gobierno federal brasileño la asignación de recursos para atender la situación, mientras la Fiscalía de Brasil ordenó el 16MAY17 a los gobiernos municipales, estadales y a la estatal Fundação Nacional do Índio, preparar urgentemente un plan de protección sanitaria a los indígenas procedentes de Venezuela. El gobierno brasileño asignó al Ministro de la Defensa, Raúl Jungmann, el diseño de un plan de contingencia ante una eventual avalancha de venezolanos hacia las ciudades fronterizas.

En tanto, el gobierno colombiano quien ha aumentado sensiblemente el número de deportaciones de venezolanos ilegales, está procurando asesoramiento externo para el manejo de grandes volúmenes de migrantes. El 15MAY17 arribó a Turquía una delegación colombiana integrada por el director de Seguridad de la Presidencia Juan Carlos Restrepo y por el director de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería, Victor Bautista. Si bien Turquía asesora a Colombia en materia de desminado y programas sociales para el postconflicto, el propósito del viaje de los funcionarios colombianos fue conocer la experiencia turca en el manejo de refugiados sirios.

La creciente presencia de venezolanos en Colombia, como ya ha ocurrió en Panamá, está desatando reacciones xenofóbicas. El 12MAY17, el alcalde de la ciudad de Bucaramanga Rodolfo Hernández, afirmó que “se vinieron los limosneros, prostitutas y desocupados de Venezuela”, a la vez que pedía apoyo financiero del gobierno central.

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El 11MAY17, durante una sesión del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, el director de la CIA, Mike Pompeo, coincidió con el senador Marco Rubio sobre las posibilidades de que grupos paramilitares chavistas (“colectivos”) comiencen a introducir armas venezolanas en el mercado negro internacional que tengan como destino bandas terroristas y de narcotráfico. El anuncio de Nicolás Maduro del 17ABR17, según el cual aumentaría a medio millón el número de milicianos que serán dotados con fusiles, sólo sirvió para aumentar la creciente preocupación internacional sobre el tema. En medios militares brasileños es recurrente la información sobre presencia de armas de procedencia venezolana en manos de poderosas bandas en las barriadas paulistas y cariocas. Un experto brasileño en temas militares, consultado por este Informe, mencionó la preocupación castrense brasileña ante el peligro de que unidades de misiles portátiles antiaéreos Igla que forman parte del arsenal venezolano, pudieran llegar a manos de organizaciones criminales en Brasil.

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El gobierno de EEUU introdujo el tema de la crisis venezolana en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU del 17MAY17 en la sección de “temas varios” para referirse a los peligros de una “crisis humanitaria” en Venezuela. Rusia, Bolivia y Uruguay se manifestaron en contra de que el tema “Venezuela” sea formalmente incorporado en la agenda del Consejo de Seguridad, pese a que EEUU no lo solicitó ni buscaba algún improbable pronunciamiento. "No estamos buscando una acción del Consejo de Seguridad, lo que buscamos era que el Consejo de Seguridad viera cuál es la situación", afirmó la representante de EEUU en la ONU, Nikki Haley. EEUU está aplicando una dosis de “diplomacia preventiva” en el caso de Venezuela, alertando sobre una temida crisis política y humanitaria con impacto continental.

La acción de EEUU en la ONU sobre Venezuela demuestra la alta influencia que parlamentarios republicanos de origen latino tienen sobre la agenda del gobierno Trump hacia Venezuela. La presentación del caso venezolano en la ONU, así como la imposición de sanciones contra miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fueron solicitados a la Casa Blanca por parlamentarios latinos. Ambas acciones fueron ejecutadas con inusual rapidez. El 18MAY17, el Departamento del Tesoro colocó a ocho magistrados del alto tribunal venezolano, en la lista de sancionados con congelamiento de bienes en EEUU, por usurar y entorpecer al poder legislativo venezolano y haber permitido que Maduro decretara el estado de excepción en Venezuela.

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Los planes del gobierno Maduro para frenar un pronunciamiento continental sobre la crisis venezolana han seguido una secuela de derrotas. La reunión ordinaria de cancilleres de Celac, prevista para el 20MAY17 en República Dominicana, fue diferida sin fecha, tal como lo informara la cancillería de El Salvador que ejerce la Presidencia protempore anual. Si bien la reunión no tendría como tema exclusivo a Venezuela, el gobierno Maduro pretendía utilizar este escenario para materializar su plan de crear un grupo de países “amigos” que intervengan en Venezuela en un intento de reactivar el desacreditado esquema de diálogo con la Oposición. El Salvador no informó las causas de la suspensión de la reunión, pero en medios diplomáticos se conocía la poca disposición de los gobiernos de la región para enviar sus cancilleres a la cita del 20MAY17. De los treinta y tres países miembros de Celac sólo cuatro o cinco habían confirmado su asistencia a la reunión, lo cual convertía en inútil el esfuerzo de reunir el organismo cuyas decisiones deben tomarse por consenso de los integrantes. Ya el 02MAY17, a solicitud del gobierno Maduro, la Celac convocó a una reunión extraordinaria en El Salvador a la cual sólo asistieron cuatro cancilleres.

Los gobiernos de la región interesados en tratar el tema Venezuela prefieren hacerlo en el escenario de la OEA, mientras el gobierno Maduro hace onerosos esfuerzos para entorpecer la realización de una reunión de cancilleres del continente en el organismo panamericano. La OEA aprobó el 26ABR17 la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación venezolana, lo que sirvió a Maduro para anunciar su decisión de retirar a Venezuela del organismo. Hasta la aprobación de una fecha para la cita de cancilleres sobre Venezuela ha sido sistemáticamente torpedeada por la cancillería de Maduro con apoyo cubano, presionando a los gobiernos caribeños para posponer con múltiples excusas la reunión extraordinaria de consulta. El 22MAY17 el Consejo Permanente de la OEA aprobó que los cancilleres del Continente se reúnan el 31MAY17 para decidir una línea de acción sobre Venezuela.

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