Informe Otálvora: Lula en camino a la inhabilitación política
El expresidente brasileño Lula da Silva, líder de la izquierda latinoamericana y aliado de Cuba y Venezuela, fue condenado por la justicia de su país acusado de recibir un apartamento playero de manos de la empresa constructora OAS

@ecotalvora

El 16JUL17 deberá tener lugar en Venezuela un hecho sin precedentes en el país: la Asamblea Nacional convocó a una consulta popular cuya realización práctica está en manos de los partidos de la Oposición con el concurso de miles de colaboradores dentro y fuera del país. El esquema de una consulta popular fue conceptualizado y diseñado por técnicos de la oposición venezolana desde el año 2016, cuando el régimen impidió la celebración del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La decisión de Maduro de hacer elegir e instalar una inconstitucional “asamblea constituyente” con la cual amenaza profundizar la cubanización de la sociedad venezolana, ha hecho que la Oposición recurra a la opción de la consulta popular entendida como un mecanismo pacífico de presión política. Los venezolanos deberán emitir su apoyo o rechazo a constituyente convocada por Maduro e igualmente se les llama a demandar de las fuerzas armadas la defensa de la Constitución. La consulta igualmente busca que los votantes confirmen la decisión de la Asamblea Nacional de proceder a renovar los poderes públicos y apoyar la conformación de “un gobierno de Unidad Nacional para restituir el orden constitucional”.

Todo el aparato del Estado está volcado para boicotear o impedir la realización de la consulta popular en Venezuela. Los medios de comunicación electrónica están prohibidos de promocionar y hacer cobertura del evento. Mientras que desde los púlpitos, la Iglesia católica ha llamado a acudir a votar en la consulta popular para de esta manera rechazar la constituyente planeada por el régimen chavista. “Todo deja entrever que lo que se busca es instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente el legislativo”, afirman los obispos venezolanos en un comunicado emitido el 12JUL17 sobre la pretendida asamblea constituyente convocada por Maduro.

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A la usanza castrista, Nicolás Maduro ha utilizado por tres años la prisión del dirigente opositor Leopoldo López como una carta de negociación con la Oposición, pero mantenerlo en la cárcel se convirtió en un activo político de alto costo para el régimen venezolano. Su traslado el 08JUL17 desde la cárcel militar donde estaba aislado y preso hasta su residencia familiar para seguir cumpliendo una condena de catorce años, ha sido vista como un intento del régimen para bajar presión política interna tras más de tres meses de protestas populares, tal como lo insinuara la cancillería rusa en un pronunciamiento del 14JUL17.

El traslado de López, según la sentencia emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue otorgado por “presentar complicaciones médicas” y existir “serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución”. Además de prohibírsele abandonar su residencia, la única limitación impuesta a López ha sido la de “dar declaraciones con respecto al presente procedimiento ante cualquiera de los medios de comunicación”.

Desde su cambio de lugar de reclusión, López ha mantenido conversaciones telefónicas con el secretario general de la OEA Luis Almagro, con los mandatarios de España, Argentina y Brasil, Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Michel Temer y con diversas personalidades políticas internacionales. En medios políticos caraqueños corre el sarcasmo según el cual López en estos días tiene más acceso a jefes de Estado extranjeros que el canciller de Maduro.

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El expresidente brasileño Lula da Silva, líder de la izquierda latinoamericana y aliado de los gobiernos de Cuba y Venezuela, fue condenado por la justicia de su país acusado de recibir un apartamento playero en Guarujá (litoral de São Paulo) de manos de la empresa constructora OAS. Esta “propina” recibida por Lula formó parte de las entregas de bienes y dinero que OAS realizó a “agentes” del partido PT a cambio de contratos otorgados por la empresa petrolera estatal Petrobras. Si bien Lula niega la titularidad del bien, la justicia brasileña recopiló pruebas sobre visitas de Lula y su fallecida esposa Marisa Leticia al inmueble, declaraciones patrimoniales de Lula y su esposa que incluían el apartamento, declaraciones de personas involucradas en trabajos de acondicionamiento del apartamento (incluyendo la instalación de un ascensor privado) solicitadas por la esposa de Lula, amén de la confesión de uno de los propietario de la empresa OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, sobre los regalos realizados al líder izquierdista.

La sentencia en primera instancia, emitida el 12JUL17 por el juez federal Sergio Moro con sede en la ciudad de Curitiba, impone una condena de nueve años y medio de cárcel los cuales deberán ser en “régimen cerrado” en “el inicio del cumplimiento de la pena”. Además, Moro impuso a Lula la prohibición de ejercer cargos públicos por un lapso de siete años durante los cuales tampoco podrá ser directivo de empresas del sector financiero, inmobiliarias, de mercadeo de joyas, entre otros ramos La sentencia manda la confiscación del apartamento de Lula y el pago de costas procesales y, ordena a la OAS el pago de una indemnización por el daño patrimonial sufrido por el Estado brasileño.

