El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mueve aceleradamente y en doble banda para frenar el desmoronamiento de su Gobierno, acechado por acusaciones de narcotráfico y vínculos con el terrorismo internacional de su vicepresidente, Tarek El Aissami, y el reciente nombramiento de un exconvicto como presidente del Tribunal Supremo de Justicia; ello, en un contexto de abierto atentado a la democracia, al haberse cerrado las vías electorales.

En la medida en que el propio Maduro baja la guardia frente a la Casa Blanca, en paralelo se apoya en sus socios del ALBA, en especial en Raúl Castro y Evo Morales, ofreciendo dineros para los inmigrantes latinos perseguidos en los Estados Unidos. Así también busca respaldo en el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que salve de su fracaso el diálogo de ficción que organizara con apoyo del exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo cierto, no obstante, es que el margen de la íntima proximidad que mantiene el Nuncio Apostólico en Caracas, Monseñor Aldo Giordano, con los personeros más cuestionados del régimen venezolano, el secretario de Estado de Su Santidad, Cardenal Pietro Parolín, en carta hecha pública ha señalado –tesis que comparte mayoritariamente la oposición– que cualquier diálogo con la dictadura de Maduro debe quedar sujeto al cumplimiento por ésta de las condiciones previas ya acordadas: la realización del referéndum revocatorio, la libertad de los presos políticos al ser imposible llevar a cabo un diálogo honesto con los líderes opositores encarcelados y el respeto a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015.

En lo inmediato se han hecho sentir en el plano internacional las voces del presidente Donald Trump, advirtiendo sobre el problema que constituyen para el hemisferio Venezuela, su crisis humanitaria y la falta de libertades, y la de Luis Almagro, secretario General de la OEA, quien ha señalado que se actualiza el informe sobre el Gobierno de Maduro y a la vez advierte que cualquier fórmula de diálogo debe quedar atada a la reglas de la Carta Democrática Interamericana, a fin de evitar la burla de sus resultados por el Gobierno venezolano.

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