CARACAS.- El Parlamento venezolano aprobó este miércoles por unanimidad, la declaración de responsabilidad política a Rafael Ramírez y Javier Ochoa por irregularidades administrativas en PDVSA.

Además aprobó solicitar la destitución de Ramírez como embajador en la ONU; remitir el informe al Ministerio Público, a la Contraloría y a todas las instituciones para determinar las responsabilidades penales y administrativas.

El diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, presentó ante la plenaria, lo que califica como “el caso de corrupción más grande de Venezuela”.

Diez cajas contentivas de 1500 documentos fueron mostradas en el hemiciclo como “pruebas engavetadas” que permanecían en la Comisión desde hace años. Guevara utilizó tres casos para explicar en qué consisten estas denuncias.

El primer caso se remite a 2007 y está bajo el expediente 958. Se trata de los taladros chinos. De acuerdo a Guevara, a través de una empresa de nombre Construema se perdieron 43 millones de dólares.

Otra vía en la que se perdió dinero del Estado fue con la plataforma Gabarra Aban Pearl. Según la Memoria y Cuenta de 2008 (página 1005), PDVSA alquiló, por dos años, esta plataforma por 730 mil dólares diarios.

Tras su hundimiento en 2010, la empresa Aban Shore, propietarios de la plataforma, establece en su informe (página 14) que el alquiler era por 286 mil dólares diarios. Es decir, se desconoce el destino de cerca de 257 millones de dólares.

El segundo caso fue el de PDVAL (2014, expediente 1434) en la que se calcula se perdieron 130 mil toneladas de alimentos.

Por este caso hubo dos detenidos (Ronald Flores y Wileska Betancourt), los cuales según el diputado, duraron detenidos un año y luego fueron recontratados por la estatal petrolera.

Guevara señaló que con el dinero perdido (140 mil millones) se pudo cubrir, entre otras cosas, cinco millones de tratamientos oncológicos, 225 años del Presupuesto para Universidades, tres años de teteros o incluso, 68 platos navideños por persona o dos millones de bolívares por persona.

El tercer caso es el del Fondo de Pensiones (3015, expediente 1435), por el cual está preso Francisco Illarramendi, quien fue condenado por tres años en Estados Unidos. Por este caso, se calculan se perdieron más de 20 millones de dólares.

También hay que señalar el caso de Andorra, en el cual está involucrado Diego Salazar, primo de Ramírez, y en el cual estarían comprometidos 4200 millones de dólares.

En relación a ese dinero, el Principado de Andorra comunicó que como ninguna institución venezolana lo reclamó, se descongelaron esos fondos y fueron retirados.

Existe otro caso, reflejado en el informe de la Comisión. Se trata de la inyección de 800 millones de euros por concepto de compra de títulos de deuda al banco portugués Spirito Santo por parte del Bandes y el Fonden.

Así, la comisión de Contraloría cifra la pérdida, por presunta corrupción de Ramírez, en 11 mil millones de dólares, solo en estos casos.

Guevara se dirigió al presidente Nicolás Maduro, exigiéndole que removiera a Ramírez de su actual cargo puesto que, de no hacerlo “sería cómplice y culpable de corrupción”.

La Comisión además habla de otras 20 personas que estarían involucradas y que se pide investigar. Entre ellos, el actual presidente de la estatal petrolera y Ministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, quien formaba parte de la directiva para esos años.

En su momento, Ramírez solicitó al Tribunal Supremo de Justicia parar esta investigación alegando que podía “afectar la moral corporativa de la empresa”.

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