Las más recientes encuestas públicas y mediciones privadas, con vistas a las elecciones presidenciales en Ecuador de este domingo 02ABR17, no permiten prever un ganador. El corto margen de diferencia entre los candidatos, según encuestas independientes que abren la posibilidad de un triunfo de la Oposición, hace temer a algunos expertos electorales que siguen el proceso desde Quito, que el aparato oficialista pudiera intentar incluso operaciones de fraude el día de las votaciones.

La segunda vuelta confronta al opositor Guillermo Lasso contra el oficialista Lenín Moreno. El empresario Lasso ha logrado reunir alrededor de su nombre el respaldo de un amplio abanico partidista, el cual abarca incluso a la izquierda indígena que anteriormente sirvió de piso político al gobierno de Rafael Correa. La campaña de Moreno ha sido dirigida y protagonizada personalmente por Correa. Todo el aparato estatal, incluyendo la amplia red de medios de comunicación oficial, ha estado volcado a favorecer al candidato de Correa y desprestigiar a Lasso. El aparato de propaganda internacional del castrochavismo fue activado contra Lasso, mediante una campaña generada desde Buenos Aires por periodistas y medios afiliados al kirchnerismo, cuyos contenidos estaban orientados hacia su uso electoral en Ecuador.

Mientras la oposición ecuatoriana centró su campaña en la advertencia de que el país se dirige a una crisis económica como la venezolana, el gobierno de Correa socio del chavismo, intentó alejar su imagen de los sucesos en Venezuela. Correa se abstuvo de asistir a la reunión presidencial del ALBA, celebrada en 05MAR17 en Caracas, convocada en homenaje a Hugo Chávez. Además, Ecuador mantuvo un perfil inusualmente bajo en las agitadas sesiones de la OEA en las cuales se analizó la situación venezolana. Al contrario de los representantes de Nicaragua y Bolivia, los enviados de Correa en la OEA no tomaron la palabra para defender al gobierno Maduro en las sesiones del 27 y 28MAR17, limitándose a votar contra la realización de una sesión sobre Venezuela a la cual se oponía la cancillería chavista.

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Rafael Correa y Guillermo Lasso en una reunión de empresarios en Guayaquil, Ecuador, el 18OCT08.
Rafael Correa y Guillermo Lasso en una reunión de empresarios en Guayaquil, Ecuador, el 18OCT08.

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La diplomacia chavista, con fuerte apoyo cubano, intentó impedir que el Consejo Permanente de la OEA realizara la sesión especial solicitada por 18 gobiernos para analizar la situación en Venezuela y que fue convocada para el martes 28MAR17. El “Grupo Venezuela” o “grupo de los 15” que desde mediados del año 2016 reúne a quince gobiernos del continente en el seno de la OEA para analizar colectivamente la situación venezolana, sumó el apoyo de otros tres miembros para solicitar la reunión del Consejo. El hecho demostró una cruda realidad: el gobierno chavista ha perdido su otrora capacidad de influir y hasta imponer decisiones en la OEA. A solicitud del gobierno Maduro, el Consejo Permanente se reunió el lunes 27MAR17, para escuchar a la canciller chavista, Delsy Rodriguez, quien intentaba frenar la reunión del día siguiente, atacando con fuertes insultos al Secretario General de la OEA Luis Almagro, y a los países que solicitaron la reunión del martes a quienes calificaba como “injerencistas” y “facción minoritaria”.

El martes, el representante de Maduro ante la OEA, Samuel Moncada, intentó nuevamente impedir la celebración de la reunión solicitada por una mayoría de gobiernos miembros de la organización. Al momento de aprobarse la agenda del día, veinte países se pronunciaron a favor de continuar la reunión, propinándole a la diplomacia chavista una derrota sin precedentes, al no poder impedir que la crisis venezolana fuera objeto de análisis colectivo por la OEA.

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No existe una posición mayoritaria en el seno de la OEA para aplicar a Maduro la única sanción con que cuenta el organismo: la suspensión de la membresía tal como lo contempla la Carta Democrática Interamericana. La liberación de los presos políticos, el establecimiento de un cronograma electoral, el reconocimiento a la Asamblea Nacional y el respeto al estado de derecho fueron las solicitudes hechas al gobierno Maduro en la OEA. En la reunión del 28MAR17, los gobiernos que intervinieron en el debate asomaron diversas opciones para continuar atendiendo y evaluando la situación venezolana: crear un grupo de gobiernos amigos para promover un nuevo esquema de negociaciones entre el gobierno y la oposición, enviar una misión a Venezuela (requiere aprobación de Maduro), crear en el seno de la OEA un “grupo político” sobre Venezuela que mensualmente realice evaluaciones. Al final de la sesión, la representante de Canadá en la OEA, leyó un corto proyecto de declaración que anuncia la continuidad del debate del caso venezolano en la OEA.

