El abogado constitucionalista Hermann Escarrá es conocido por sus “saltos de talanquera” entre los linderos de la oposición y el oficialismo, lo que lo ha colocado en la lista de los personajes de la política venezolana más polémicos y despreciados por un sector importante de la población venezolana.

Escarrá formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, convocada por el entonces presidente Hugo Chávez, para redactar la Constitución que está en vigor. Luego de eso, dio su primer giro político y se convirtió en férreo opositor del Gobierno.

En 2007, Escarrá formó parte del Comando Nacional de la Resistencia, donde colaboró intelectualmente para impedir que se aprobara la reforma a la Constitución venezolana que proponía Chávez en ese entonces y que fue negada en un referéndum.

Es recordado, incluso, por su llamado a desconocer a Chávez, a quien llamó “usurpador del poder” y pidió una "marcha sin retorno” a Miraflores.

“El pueblo saldrá ordenadamente para expulsar a quienes entregan la patria (...) Ya ha llegado la hora. Este es el momento”, dijo en ese entonces Escarrá, quién ahora, desde el otro lado de la talanquera, criminaliza las protestas de ciudadanos que piden un cambio e impulsa una nueva Constituyente.

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En 2010, calificó al Estado Comunal, ese al que apunta Nicolás Maduro en la actualidad, como un “Golpe de Estado a la Constitución” y llamó a desconocerlo.

El constitucionalista fue el referente jurídico de la oposición venezolana hasta el 2012. Tras la muerte de su hermano, el también abogado Carlos Escarrá, pilar jurídico del chavismo, Hermann dio otro giro y se sumó, una vez más a las filas del oficialismo, de las que ya había entrado y salido en dos oportunidades.

Dado que los hermanos Escarrá formaban parte de la política nacional, eran diferenciados en tono de humor por la oposición, como “Escarrá, el bueno”, en el caso de Hermann cuando estaba en la oposición y “Escarrá, el malo”, en referencia a Carlos por su respaldo al chavismo.

En 2016, Escarrá enfiló sus estrategias jurídicas para impedir el revocatorio, solicitado por la oposición para acortar el período presidencial de Maduro.

Ahora, sus malabarismos jurídicos están en consonancia con el proyecto de Asamblea Constituyente, con la cual el Gobierno prevé reformar la Constitución de 1999.

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