CARACAS.- El Ministerio de la Defensa había ordenado ejecutar el 17 de abril el “operativo Guaicaipuro”, que contemplaba el uso progresivo de la fuerza policial y de la militar en caso de un estallido social. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro cambió la seña el martes por la noche, de acuerdo a un trabajo del periodista Hernán Lugo-Galicia publicada en El Nacional.

El plan en su “fase verde”, como dijo Maduro, tiene cinco directrices: 1) “La activación de la exploración” (o investigación en la FANB de hechos irregulares); 2) “Activación de la Inteligencia Popular”; 3) “Activación de las salas situacionales”; 4) “Coordinación de actuación de los entes de seguridad” (policías Nacional, regionales, municipales y el Sebin); y 5) “Activación de los Reportes Diarios”.

Además, el plan Zamora distingue entre fuerzas amigas (componentes de las Fuerzas Armadas y Milicia Bolivariana) y fuerzas enemigas (organizaciones o grupos violentos contrarios al sistema de gobierno).

El Plan Zamora incluye además la participación de la Milicia Bolivariana, Fiscalía Militar, Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), CICPC, bomberos, Protección Civil, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, que son catalogados como "fuerzas amigas" junto a la FANB, el Sebin y otros órganos de seguridad.

Eso indica que existe un grupo adverso: es decir, "fuerzas enemigas", entre ellas "organizaciones o grupos violentos al margen de la ley; organizaciones y gobiernos extranjeros, contrarios al sistema de gobierno legalmente constituido, que asuman acciones desestabilizadoras en el territorio nacional, en apoyo a grupos violentos"; y "organizaciones o ciudadanos armados, al margen de la ley".

El PEOZ fue concebido en 2014 y define como "las nuevas expresiones delictuales" al narcotráfico, la falsificación de medicamentos, la trata de personas, el tráfico de armas, la legitimación de capitales, el contrabando de extracción e introducción, las acciones desestabilizadoras de potencias extranjeras, la corrupción, el comercio de especies de la fauna silvestre, la minería ilegal, y "la guerra económica".

Aunque los temas son amplios, el plan se centra en el mantenimiento del orden interno que se ha convertido en una preocupación en Miraflores: el fin es "la lucha contra la subversión, el terrorismo, las intervenciones externas en el área económica, política y social que afectan la gobernabilidad a través de la desestabilización", señala el documento, de 22 páginas.

 

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