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MIAMI.- El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Rafael Antonio Ortega, quien se encuentra refugiado junto a su familia y otros cuatro colegas en Colombia, afirma que la decisión de participar en las elecciones regionales convocadas por la dictadura constituye un espacio que la oposición “no puede despreciar” dentro de su lucha por el retorno de la democracia en ese país sudamericano.

Ortega, que se vio obligado a abandonar su país por amenazas del régimen de Nicolás Maduro, es uno de los 33 magistrados que tomaron juramento el pasado 21 de julio ante la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en sustitución de los que fueron designados de forma irregular en diciembre de 2015. En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS sostuvo que al Gobierno chavista “no se le pueden dejar espacios vacíos (…). Lo que uno deje por ahí en el aire, mañana puede ir en contra de uno”.

La oposición venezolana acordó el miércoles inscribir candidatos para las elecciones de gobernadores del próximo 10 de diciembre, según informó la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aunque varios de sus dirigentes se encuentran inhabilitados.

Esa determinación ocasionó que la dirigente opositora María Corina Machado se deslindara de la MUD, pues considera que aceptar los comicios significa “someterse” a la “dictadura” y calificó como una “validación de una dictadura mafiosa” el hecho de participar en unas “elecciones amañadas a la medida”.

El magistrado Ortega admite que poner de acuerdo a varias personas o grupos políticos es muy difícil. “Unos opinan que no deben estar en las elecciones, otros en la calle, unos opinan que debe haber una salida rápida, otros que una más despacio.

“Pero cuando los venezolanos decidimos no ir a las elecciones, que dejamos el Parlamento libre para ellos [el chavismo], vieron lo que pasó. No dejaron espacios vacíos. Después nos dieron la oportunidad de elegir a nuestros diputados en la AN y vimos cómo el pueblo salió masivamente a votar”.

En el año 2005, después de haber perdido un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, quien falleció en 2013, la oposición se abstuvo de acudir a las elecciones legislativas, lo que permitió durante cinco años el control absoluto del chavismo sobre el Parlamento.

Ortega pidió “al pueblo venezolano que tenga confianza en lo que estamos haciendo, y que cada venezolano le dé la interpretación política que quiera a la decisión de participar en las elecciones sin dejar de pensar en que todos queremos lo mismo, que es la libertad de Venezuela”.

El magistrado Rafael Ortega tiene 50 años de edad, es abogado de la Universidad Santa María, de Caracas, y en ese mismo claustro de educación superior hizo sus especializaciones en derecho, y hasta el momento en que debió abandonar Venezuela se desempeñaba como profesor en la ciudad de Barquisimeto.

“Es una posición coherente”

Otro de los magistrados que se vio conminado a salir del territorio venezolano después de que el dictador Nicolás Maduro anunciara que el grupo de 33 sería encarcelado “uno por uno”, además de la congelación de sus bienes y cuentas bancarias es el también abogado Gonzalo Oliveros, designado suplente de la sala de Casación Penal del TSJ.

En palabras de Oliveros, los 7.186.170 venezolanos que votaron en la consulta popular del pasado 16 de julio decidieron que la oposición debía participar en futuras elecciones. “Yo voté como ciudadano ese día, y esa era la pregunta número 3 de la consulta”.

Agregó que si en estos momentos la oposición optara por no participar en las elecciones, la disidencia estaría desconociendo el resultado de una votación que marcó una “apabullante derrota” para el régimen del gobernante Nicolás Maduro.

El magistrado, quien también dio sus declaraciones vía telefónica, envió un mensaje al sector de la oposición que está en desacuerdo con participar en los comicios de diciembre próximo, asegurando que “no es un momento de valores absolutos, es un momento de realidades con las que estamos viviendo”.

Y añadió: “Si a los ciudadanos venezolanos se les da una herramienta para participar, hagámoslo. Eso no significa convalidar nada, simplemente si participamos y ganamos, y nos roban, nos robaron. Si participamos y suspenden las elecciones, nos robaron. Pero no podemos decir que nos ganaron porque no participamos”.

Recabando en la historia, Oliveros indicó que la decisión asumida por la MUD es coherente con lo que ha hecho la democracia venezolana cuando enfrenta una dictadura. “En 1952 cuando el país estaba regido por el general Marcos Pérez Jiménez, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y la misma discusión que se está dando hoy, se dio en esa oportunidad”.

En ese entonces, –recordó– el partido Acción Democrática proponía la abstención mientras que los partidos URD y Copei proponían la participación. “Finalmente primó la participación y el Gobierno dictatorial hizo lo que hacen esos regímenes cuando pierden: hizo fraude”.

Más adelante dijo que en el año 1957 cuando Pérez Jiménez, “ya presidente por efecto de esa Constituyente espuria”, propuso la realización de un plebiscito, “se produjo exactamente lo mismo, la misma discusión, que se resuelve participando y el Gobierno vuelve a hacer fraude”.

A su juicio, un gobierno dictatorial difícilmente acepta un resultado electoral desfavorable, pero la experiencia democrática en Venezuela demuestra –acorde con Oliveros– que cuando una dictadura convoca unas elecciones, hay que participar.

“No se puede estar con exquisiteces jurídicas respecto de si el CNE de la época era o no decente. Ya sabemos cómo actúan las señoras que hoy manejan el CNE, pero a sabiendas de eso se le ha ganado elecciones al Gobierno”, subrayó.

“No huimos”

Los magistrados Ortega y Oliveros, y otros tres miembros del TSJ cruzaron la frontera colombovenezolana, tras las amenazas que inició cumpliendo la dictadura de Nicolás Maduro con la detención del también magistrado ese organismo Ángel Zerpa.

Al respecto, Ortega dijo: “Nosotros salimos del país porque presos no hacemos nada. Era la mejor la decisión, y quiero dejar bien claro que nosotros no hemos huido de Venezuela, nosotros nos vimos forzados a dejar el país para refugiarnos en Colombia”.

Dijo, además, que confía en un pronto proceso que termine por restablecer la democracia en esa nación suderamericana. “Aquí no estamos quietos, estamos trabajando, porque tenemos fe que nos vamos a integrar muy pronto al Tribunal Supremo de Justicia, como magistrados que somos”.

El magistrado agradeció la forma hospitalaria cómo han sido recibidos por el pueblo colombiano y sus autoridades y, asimismo, elogió a otros gobiernos del continente, y de otras partes del mundo, que están siendo receptores del éxodo venezolano propiciado por las condiciones de vida en ese país.

También se encuentran en la limítrofe ciudad de Cúcuta, en Colombia, los magistrados Rubén Carillo, Gonzalo Álvarez y Pedro Troconis.

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