lunes 25  de  marzo 2024
Nicaragua

Miles de campesinos exigen derogación de ley canalera en Nicaragua

"Este sábado realizamos la marcha número 88 contra la construcción del canal que atravesaría nuestras tierras, por esa razón estamos marchando en defensa de nuestras propiedades", asegura Medardo Mairena, uno de los líderes de la protesta campesina

MANAGUA.– Varios miles de campesinos nicaragüenses marcharon este sábado en el municipio de Punta Gorda, región sur, para exigir la derogación de una ley que concesiona a una empresa china radicada en Hong Kong la construcción de un canal interoceánico en el país centroamericano.

Medardo Mairena, uno de los líderes de la protesta campesina, declaró a la prensa que las manifestaciones campesinas que comenzaron hace cuatro años continuarán hasta que el Gobierno de Daniel Ortega derogue la Ley 840, que autoriza la construcción de un canal interoceánico a cargo de una empresa china.

"Este sábado realizamos la marcha número 88 contra la construcción del canal que atravesaría nuestras tierras, por esa razón estamos marchando en defensa de nuestras propiedades, que es el único patrimonio para nuestros hijos. No vamos a rendirnos, seguiremos luchando hasta que el Gobierno derogue la ley canalera", aseguró Mairena.

El líder campesino anunció que la próxima marcha se realizará el 13 de junio, en El Tule, Río San Juan, (sur) el mismo municipio donde una marcha campesina fue brutalmente reprimida por fuerzas policiales y militares en la Navidad de 2014.

Mairena, quien recientemente fue electo como coordinador del Movimiento Campesino Anticanal, insistió que las marchas campesinas no tienen trasfondo político. "Solamente nos anima a manifestarnos, a protestar por la defensa de nuestras tierras, el único patrimonio para nuestros hijos. Nos vamos a parar de protestar hasta que Daniel Ortega anule la Ley 840 que autoriza la construcción del canal", sostuvo.

En junio de 2013, el presidente de Nicaragua entregó al empresario chino Wang Jing la concesión para construir la obra a un costo estimado de 50.000 millones de dólares.

La aprobación de dicha ley y el otorgamiento de la concesión a la empresa china HKND Group provocó el nacimiento de un robusto movimiento campesino que exige la derogación de dicha ley por temor a que sus tierras sean injustamente confiscadas.

FUENTE: dpa

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