En Venezuela permanece suspendida la vigencia de los derechos constitucionales desde el 14ENE16, cuando Nicolás Maduro declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. En las regiones fronterizas del país, el estado de excepción está vigente desde agosto del 2015.

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En la práctica, el estado de excepción se convirtió en permanente en Venezuela. El régimen chavista, valiéndose del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo, ha convertido en rutina la emisión de decretos trimestrales mediante los cuales Maduro se autoadjudica potestad para legislar mediante la emisión de decretos. Según la Constitución Bolivariana, los decretos de “estado de excepción” deben ser validados por la Asamblea Nacional, precepto que está siendo abiertamente violado.

Sin que el país se percatara, Maduro emitió el 13MAR17 un nuevo decreto prorrogando el estado de excepción por sesenta días, alegando “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación”. Maduro se arrogó atribuciones para adoptar “medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias”.

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Paradójicamente, mientras Maduro alega que el “orden constitucional” está afectado en Venezuela para así extender el “estado de excepción”, externamente el régimen chavista niega que exista tal afectación y rechaza que el tema sea tratado en la OEA.

En un intento para reactivar el proceso de aplicación de la Carta Democrática al gobierno Maduro, congelado desde el 23JUN16, el Secretario General de la OEA presentó el 14MAR17 una actualización de su informe sobre “la crisis en Venezuela, especialmente la "alteración del orden constitucional" y del "orden democrático" en ese país”. En el documento de setenta y cinco páginas, Almagro asegura que luego de su primer informe distribuido el 30MAY16, “América y la comunidad internacional han sido testigos de la agudización de la crisis económica, social, política y humanitaria en Venezuela”. Igualmente indica que “las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso” y “los reiterados intentos de diálogo han fracasado”.

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El nuevo informe de Luis Almagro sobre Venezuela considera que aún el gobierno Maduro puede tomar decisiones para “asegurar la separación de poderes, garantizar la independencia del Poder Judicial y del CNE, devolver los derechos electorales al pueblo, abrir un canal humanitario, devolver sus poderes constitucionales a la Asamblea Nacional y liberar a los presos políticos”. De lo contrario, a juicio de Almagro, el Consejo Permanente de la organización, integrado por los representantes permanentes, debe declarar que en Venezuela existe una “alteración grave del orden constitucional”, lo cual haría que el caso venezolano escale a una nueva etapa dentro de la OEA. Tomar esa decisión sólo requiere sumar 18 votos a favor, lo que parece probable según varias fuentes diplomáticas consultadas. El Consejo Permanente tiene también las opciones de decidir que en Venezuela no existe una “alteración grave” o que esa “alteración” no es grave: en ambas circunstancias el tema sería archivado para beneplácito del gobierno Maduro. Estas últimas opciones parecen poco probables ya que el régimen chavista no cuenta con los votos necesarios.

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Almagro advierte que “intentar replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar tiempo para mantener sus privilegios”. Por lo cual, Almagro recomienda que tras la declaratoria del Consejo Permanente sea inmediatamente convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, conformada por los cancilleres de los 34 países miembros. Esa Asamblea General debería, a juicio de Almagro, aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. La suspensión de Venezuela requeriría del respaldo de 24 gobiernos.

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El gobierno chavista, con fuerte apoyo de la cancillería cubana, procura no sólo frenar cualquier sanción sino impedir que la OEA debata la situación venezolana. La recomendación de Almagro sólo se hace viable en la medida que el embajador Patrick Andrews, representante de Belice y actual Presidente del Consejo Permanente de la OEA, convoque a una sesión para considerar el nuevo informe y retomar el debate sobre Venezuela suspendido el 23JUN16. Andrews ejercerá la presidencia hasta el 31MAR17 cuando el cargo rotatorio trimestral será asumido por Diego Pary, representante de Bolivia ante la OEA. El gobierno boliviano de Evo Morales es socio de Maduro y ya el 15MAR17 emitió un comunicado calificando el informe de Almagro como “acciones intervencionistas y serviles a intereses hegemónicos”.

Se espera que la representación boliviana en la OEA, al ejercer la Presidencia del Consejo Permanente, realice maniobras para impedir la celebración de la reunión propuesta por Almagro. Tras conocerse el informe de Almagro, varias cancillerías han dejado saber su interés para que sea convocado el Consejo Permanente con el objeto de conocerlo oficialmente y pronunciarse al respecto, Paraguay y Perú los primeros de ellos. El caso Venezuela nuevamente amenaza con confrontar a los gobiernos del Continente.

