MIAMI.- Procesar a los funcionarios involucrados en actos de corrupción es una de las nuevas condicionantes que podría incluir el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), que se estaría presentando nuevamente en las próximas semanas ante la Cámara de Representantes para su aprobación, informó una fuente vinculada al Senado en Estados Unidos.

La iniciativa de Ley conocida como Nica Act, tiene como objetivo imponer sanciones económicas al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como consecuencia de las constantes violaciones a la Ley y la Constitución de Nicaragua, los fraudes electorales, el control de las instituciones del estado, el nepotismo y la corrupción galopante del Gobierno de Ortega, que ha logrado mantenerse por más de 10 años en el poder a través de artificios legales.

La propuesta de ley patrocinada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, con el apoyo de más de 20 congresistas, fue presentada y aprobada por el Congreso a finales de septiembre del 2016, posteriormente presentada ante la Cámara Alta por el senador Ted Cruz, sin embargo, no logró ser discutida durante ese periodo legislativo por lo que el proceso deberá iniciar nuevamente ante el Congreso.

La ley, cuyo contenido inicial se mantendrá en la nueva propuesta legislativa, insta a la administración estadounidense a votar en contra de todo préstamo que solicite el Gobierno de Nicaragua ante las instituciones financieras internacionales “hasta que enfrente la corrupción y se celebren elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

La fuente afirmó que el proyecto además de lo ya incluido tendría nuevas condicionantes para el régimen de Ortega, entre ellas combatir la corrupción y procesar a los funcionarios involucrados en ese tipo de delitos.

Y es que desde el año fiscal 2012 a la fecha, el Departamento de Estado encontró que Nicaragua no cumple con los estándares internacionales de transparencia fiscal.

Otro de los aspectos que incluiría es el respeto y la protección de los derechos políticos a los partidos de oposición. También contempla incluir la protección a líderes defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, y la protección a la integridad física de los periodistas y el libre ejercicio a su labor, explicó.

El Gobierno de Ortega y su mujer Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, impiden el acceso a cobertura de medios independientes que han sufrido de agresiones verbales y físicas por funcionarios del régimen.

Las condicionantes deberán ser cumplidas para que el Gobierno tenga acceso a los créditos de los organismos financieros internacionales.

El proyecto aprobado por el Congreso en 2016, solicitaba al Departamento de Estado la publicación de un informe sobre el modo en que el régimen nicaragüense, a través de su Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional o el sistema judicial, están directamente involucrados en actos de corrupción pública y violación de derechos humanos. La nueva condicionante estipula el enjuiciamiento a funcionarios involucrados en actos ilícitos.

La fuente agregó que el proyecto de Ley hasta ahora no ha sido introducido debido a los cambios en el Gobierno de Estados Unidos y la situación de Venezuela, pero se encuentra en agenda para ser sometido a su aprobación ante el Congreso y el Senado.

Piden ser incluidos

El excomandante de la contra, Luis Fley, dijo que un grupo de confiscados por el Gobierno de Ortega, se organizan y hacen gestiones para que sus demandas sean incluidas en el proyecto de ley como una nueva condicionante al régimen sandinista.

Fley dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que los confiscados creen es la única forma de ser “escuchados y resueltos nuestros reclamos por el Gobierno de Ortega. El derecho a la propiedad es un derecho humano, que este Gobierno nos ha violentado a miles de nicaragüenses”.

El Gobierno sandinista confiscó propiedades a miles de nicaragüenses en la década de los 80, los gobiernos electos democráticamente de 1990 al 2006, resolvieron muchos casos con la devolución o el pago de esas propiedades, pero Fley asegura que aún quedan muchos pendientes por resolver.

“En mi caso he visitado la Procuraduría General de la Republica por más de diez años, sin tener ninguna repuesta del procurador Hernán Estrada. En nuestra lista hay muchos miembros de la Resistencia Nicaragüense a quienes les fueron entregadas tierras en base a los acuerdos del desarme, y este Gobierno de Ortega se las ha quitado, ejemplo caso del Timal”, agregó.

Otro de los casos mencionados por Fley, son las expropiaciones que el régimen sandinista en los 80, hizo al exjefe de la Contra, el excoronel Enrique Bermúdez, asesinado por fuerzas sandinistas en febrero de 1991, en el parqueo de un hotel en Managua. Bermudez reclamaba la devolución de cuatro propiedades al momento del crimen, su viuda Elsa Bermudez, mantiene los reclamos sin resultados hasta hoy.

“Recurrir a los legisladores en Estados Unidos, para que sea incluida nuestra demanda, es la única posibilidad para recuperar nuestros bienes confiscados. El tiempo nos ha demostrado que no hay voluntad Política por parte del Gobierno de Ortega para resolver estos casos de propiedad”.

Miles de propiedades fueron confiscadas en los 80, a través de las leyes de La Piñata sandinista, grandes extensiones de tierra y casas de lujo que permanecen en manos de sandinistas.

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