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La comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela desde que se rompió el hilo constitucional. De hecho, frente a la instauración de la dictadura que se concreta luego de la ilegal elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), las condenas han escalado de la política de micrófono hasta las sanciones a altos funcionarios venezolanos. Lo más reciente: las sanciones directas al gobernante Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y la retirada del embajador de Colombia.

Al momento de escribir esta nota 29 países se han pronunciado con relación a la ANC, 11 la consideran ilegítima (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, México, Panamá, Paraguay y Perú); nueve la condenan (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Portugal, Reino Unido y Noruega); Suiza solicitó su reconsideración; cinco creen en su legitimidad, además de asegurar que ayudará a promover la paz en Venezuela (Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Rusia); y tres mostraron su preocupación por los hechos de violencia, por lo que apelan al diálogo nacional (Ecuador, República Dominicana y Uruguay).

Ante este escenario de desconocimiento global cabe preguntarse: ¿cuál puede ser el efecto práctico para Venezuela? Mariano De Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, estima que la comunidad internacional no pareciera tener mucho peso en este momento.

“El último año el régimen se ha acostumbrado a vivir con un grado considerable de condena internacional y ha logrado mantener cierto apoyo por distintas razones, permitiéndole vender la imagen -a lo interno de sus filas- de que hay una parte de la comunidad que lo apoya y otra que no. Eso podría cambiar si EEUU impone sanciones económicas y éstas son secundadas por un número considerable de países de la región y la Unión Europea, porque podría llevar a un quiebre más evidente dentro de las facciones del Gobierno que genere la aceptación de ciertas condiciones que solicita la comunidad internacional“, afirma.

Aunque es inédito para Venezuela que el presidente y el vicepresidente, Tareck El Aissami (sancionado el 13 de febrero de 2017), estén en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones personales no parecen ser suficientes para generar fracturas dentro del chavismo.

Para que ello ocurra, las sanciones “deberían incluir a más funcionarios del régimen, especialmente a sus testaferros, quienes sí viajan a otros países recurrentemente, tienen propiedades y en muchos casos a sus familias viviendo fuera", acota De Alba, al tiempo que advierte el riesgo que supone ampliar la lista de sanciones a toda la cúpula política de Venezuela, porque pudiera subir los costos de salida para los sancionados, no sin antes recordar que éstas no son indefinidas, y pudiesen ser revertidas si se cumplen ciertas condiciones.

Estas medidas unilaterales de EEUU provocan el congelamiento de fondos y activos en territorio estadounidense, además de prohibir que cualquier empresa o individuo en dicho país establezca relaciones internacionales, e incluso compañías internacionales como Visa o MasterCard.

Aunque el presidente de un país generalmente no es quien firma los contratos, las sanciones a Maduro evitarán que ciudadanos y empresas estadounidenses hagan negocios con Venezuela, ante el temor de que se establezcan prohibiciones entre dichas empresas. Si Pdvsa y sus filiales llegasen a ser penadas, de facto, es como si se hubiesen aplicado sanciones amplias.

Oposición venezolana sigue en la calle ante instauración de Constituyente (EFE).jpg
La oposición venezolana se mantiene en las calles en contra de la Constituyente de Maduro.
La oposición venezolana se mantiene en las calles en contra de la Constituyente de Maduro.

Pero aplicar restricciones económicas en Venezuela no solo tendría implicaciones para sus ciudadanos sino que incluso podría fortalecer al régimen, por ello el especialista cree que la mejor opción es aplicar medidas multilaterales que incluyan el apoyo simultáneo de la Unión Europea, así como la mayor cantidad de países de la región, que dificulten mucho la capacidad de gobernar del régimen y minimicen las consecuencias para los venezolanos, pero De Alba pronostica que las sanciones y la presión internacional -por si solas- no van a ayudar nada. “Es una mezcla amplia de factores y el ingrediente más crucial es que se mantenga e incluso aumente la presión interna en Venezuela", sentencia.

Tres antecedentes siniestros

Maduro entró en la “exclusiva" lista de países que actualmente tienen a su líder presidencial sancionado: Robert Mugabe, de Zimbabue; Bashar Al Assad, de Siria, y Kim Jong-Un, de Corea del Norte, todas gobernadas por dictadores acusados de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, y que a pesar de la condena internacional, aún se mantienen en el poder.

Mugabe gobierna Harare desde hace 30 años a pesar de la hiperinflación que han provocado sus políticas económicas. Al Assad sucedió a su padre en Damasco hace 17 años como candidato único a las elecciones y ha resistido los embates de una guerra civil que comenzó en el 2011 como consecuencia de la Primavera Árabe. Kim es el líder supremo de Pyongyang tras heredar el poder hace casi seis años.

Dichos países tienen gran dependencia externa, como Venezuela, y han sorteado las sanciones estadounidenses aislándose de la comunidad internacional, asumiendo como costo que sus ciudadanos se empobrezcan aún más.

En este descalabro internacional no se puede pasar por alto el papel que ha tenido Rusia con Siria, y que en menor medida, aunque protagónico, tiene con Venezuela. Vladimir Putin pudiera ser el mayor aliado de Maduro por dos razones: “el régimen podría solicitar ayuda financiera y equipamiento militar a medida que el aislamiento crezca, además de que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU -donde todavía es poco probable que se concentre la discusión de la crisis venezolana, pero cada vez más cerca- lo que facilitaría bloquear cualquier decisión o resolución en contra de los intereses del régimen como sanciones globales, embargo de armas y hasta eventualmente una autorización para el uso de la fuerza“ señala De Alba.

Mientras que China, sostén de Norcorea, y apoyo de Zimbabue, podría jugar un papel más lejano, en vista de que desde hace varios años ha ido reduciendo su exposición con Venezuela producto del pésimo manejo de la economía por el régimen.

No existe un país gobernado por la fuerza que únicamente con sanciones y presión internacional haya generado un cambio político. “Nadie puede pensar que por la simple presión internacional (incluyendo sanciones) va a haber un cambio en Venezuela. Es una combinación de factores y lo que sucede a nivel interno es muchísimo más relevante y trascendental“, enfatiza De Alba.

Sin embargo, Sudáfrica en la era del apartheid, bajo el gobierno de Frederik De Klerk, prestó atención a las sanciones que habían sido impuestas por EEUU y Reino Unido a su antecesor, lo que más tarde motivaría el fin del sistema de segregación nacional, pero estos países que ejercieron la presión mantenían una cercana relación con Pretoria.

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