TEGUCIGALPA.-La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció este jueves que comenzó una investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Su muerte conmocionó a este país centroamericano el 3 de marzo de 2016. Berta Cáceres, además de líder ambientalista, era una importante dirigente de poblaciones indígenas que velan por sus antiguos territorios, sus costumbres y hábitat. Dirigía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

La MACCIH, según declaró su jefe, el peruano Juan Jiménez Mayor, investigará "el asesinato de Berta Cáceres, con todos los componentes en relación con la participación de funcionarios del Estado y de la propia empresa", dedicada a la construcción y comercialización de energía eléctrica.

"Anunciamos el día de este jueves que la misión va asumir la investigación del caso de Berta Cáceres desde la perspectiva de corrupción", apuntó Jiménez Mayor. "Los indicios existentes de posibles hechos de corrupción vinculados al crimen justifican que la misión participe en la investigación", agregó.

Medios de prensa local informan de posible corrupción, irregularidades en permisos ambientales otorgados para la construcción y hasta posible lavado de dinero de los socios de la empresa DESA.

Cáceres y los movimientos indígenas y ambientalistas que ella lideraba se opusieron tenazmente a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, al occidente de Honduras, el cual provee agua a las poblaciones de sus riberas y entornos que pertenecen a la etnia lenca.

La empresa que tenía el proyecto conocido como Agua Zarca, recién retirado y abandonado, es Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyos dueños son grupos familiares poderosos económicamente y con vinculaciones políticas, de acuerdo a analistas locales. La hidroeléctrica produciría 21 megavatios, un negocio altamente lucrativo en Honduras.

Cáceres había denunciado amenazas de muerte de parte de personeros de DESA por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica.

Jiménez Mayor explicó que la MACCIH integró un equipo con la Fiscalía de Etnias para investigar al actual fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar, al funcionario de la Procuraduría General Rafael Canales y a tres socios y apoderados legales de DESA.

El jefe de la MACCIH aseguró que investiga a personeros, funcionarios y empresarios por presuntas y graves irregularidades que constituyen delitos de corrupción y que finalmente están relacionados con el crimen contra Berta Cáceres y otros ambientalistas locales.

FUENTE: EFE

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Cómo califica la actuación de las autoridades del sur de Florida en la atención de la emergencia ocasionada por Irma?

Eficiente
Buena
Regular
Pésima
ver resultados

Las Más Leídas