@FloresJudith7

Al menos 25 congresistas respaldan el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act 2017, Nica Act, HR1918, presentado la tarde del miércoles ante la Cámara de Representantes, con el propósito de legislar que el voto de EEUU en las instituciones financieras internacionales sea en contra de los préstamos que solicite el Gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega.

La propuesta de ley fue presentada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, republicana de la Florida, y Albio Sires, demócrata por New Jersey.

La iniciativa ya ha causado revuelo en Nicaragua. La Asamblea Nacional, integrada por 91 diputados y dominada por sandinistas, firmó una declaración de rechazo al proyecto.

El voto de Estados Unidos es decisivo para la aprobación de préstamos ante los organismos financieros multilaterales.

Este miércoles, tras conocerse la noticia de la presentación de Nica Act ante el Congreso de EEUU, el Gobierno nicaragüense, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, calificó la iniciativa de “ciega, sorda e irracional”.

Murillo dijo que el proyecto de ley es una amenaza y una injerencia del Gobierno estadounidense. También dijo que el grupo de congresistas que la impulsan vulneran la democracia, el diálogo, “las alianzas y la búsqueda de consensos”.

A la voz de Murillo se sumó la del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerrí, que sostiene que “cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada”, a su juicio se debe seguir buscando el fortalecimiento de la institucionalidad por la vía del diálogo y el entendimiento, a través de los acuerdos entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La primera versión de la Nica Act, fue aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre del 2016 y presentada ante el Senado, pero no logró ser discutida antes de concluir el periodo legislativo 2016.

La nueva versión es más amplia, establece mayores condiciones a cumplir por el Gobierno de Nicaragua para obtener el voto de Estados Unidos en la aprobación de créditos. Una de esas condicionantes es que Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición. La anterior versión solo incluía a organismos de la sociedad civil y partidos políticos.

La iniciativa de Ley persigue que todos los préstamos en beneficio del Gobierno del presidente Daniel Ortega, ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por EEUU, “excepto por razones humanitarias o para promover la democracia en Nicaragua”.

La excepción de ayuda incluye beneficios directos al pueblo de Nicaragua y organizaciones de la sociedad civil.

La medida legislativa podría ser suspendida a menos que el Gobierno de Ortega promueva avances significativos y creíbles en el restablecimiento de la democracia y la independencia de los poderes del estado, actualmente bajo el control de la familia Ortega-Murillo.

“A menos que el Secretario de Estado certifique e informe que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para el restablecimiento de la democracia en el país como el hecho de celebrar elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles; promover la democracia, así como una Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un Consejo Supremo Electoral (CSE) independientes”, expresa el proyecto legislativo.

Otro de los aspectos que deberá certificar la Secretaria de Estado, es el fortalecimiento del estado de derecho; el respeto a la libertad de asociación y expresión; combate a la corrupción incluyendo la investigación y enjuiciamiento a funcionarios gubernamentales involucrados en actos corruptos; protección al derecho (de organización) de los partidos de oposición política, a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias (de los aparatos del Gobierno y paraestatales al servicio del régimen), dice la Ley.

Corrupción

La ley también ordena la elaboración de un informe sobre corrupción en Nicaragua, una función que estará destinada al Secretario de Estado, y que deberá presentar a los 90 días de la promulgación de dicha Ley, en consulta con las agencias de inteligencia, y en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, [National Security Act of 1947 (50 U.S.C. 3003(4)), de 1947]. La anterior propuesta estipulaba un plazo de 120 días.

“El Secretario de Estado presentará al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno nicaragüense, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Sistema Judicial, en actos de corrupción pública o violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, puntualiza el proyecto legislativo.

La Nica Act 2017, considera necesario el cumplimiento de cada una de las recomendaciones elaboradas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2011, el año en que Ortega se reeligió de manera inconstitucional, realizadas a través del informe final de las elecciones generales. Entre esas recomendaciones destaca la actualización del padrón electoral en Nicaragua y su publicación, facilitación a la observación electoral y reformas en las estructuras administrativas del CSE, con el fin de facilitar la entrega de cédulas de identidad.

Por otro lado, el proyecto de ley hace alusión a los informes emitidos por el Departamento de Estado en 2016. "Compañías [estadounidenses] informaron sobre las prácticas de soborno por parte de funcionarios públicos, incautaciones ilegales y evaluaciones arbitrarias por parte de la Dirección de Aduanas y la Dirección General de Ingresos”.

De acuerdo con la nueva versión de la Nica Act, esas prácticas de corrupción propiciaron que durante los meses de “noviembre y diciembre de 2016, la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergara la consideración de un préstamo de 65.000.000 de dólares, solicitado por el Gobierno de Nicaragua, debido a esfuerzos de la oficina estadounidense (ante el BID) que expresó serias preocupaciones sobre la falta de transparencia, la corrupción sistemática y la falta de elecciones libres y justas en Nicaragua”.

El préstamo fue aprobado recientemente a finales de marzo.

Otro aspecto que pone atención a la corrupción, señalado en el proyecto legislativo, es la falta de transparencia fiscal del Gobierno de Ortega en el manejo del presupuesto de la Republica, en conformidad con informes del Departamento de Estado, que hace énfasis en este mismo aspecto.

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