SAN JOSÉ.- Hace algo más de cuatro años el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parafraseaba un pasaje bíblico que rememora la promesa de Dios de darle tierra al pueblo de Israel: “Tanto tiempo nuestro pueblo yendo por el desierto, buscando la tierra prometida. Llegó el día, llegó la hora de alcanzar la tierra prometida”, dijo Ortega con su acostumbrada voz pausada, moviendo los brazos hacia arriba, como si tratara de imitar al profeta Moisés.

En ese momento, Ortega anunció la construcción de un canal interoceánico, en un período de cinco años, que conectaría el océano Pacífico con el Mar Caribe como ruta interoceánica alternativa al famoso Canal de Panamá.

La noticia sacudió los cimientos del país mientras el proyecto era presentado como la panacea para la nación más pobre en tierra firme del continente americano, donde el 80% de sus seis millones de habitantes tratan de sobrevivir a diario, entre el desempleo y el trabajo informal.

El canal sacaría de la pobreza al país, aseguraba el Gobierno y la misma empresa concesionaria china, HKND, propiedad del empresario Wang Jing. La Cámara Nicaragüense de la Construcción calculó que las obras generarían un millón de empleos a partir de diciembre de 2014, cuando estaba previsto que comenzara la construcción. Entonces se hablaba de traer obreros de países vecinos, como Costa Rica, para satisfacer la demanda.

“El canal y el efecto multiplicador, sobre todo el efecto multiplicador de la economía nicaragüense, va a llevar a doblar nuestra economía, doblar los ingresos gubernamentales, cortar a la mitad la pobreza extrema del 14% al 7%. Y llevar al 25% de nuestra población a salir del sector informal, que es abrumadoramente mayoritario actualmente", aseguraba entonces Paul Oquist, secretario ejecutivo de la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua.

Su costo fue valuado en más de 50.000 millones de dólares. Además del canal húmedo, con una extensión de 278 km, 105 de ellos pasando por el Gran Lago de Nicaragua, la obra contempla grandes sub proyectos como la construcción de dos puertos en los océanos, un aeropuerto, zonas de libre comercio y complejos turísticos.

Perspectivas

Cuatro años y unos días después del famoso anuncio, el proyecto parece haberse desvanecido en el tiempo. Aún no hay concesión para desarrollo de obras, expropiación de tierras, ni estudios convincentes de impacto ambiental y viabilidad económica del mismo. Tampoco la empresa concesionaria ha dicho de dónde sacará el dinero para hacerlo. La población cada vez cree menos en la certeza de que se hará.

En diciembre de 2014 el Gobierno y la empresa HKND inauguraron en el pacífico sur de Nicaragua las primeras obras del canal. No obstante, la actividad se hizo con maquinaria prestada o alquilada y apenas se reparó un camino que ahora permanece dañado por la lluvia.

Muestra de que el canal no se haría, está la pérdida del 85% del valor de los activos en la bolsa de valores de China, que tuvo la empresa de telecomunicaciones de Wang Jing, Xinwei.

Así mismo, hace pocos días Panamá formalizó relaciones diplomáticas con China, país asiático inversor en la ampliación del canal interoceánico panameño, sepultando cualquier duda de que el estado chino sería el principal financista del proyecto nicaragüense.

El empresario Wang Jing no aparece por Nicaragua y Daniel Ortega retiró de sus discursos oficiales el proyecto canalero.

Realidad

Lo que aún existe es la ley 840, la misma que avala el proyecto y fue aprobada sin consultas por diputados del Gobierno. La legislación entrega la soberanía nacional a la empresa concesionaria, al permitirle extraer recursos naturales o desarrollar cualquier actividad en todo el país en nombre del canal interoceánico.

Además, la ley ofrece expropiar a precio de catastro inferior al del mercado, las tierras de campesinos que viven por donde sería establecida la ruta canalera. Según el centro Humboldt, 120.000 personas serían desplazadas por el proyecto, aunque HKND asegura que “sólo serían 40.000 personas”. También se verían afectadas 20 comunidades, así como el Lago de Nicaragua, el principal cuerpo de agua de reserva de Centroamérica.

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<div>Un grupo recoge firmas en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua</div>
Un grupo recoge firmas en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua

Abogados ambientalistas que se oponen al canal presentaron 30 recursos contra le ley, por supuestas violaciones a la soberanía y a la constitución, pero todos fueron rechazados en 2013 por la justicia en manos de Ortega.

También fue rechazada en 2016 una iniciativa de ley ciudadana, respaldada por 28 mil firmas de nicaragüenses para revertir la 840, pero también fue rechazada por el parlamento.

Además, campesinos ubicados en la ruta canalera han protestado 89 veces en diferentes partes del país, exigiendo a los diputados del partido de gobierno que deroguen la ley 840, de las cuales 5 han sido reprimidos salvajemente por la policía dominada por Ortega.

Aunque el canal parece estar más sepultado que nunca, la ley sigue siendo una espada de Damocles para el pueblo nicaragüense.

Derogación

Mónica López Baltodano, abogada ambientalista y asesora del movimiento campesino anticanal, cree que aún existen cinco escenarios posibles sobre el proyecto canalero.

Uno es que efectivamente el proyecto se haga, pero el mismo solo puede ejecutarlo una nación como China que tiene el recurso económico, tecnológico y capital humano, dado que es difícil que se financie en bolsa de valores.

Un segundo es que solo se hagan los subproyectos, cuyas concesiones pueden ser revendidas por HKND y se garantizaría, sin construir nada, un enorme negocio.

Una tercera opción es que HKND en nombre del fallido proyecto expropie para beneficio propio recursos naturales valiosos para el país y sus ciudadanos, como tierras, recursos de agua y forestales, entre otros.

El cuarto escenario es que todo este entramado de empresas de maletín en paraísos fiscales creadas alrededor del proyecto, sirvan para lavado de dinero.

Y el quinto escenario es que detrás del proyecto haya intereses geopolíticos de potencias extranjeras que ayuden a realizarse.

“Tenemos que lograr la derogación a la concesión canalera en el menor tiempo posible. El movimiento campesino ha logrado cambiar todo el esquema de negocios que ellos tenían esta concesión”, puntualizó Baltodano.

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