CARACAS.- Una serie de documentos han dejado en evidencia a Rafael Ramírez, el hombre fuerte por años de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como el principal responsable de uno de los escándalos más sonados del chavismo como fue la pérdida de 130 toneladas de alimentos importados por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) ocurridos en el año 2010.

PDVAL, una de las 250 filiales que posee PDVSA, fue una creación del fallecido Hugo Chávez en 2008 con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los alimentos en el país. Sin embargo, el negocio de la importación se convirtió en una tentación que terminó en una cadena de corrupción en la que participaban las empresas contratas por la estatal petrolera, ya que se comenzaron a importar alimentos con mayor rapidez, sin control alguno, de los que la compañía era capaz de distribuir.

Jesús Villanueva, por ese entonces Auditor General de PDVSA, alertó a través de un memorándum a Ramírez, presidente de la compañía entre los periodos 2004 y 2014, sobre las numerosas irregularidades en los procesos de contratación, recepción y distribución de más de un millón de toneladas de alimentos importados, por un costo que alcanzó los 2.248 millones de dólares.

El memorándum confidencial fue dado a conocer por el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, tras una investigación de más de 9 meses acerca de la gestión de Ramírez al frente de PDVSA de 2004 a 2014, y que permitió detectar un daño patrimonial a la nación superior a los 11.000 millones de dólares.

De acuerdo con la investigación de la Comisión de Contraloría, la corrupción en este hecho fue apoyada a través de a través de su filial BARIVEN (empresa que se ocupa de la adquisición de materiales y equipos necesarios para las actividades de Exploración y Producción, Refinación y Gas) incurrió en graves irregularidades administrativas durante la importación de alimentos entre 2007 y 2008, tales como:

– Asignación de contratos a empresas que no presentaban la mejor oferta.

– Deficiencias en los controles de recepción de las mercancías.

– Otorgamiento de anticipos de dinero a empresas importadoras sin garantías.

– Aprobación de órdenes de compra de productos que no reunían las condiciones de calidad requeridas.

– Alimentos dañados en los rubros de caraotas, pollo, leche líquida, leche en polvo y carne de res.

– Alimentos nacionalizados no despachados.

– Incumplimiento en las entregas de alimentos contratados.

Desfalco millonario

En el memorándum que hizo público Guevara y que implica a Ramírez como testigo de primera fila de la importación desenfrenada por parte de empresas poco reconocidas, señala que “la distribución efectiva de alimentos fue inferior al 14% del total comprado y pagado (…) no fueron manejados adecuadamente ni distribuidos de forma eficiente a la población venezolana”.

Tras este escándalo, tres personas fueron detenidas e imputadas por el caso PDVAL: su expresidente, Luis Enrique Pulido, y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt; todos enfrentan cargos de boicot y peculado. No obstante, después de 25 suspensiones de juicio, los acusados recibieron el privilegio de ser juzgados en libertad y salieron de prisión en noviembre de 2011, llegando inclusive a volver a sus puestos de trabajo.

Por otra parte, durante la denominada emergencia alimentaria obligó a PDVSA a asumir las tareas asignadas por el Ejecutivo Nacional en 2007, incurriendo en endeudamiento y delegando en BARIVEN dicha responsabilidad.

El documento interno de PDVSA conforma uno de los principales elementos probatorios de la responsabilidad de Rafael Ramírez en el desfalco de la estatal petrolera. La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría detectó que el caso de los alimentos dañados causó un daño patrimonial de 1.932.637.902,50 dólares.

Ante este hecho, Guevara consignó el expediente completo de la investigación ante la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que dicha instancia inicie el proceso respectivo para la sanción de Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, expresidente de BARIVEN; así como de una veintena de funcionarios más.

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FUENTE: REDACCIÓN

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