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Los expresidentes de izquierda, la argentina Cristina Kirchner y el brasileño Lula da Silva, están enredados, cada uno de ellos, en diversos procesos judiciales en sus países, por casos de corrupción e intentos de evadir la justicia. Ambos intentan crear climas de confrontación callejera para zafarse de sus procesos judiciales alegando que se trata de persecución judicial y política.

El peronismo kirchnerista en Argentina y el PT en Brasil están movilizados para salvar a sus dirigentes usando como argumento las medidas de política económica de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer. Según expuso en Caracas el 05MAR17 el jefe de los Movimientos Sociales del ALBA, el brasileño João Pedro Stedile, el objetivo del Foro de São Paulo es derrocar a Macri y Temer.

En Argentina, el movimiento sindical peronista convoca protestas y cierre de vías en las fechas coincidentes con las comparecencias de la familia Kirchner a los tribunales. En Brasil, el PT organiza concentraciones con Lula como orador principal, con la excusa de rechazar la reforma del sistema de jubilaciones propuesta por Temer. Incluso el PT, por intermedio del Movimiento de los Sin Techo, contrató al popular actor Wagner Moura, conocido por su interpretación del narcotraficante Pablo Escobar en una serie de Netflix, para realizar una campaña contra el gobierno Temer.

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La actitud de Lula y Cristina Kirchner en sus comparecencias en los tribunales tiende a ser análoga. El 07MAR17 Cristina Kirchner estaba citada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 de Buenos Aires. Ese tribunal investiga la llamada “causa Los Sauces”, según la cual la exmandataria habría recibido propinas mediante pagos de alquileres de hoteles pertenecientes a los Kirchner, a cambio de la concesión de contratos de obras públicas que favorecieron a amigos de la familia. Kirchner apeló a su derecho de no responder al cuestionario del tribunal y se limitó a entregar un escrito. Durante las formalidades, al ser interrogada sobre el monto de sus ingresos, se negó a aportar la información limitándose a señalar su “pensión por ex presidente”. Sobre el monto de la pensión dijo al funcionario del tribunal: “pregúntele a Bonadio [juez de la causa] que me la embargó”. Al preguntársele dónde y con quién vivía, respondió que vive sola “con mi perra Lolita”.

Una semana después tocó el turno a Lula. El expresidente que pretende convertirse en candidato presidencial en breve, debió comparecer ante la 10ª Vara da Justiça Federal en Brasilia. Ese tribunal federal de primera instancia se encarga de las acusaciones contra Lula por haber dirigido una conspiración para que Nestor Cerveró, exdirector internacional de la petrolera estatal Petrobras, huyera del país y no realizara una completa confesión en el caso de corrupción de “Lava Jato”. El 14MAR17, al ser interrogado por el juez Ricardo Leite sobre sus actividades, Lula afirmó ser “tornero industrial”, obviando su condición de político profesional desde por lo menos hace tres décadas. Al ser interrogado sobre sus ingresos, Lula como ya lo hiciera su amiga Cristina Kirchner en el tribunal bonaerense, evadió dar una respuesta precisa. El exlíder sindical ofreció cifras parciales sobre las cuales no estaba seguro, dijo desconocer el monto total y prometió que sus abogados lo informarían al tribunal. El 16MAR17, los abogados de Lula entregaron al tribunal brasiliense los documentos sobre ingresos que Lula declaró al fisco en el año 2016. Según Lula, buena parte de sus ingresos mensuales provienen de la empresa “L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda”, la cual se encarga de administrar los supuestos ingresos obtenidos por Lula en condición de “conferencista”.

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La Fiscalía General de Brasil solicitó el 14MAR17 al Supremo Tribunal Federal la apertura de cientos de investigaciones judiciales, con base en las delaciones de setenta y siete altos empleados de la empresa constructora Odebrecht. Aún permanece en secreto la lista de señalados por haber recibido propinas de la empresa constructora, la cual incluiría a más de ochenta altos funcionarios (senadores, diputados, ministros y gobernadores) cuyos casos correrían directamente en el Supremo Tribunal Federal por disfrutar de fuero especial. La lista incluye un centenar de casos que envuelven a personas sin fuero especial, entre las que se encuentra los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff.

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