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La derrota sufrida por el chavismo en la OEA el 28MAR17 fue seguida de amenazas diplomáticas de la cancillería de Maduro contra los gobiernos que se habían pronunciado en el Consejo Permanente. Además, el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, controlado por el chavismo, inició la emisión de una serie de sentencias que al contrario de lo solicitado por los países en la OEA, agudizaron la línea oficialista para disolver al poder legislativo. El 27MAR17, el TSJ emitió un “pronunciamiento” mediante el cual solicitan a Maduro iniciar gestiones para la destitución del Secretario General de la OEA, acción que requeriría de 24 votos de los países miembros, votos con los cuales obviamente no cuenta el gobierno chavista.

La sentencia 155 emitida el 27MAR17 por la Sala Constitucional del TSJ ordenó la apertura de un proceso judicial contra los diputados de la Asamblea Nacional que apoyaron la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, e incluso señaló que se estará en presencia de delitos militares.

EL 29MAR17, la Sala Constitucional del TSJ emitió a solicitud de la petrolera PDVSA, la sentencia 156 con la cual faculta al gobierno Maduro para crear y modificar empresas mixtas sin autorización y control de la Asamblea Nacional. La sentencia crea condiciones de aparente legalidad para acuerdos negociados por el régimen chavista con empresas rusas y chinas para otorgamiento de concesiones petroleras y mineras a cambio de divisas frescas para las arcas del gobierno. Como un agregado a la sentencia, el TSJ anunció que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”. Con esta sentencia el TSJ ya no sólo anulaba acciones de la Asamblea Nacional sino que se arrogaba las facultades del poder legislativo. Nada más parecido a un golpe de Estado había ocurrido esa noche en Venezuela.

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Mediando el viernes 31MAR17, ya se habían manifestado públicamente y por escrito, preocupados y en algunos casos rechazando expresamente la decisión judicial del régimen chavista contra la Asamblea Nacional, los gobiernos de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, EEUU, Canadá y España, aparte de pronunciamientos de cuerpos legislativos de media docena de países. Perú retiró “definitivamente” a su Embajador en Caracas mientras Chile y Colombia llamaron “a consultas” a sus respectivos embajadores ante el gobierno Maduro.

Las reacciones de gobiernos extranjeros por la emisión de las sentencias del TSJ se mezclaron con la ya tensa situación creada por los sucesos en la OEA a principios de semana. La mañana del 30MAR17 las cancillerías de diversos países mantenían una agitada comunicación, tratando de conocer posiciones y asomar cursos de acción colectiva. La convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA o la emisión de un comunicado conjunto de una larga lista de países de la región, formaba parte de las opciones manejadas. A mediodía del viernes 31MAR17, los cuatro gobiernos miembros plenos de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) anunciaron la celebración en Buenos Aires de una reunión el 01ABR17 con carácter “urgente”, para analizar “la grave situación institucional” en Venezuela. Si bien el gobierno Maduro permanece “suspendido” del mecanismo sureño, los gobiernos miembros se disponen a declarar que en Venezuela se produjo una “ruptura del orden democrático” la cual, en razón del primer Tratado de Ushuaia, provocará la suspensión de Venezuela del organismo.

Ya el viernes, los cuatro miembros de Mercosur se habían sumado a Colombia y Chile para emitir un comunicado conjunto donde “condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional”. De esta manera, el gobierno uruguayo que aún mantenía una posición dubitativa y blanda hacia Maduro, se sumó al grupo de gobiernos que censuran la situación venezolana. A lo largo de la semana se habían producido la visita del canciller brasileño Aloysio Nunes a Asunción (Paraguay) y del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa a Brasilia y en ambas el tema “Venezuela” estuvo presente.

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La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de abierta filiación chavista, contra todo pronóstico se pronunció en contra de las sentencias del TSJ, ya que a su juicio son “una violación del orden constitucional y desconocen el modelo de Estado consagrado en la Constitución”. La declaración de Ortega, se contrapuso al comunicado emitido por la cancillería de Maduro en la madrugada del 31MAR17 en la cual aseguró que las críticas a las sentencias del TSJ era una “arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista”.

El ideólogo protochavista Alberto Valderrama, distanciado del régimen venezolano, advirtió recientemente sobre el “giro fascista de Maduro”. En un artículo fechado el 31MAR17, Valderrama afirma que “el gobierno [de Maduro] se ve impulsado hacia un gobierno de fuerza [y] queda cancelada la democracia burguesa”.

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