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Pese a las evidencias de que Lula ordenó la destrucción de pruebas y realizó abiertos actos de intimidación a testigos y al propio juez, Moro anotó: “considerando que la prisión preventiva de un ex Presidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgamiento por la Corte de Apelaciones antes de cumplir con la condena. Así el ex presidente podrá presentar su apelación en libertad”. Moro pudo ordenar el encarcelamiento inmediato de Lula pero, alegando razones de Estado, permitió que el condenado permanezca en libertad. El encarcelamiento de Lula, su inhabilitación política y las restantes sanciones serían efectivas cuando el tribunal regional de Curitiba confirme la sentencia. Pero Lula puede apelar en varias instancias judiciales escalando hasta el Supremo Tribunal Federal, lo cual pudiera demorar una sentencia definitiva por varios años.

Las próximas elecciones presidenciales de Brasil, en las cuales Lula aspira postularse, están previstas para el 07OCT18. Teóricamente para esa fecha aún Lula podría estar peleando en los tribunales para revertir la sentencia e, incluso, de prosperar medidas de habeas corpus, pudiera estar en libertad y no inhabilitado para postularse a la Presidencia. La sentencia ya emitida no cierra la posibilidad legal para que Lula se postule y gane nuevamente la Presidencia de su país. Pese a la alta popularidad de Lula reflejada en encuestas, su eventual candidatura, sin embargo, deberá enfrentarse no sólo a un candidato aún no seleccionado, sino al creciente deterioro político provocado por otros procesos judiciales pendientes.

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Aparte del caso ya sentenciado, Lula enfrenta otros graves procesos judiciales por corrupción en dos de los cuales ya fue imputado.

Lula está imputado junto a su hijo Luís Cláudio en el proceso que cursa en un tribunal federal de Brasilia, acusado de tráfico de influencias durante el gobierno de Dilma Rousseff para favorecer la compra de aviones de combate suecos y para la emisión de “medidas provisorias” (decretos presidenciales con fuerza de ley) que favorecieron a empresas automotrices. Lula y su hijo son acusados de los delitos de lavado de dinero y formar una organización criminal. Otro caso en el cual Lula es imputado está referido al tráfico de influencias para la aprobación de financiamiento del estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES a favor de la constructora Odebrecht para operaciones en Angola. Este caso puede diversificarse por las investigaciones sobre el financiamiento otorgado por el BNDES a Odebrecht para contratos con gobiernos amigos de Lula como Venezuela y Cuba donde el brasileño habría actuado como intermediario de los dueños de empresas constructoras en sus negocios con Raúl Castro y Hugo Chávez.

El expresidente brasileño está acusado de obstrucción de la justicia mediante el ofrecimiento de un plan de fuga y pagos a la familia del ex director de Petrobras Nestor Cerveró, para impedir que este delatara el esquema de corrupción entre la petrolera, empresas de construcción y la dirigencia del partido de Lula. El caso está en manos de la justicia federal en Brasilia.

Lula igualmente es acusado por la Fiscalía brasileña por haber recibido y ocultado financiamiento de Odebrecht mediante pagos al Instituto Lula destinados a la compra de un terreno en São Paulo y un apartamento en São Bernardo do Campo, todo ello a cambio de ocho contratos de Petrobras para la constructora. Las empresas Odebrecht y OAS habrían financiado, además, una mansión campestre en Atibaia (interior del estado de São Paulo) utilizada usualmente por la familia Lula da Silva. El caso de Atibaia, el cual está en manos del juez federal Moro, es análogo al del apartamento en Guarujá por lo que diversos analistas judiciales prevén que Lula igualmente será sentenciado por este caso.

La lista anterior no incluye otras investigaciones en curso, sobre las propinas recibidas por Lula, parientes y asociados.

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El 19JUL17 comienza en Mendoza, Argentina, la reunión de las máximas instancias de dirección del Mercosur, incluyendo la Cumbre de Jefes de Estado que tendrá lugar el 21JUL17. Los mandatarios del grupo no se reúnen desde el mes de diciembre de 2015 cuando Paraguay transfirió la presidencia semestral a Uruguay. La crisis provocada en Mercosur que llevó a la suspensión de Venezuela, hizo que durante el año 2016 no se realizara un encuentro de mandatarios. En Mendoza, el argentino Mauricio Macri transferirá la presidencia semestral al brasileño Michel Temer. El boliviano Evo Morales, quien está en proceso de ingresar a Mercosur, ya confirmó su asistencia. Por el contrario, el gobierno de Nicolás Maduro no fue invitado al evento.