sábado 23  de  marzo 2024
NICARAGUA

Ortega ignora pedido de la CIDH para protección a pueblos indígenas

A pesar del reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno sandinista no adopta medidas para frenar violencia contra esas etnias

SAN JOSÉ.- El último llamado de atención lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el Gobierno sandinista ni se inmuta. La CIHD, con sede en Costa Rica, ordenó al gobierno de Nicaragua establecer medidas de protección para cinco pueblos indígenas miskitos en la zona atlántica, que han sido víctimas de violencia y de pérdida de sus tierras.

La orden de este organismo continental son medidas provisionales al Gobierno de Nicaragua como “la adopción, de manera inmediata, de todas las acciones destinadas a erradicar la violencia existente, así como proteger y garantizar el respeto a la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural” a favor de los pueblos indígenas Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi.

En las últimas semanas se han registrado dos asesinatos de indígenas miskitos en Nicaragua, con lo que la cifra en los dos últimos años asciende a 30 de estos crímenes.

En la Costa Caribe norte de Nicaragua, rica en reservas naturales, los invasores de territorio llamados “Colonos”, invaden zonas indígenas con el aval de líderes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y funcionarios del partido político local Yatama, que trafican con las tierras protegidas por la ley.

El tráfico ilegal de tierras, acompañada de explotación minera y comercial de bosques, es lo que ha desatado una violencia desmedida hacia los indígenas, en su interés de los Colonos por sacarlos de territorios ancestrales, con el saldo de los 30 nativos muertos.

Según la revista nicaragüense Confidencial, funcionarios públicos ligados al Frente Sandinista y Yatama, están relacionados al tráfico de tierras en territorios indígenas, prohibido por la Ley 445, que garantiza la propiedad comunal de esos territorios.

Este tráfico ilegal afecta principalmente a las poblaciones miskitas del Caribe, que se enfrentan a invasores o “colonos” y denuncian lo que consideran la “inacción” del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Las autoridades conocen del problema y no hacen nada por detenerlo. Según la CIDH, el Estado debe establecer una instancia, que “con la participación de representantes del gobierno, de las comunidades y de los colonos afincados desde hace tiempo, así como antropólogos y sociólogos, reúna en el menor tiempo posible la información disponible, diagnostique las fuentes del conflicto y proponga las posibles vías de pacificación y solución”.

Los jueces también ordenaron al Estado que las medidas de protección deben ser planificadas e implementadas con la participación de los indígenas, con el fin de que se tome en cuenta la perspectiva indígena y de género, y de que se les mantenga informados sobre el avance de su ejecución.

La directora para Centroamérica y México de la organización no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, celebró estas medidas ordenadas por la CIDH y las calificó como un precedente.

“Es una resolución muy importante porque el Estado no ha cumplido con las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde octubre ha dictado tres resoluciones para 12 comunidades” miskitas, declaró Aguiluz a medios internacionales.

“Estas medidas son precedente único hasta el momento. La corte sin necesidad de una sentencia, le dice a Nicaragua que debe crear una instancia interdisciplinaria que diagnostique las fuentes del conflicto y proponga medidas de protección”, explicó Aguiluz.

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