“Una mano lava la otra y las dos lavan la cara”. El exjuez 19 de Control de Caracas, Gumer Quintana Gómez, está a punto de comprobar la veracidad de este refrán popular, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo exonerará de toda responsabilidad en el forjamiento de las actas y pruebas que el Ministerio Público utilizó para sustentar su persecución e inculpar a inocentes como presuntos planificadores del asesinato del fiscal Danilo Anderson, del que este viernes se cumplieron 12 años. Ese forjamiento de actas fue denunciado por Nelson Mezerhane ante la Fiscalía General de la Republica y el Tribunal Supremo de Justicia, ante los cuales presentó las evidencias de dicho forjamiento.

La decisión de sobreseer al exfuncionario la adoptó la Sala de Casación Penal, “por no revestir los hechos carácter penal”. Así consta en la cuenta número 186, del 14 de noviembre, de dicha instancia judicial, en la que también se anuncia que la medida figurará en su sentencia número 461, que todavía no ha sido publicada. Sin embargo, en el libro de registros del máximo juzgado se dice que el dictamen es la respuesta al avocamiento que Quintana interpuso hace ocho años contra la averiguación que pesaba sobre él por dar visos de legalidad a una prueba manipulada.

El exjuez fue imputado en 2008 por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de falsa atestación de funcionario público y agavillamiento, al asegurar que Giovanny Vásquez de Armas se presentó en su despacho en agosto de 2005, para realizar una declaración anticipada, la cual fue el principal sustento de la investigación relacionada con la planificación del asesinato de Anderson, pues el sujeto aseguró haber estado presente en una reunión donde se planificó el crimen.

El testimonio de Vásquez, quien llegó a ser considerado como el testigo estrella del Ministerio Público en este caso, fue el pilar de la persecución contra el banquero Nelson Mezerhane, la periodista Patricia Poleo, el general retirado Eugenio Añez y Salvador Romaní hijo, como presuntos planificadores del crimen. Sin embargo, a raíz de una extensa investigación periodística, liderada por Globovisión, se reveló que lo dicho por Vásquez era falso y que todo había sido fabricado desde el Ministerio Público, con la participación activa del entonces fiscal general de la República, luego embajador en España y actual embajador en Italia, Isaías Rodríguez; y de los fiscales bajo su mando, Yoraco Bauza, Gilberto Landaeta, Sonia Buznego, Turcy Simancas y Hernando Contreras, siendo este último el único que se arrepintió y declaró públicamente toda la verdad.

Al develarse la falsedad de todo lo afirmado por Vásquez, la Fiscalía se vio forzada a, por un lado, archivar las causas contra los que falsamente había señalado de planificar el crimen y, por el otro, a investigar a los investigadores.

¿Por qué ahora?

Para la penalista Magaly Vásquez, defensora de Mezerhane, el hecho de que el TSJ se haya demorado tanto tiempo en pronunciarse es sospechoso. “Cuando se pide un avocamiento es porque hay un desorden en un juicio, el cual debe resolverse rápidamente para evitar que la justicia se paralice, por eso que el pronunciamiento se produzca luego de ocho años es, por lo menos, extraño”.

Pese a que el contenido del fallo no ha sido publicado, la también catedrática de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, cuestionó que el máximo juzgado considere que Quintana no cometió delito. “Efectivamente hay delito, porque el testigo Vásquez de Armas nunca fue al tribunal y el Juez dijo que sí había ido y que había rendido declaración ante él, declaración que sirvió para perseguir a unas personas que nada tenían que ver con un crimen. Se trata de un acto falso, porque esa declaración nunca ocurrió como se dice que ocurrió”, dijo, al tiempo que agregó: “La actuación del Ministerio Público fue irregular, pero mucho más grave fue la del juez, porque avaló una irregularidad”.

El hecho de que el fallo a favor del exjuez Quintana lo haya redactado el presidente de la Sala Penal, magistrado Maikel Moreno, también fue criticado por la penalista, quien recordó que este último fue el primero que conoció el caso Anderson cuando era juez de instancia y, posteriormente, conoció el caso de los supuestos planificadores durante su paso por la Corte de Apelaciones de Caracas.

“Ha debido inhibirse”, señaló la profesora Vásquez.

Moreno, junto a Quintana, fue señalado por el defenestrado magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Luis Velásquez Alvaray, de formar parte de la llamada “Banda de Los Enanos”, un grupo de jueces, fiscales y abogados dedicados a extorsionar a personas.

Casi ni recuerdan

Mientras los participantes en esta fabricación criminal han recibido premios por parte del régimen venezolano (para Isaías Rodríguez su nombramiento como embajador, para Maikel Moreno el suyo como magistrado del máximo tribunal y para Gumer Quintana el sobreseimiento) a 12 años del asesinato del fiscal Anderson, el Ministerio Público no hizo ninguna referencia a la fecha. Sin embargo, la estatal Venezolana de Televisión (VTV) y el presidente Nicolás Maduro sí lo recordaron.

“La derecha venezolana defiende a los autores materiales del asesinato de Danilo (…) Hay que recordar lo que establecía la frustrada Ley de Amnistía, la cual incluía a sus asesinos”, afirmó el mandatario durante una intervención a través de Radio Miraflores, donde agregó: “Su asesinato fue obra de quienes se negaban a que se impusiera un castigo por tanta felonía contra el pueblo y tomaron el camino más cobarde, el del terrorismo. Levantemos las banderas de la justicia, como instrumento para la paz y para que más nunca la política del odio se haga sentir en nuestra patria”.

Ya en el año 2005, Maduro se había inmiscuido en este caso, señalando que supuestamente estaría “sobre la mesa” un soborno por USD 3.000.000, muchos pensaron que eso fue una mención a lo que esperaba se le ofreciera.

En todo caso, las investigaciones para hallar a quienes ordenaron y financiaron el atentado con bomba, ocurrido en la capitalina urbanización Santa Mónica, en la noche del 18 de noviembre de 2004, permanecen paralizadas. Engavetados también están los casos contra Mezerhane, Poleo, y Añez, pues para ellos sí que no hay justicia dentro de la “justicia” venezolana.

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