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MIAMI.- Por primera vez el Gobierno de Estados Unidos asomó la posibilidad de aplicar sanciones económicas directas sobre Venezuela, dejando de lado la postura de que cualquier medida que se tomara en este sentido contra el país podría afectar al pueblo, y, por ende, fortalecer al régimen chavista.

El abanico de medidas es amplio que va desde suspender o limitar la compra de petróleo venezolano; restricciones a los mercados de capitales primarios y secundarios a entidades que pertenecen al Gobierno; hasta sanciones contra empresas estatales y privadas dedicadas a importaciones específicas, así como a sus dueños o accionistas.

El extender el bloqueo de propiedades y suspender la entrada de ciertas personas, civiles o militares, que contribuyen a empeorar la situación en Venezuela, es otro de los recursos, tomando en cuenta que ya hay más de 110 personas bajo sanciones por esos hechos.

Tras la consulta popular del domingo, en el que la oposición alcanzó más de siete millones de votos para rechazar el proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente Nicolás Maduro, Washington cree que ha llegado la hora de la línea dura.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes 17 de julio que “si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas”. El asunto ahora es qué medidas tiene en mente.

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Venezolanos opuestos al régimen de Maduro piden a Trump hacer de Venezuela un país seguro otra vez.
Venezolanos opuestos al régimen de Maduro piden a Trump hacer de Venezuela un país seguro otra vez.

Energía y petróleo

Primero, y sin duda, lo más peligroso es que la Casa Blanca pueda imponer un embargo a la compra de petróleo venezolano o sus derivados por parte de empresas estadounidenses, del que depende 90% de las divisas que entran a Venezuela.

Para “Estados Unidos las importaciones de petróleo venezolano son importantes pero mucho menos que en el pasado. Antes del shale boom el país importaba casi 3/4 de su consumo de petróleo. Ahora no”, me explicaba en abril pasado Lisa Viscidi, directora del Programa de Energía del centro de análisis Diálogo Interamericano.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) vende a EEUU unos 700 mil barriles diarios, siendo su mejor cliente y con pagos directos en efectivo, por lo que un embargo sería un golpe fuerte para la industria.

“Es cierto que logísticamente tiene sentido importar petróleo venezolano, por la cercanía geográfica y por la red logística entre los países, pero los Estados Unidos encontraría otros exportadores para reemplazar el crudo venezolano”, acotaba Viscidi.

Bloqueo de inversiones

Como ocurrió con Zimbabue en 2005 o Myanmar en 2003, la Casa Blanca prohibiría a empresas, ciudadanos o subsidiarias estadounidenses de sectores específicos como diamantífero o petrolero, hasta más básicos como servicios, hacer negocios con el Estado venezolano o consorcios relacionados con éste, lo que dejaría en el aire asociaciones estratégicas firmadas recientemente.

Banca privada y de negocios

El Departamento del Tesoro, quien administra las sanciones, podría emitir una orden en la que prohíbe a la banca estadounidense o subsidiarias adquirir bonos del Estado venezolano, con lo que se cierra la principal válvula de oxígeno del gobierno de Maduro en los últimos años, que ha recurrido al endeudamiento vendiendo papeles de Pdvsa para obtener liquides.

Como una muestra, el Grupo Goldman Sachs compró en mayo pasado 2.800 millones de dólares en bonos de Pdvsa que habían estado en el poder del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sistema financiero

Al mismo tiempo, y de manera radical, el Tesoro puede suspender el uso del sistema financiero estadounidense para transacciones estatales venezolanas, lo cual mataría el comercio de Venezuela, que utiliza a entidades de EEUU para manejar los negocios de Pdvsa Houston, o compras de provisiones de bienes y servicios adquiridos en el exterior.

Tomando en cuenta el historial de medidas sobre Venezuela por temas como narcotráfico, la Red de Control de Crímenes Financieros ( FinCEN) puede actuar emitiendo una prohibición a las instituciones financieras estadounidenses de mantener cuentas corresponsales de bancos venezolanos bajo el argumento de evitar el levado de dinero, algo similar a lo que se aplicó con Myanmar en 1997 para presionar a la Junta Militar.

El abanico de legislaciones para aplicar sanciones internacionales (Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, la Ley de Emergencias Nacionales) e incluso una dedicada a Venezuela como es la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de 2014 de Venezuela, es extenso, aunque la administración Trump puede seguir afincándose en los funcionarios públicos represores o ir contra lo que sostiene al aparato: el dinero.

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