Por Miguel Ángel Rodríguez

Los costarricenses tenemos una gran deuda con Venezuela. En sus anteriores períodos dictatoriales tuvimos el beneficio de los aportes que nos dejaron venezolanos que vivieron acá su destierro, como Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez; durante su vida democrática, socialdemócratas y socialcristianos venezolanos colaboraron con las tareas formadoras de nuestros partidos políticos; y cuando estuvimos en peligro de ser atacados por el somocismo se hicieron presentes con su conocimientos y sus armas para apoyarnos.

Hoy, Venezuela requiere el apoyo de América Latina y el liderazgo de Costa Rica promoviéndolo.

Claro que la emergencia humanitaria por el desabastecimiento de alimentos y medicinas debe convocar nuestra fraternal solidaridad. Claro que la opresión de la dictadura que mancilla vida, libertad y patrimonio de los venezolanos debe provocar nuestra acción en defensa de los derechos humanos, incluido el derecho a vivir en democracia en un Estado de derecho.

También están en juego nuestro sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la vigencia de la democracia en América Latina.

Destrucción. En Venezuela poco a poco el chavismo fue destruyendo la democracia. Se fueron violando las libertades de empresa y de prensa. Se fue derrochando la riqueza natural agigantada por el gran aumento de los precios del petróleo, al tiempo que se endeudaba sin recato el país.

Impunemente se corrompieron militares y funcionarios y se entregaron al narcotráfico. Se armó a pandillas criminales y la delincuencia y la violencia contra vida y propiedad de las personas se desató. Se encarceló a los adversarios políticos.

Si un gobernador o alcalde era elegido por la oposición, se creó una estructura paralela dominada por el gobierno a la cual se le otorgaban los recursos públicos. Se depuso de sus cargos de elección popular a diputados que estorbaban al oficialismo. Se irrespetaron las sentencias que en defensa de los derechos humanos y en contra del gobierno de Venezuela dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Vino la elección parlamentaria de diciembre del 2015 y se reconoció el apabullante triunfo de la oposición, pero se le fueron vaciando funciones a la Asamblea Nacional.

Se aprovechó el período antes de la toma de posesión de los nuevos diputados para apoderarse descaradamente del Tribunal Supremo de Justicia nombrando personas totalmente sometidas al chavismo. Y se usó a este poder para suspender sin juicio a los diputados de la Amazonía y disminuir la mayoría de dos tercios de la oposición.

Luego se le fueron cercenando a la Asamblea Nacional las facultades de emitir leyes, decretar una amnistía en favor de los presos políticos, aprobar los decretos de emergencia y los presupuestos. El desastre económico se convirtió en emergencia humanitaria por el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Se impidió la ejecución de un referéndum revocatorio convocado por la oposición y se continuó encarcelando a opositores, distrayendo a la oposición con negociaciones que no condujeron a nada. Se impidió efectuar las elecciones de gobernadores y alcaldes que estaban previstas para el año pasado. A los diputados ilegítimamente suspendidos en sus funciones ni se les juzga ni se permite realizar elecciones para sustituirlos.

Autogolpe. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia con su ilegitima integración, decidió la noche del miércoles 29 de marzo dejar sin competencias a la Asamblea Nacional por estar en desacato de órdenes de ese Tribunal.

La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asuma el papel del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. De esta manera los poderes Ejecutivo y Judicial se dan un autogolpe de Estado. Terminó así cualquier apariencia de democracia que haya pretendido disfrazar a la dictadura chavista. Esto no se remedia con una simple renuncia a la arbitraria actitud del Tribunal Supremo de Justicia.

Y ahora se incrementa la violencia contra las protestas pacíficas de los ciudadanos en las calles y se persigue a más dirigentes de la oposición.

Están en juego la vida de los habitantes de Venezuela y la recuperación de su democracia. Si no se pone coto a este embate dictatorial, ¿por qué podríamos creer que habrá elecciones presidenciales libres en el 2018 o que se respetarán sus resultados? Está claro que ya se está estableciendo un gobierno dictatorial de partido único al estilo del de los hermanos Castro en Cuba.

Sistema Interamericano. Si el Sistema Interamericano no tiene capacidad para tomar acciones drásticas frente a las violaciones a los derechos humanos, ¿qué pertinencia tiene su existencia? ¿Para qué mantenerlo si ante la más evidente necesidad es totalmente inoperante? El debilitamiento del Sistema Interamericano es especialmente negativo para nuestra desarmada Costa Rica, por lo que nuestro interés en protegerlo es aún mayor.

No repitamos la actuación timorata de América Latina que vivimos ante la dictadura de Noriega y la persecución a los panameños por parte de sus dobermans.

Para evitar que la dolorosa situación de Venezuela acabe en una dictadura castro-comunista o en un baño de sangre se necesitan acciones drásticas y contundentes de la comunidad internacional, especialmente de la de nuestro hemisferio. Una suspensión de la compra de petróleo a Venezuela puede forzar al gobierno a de verdad negociar, pero si una medida como esa es tomada unilateralmente por EE. UU. más bien sería contraproducente para el caso venezolano y muy perjudicial para las relaciones hemisféricas.

Es preciso que continúe la OEA en su tarea de aplicar la Carta Democrática Interamericana y defender los derechos humanos, incluido el de vivir en democracia. Se requiere una contundente actuación de América Latina. Costa Rica está comprometida y profundamente interesada en que ella se dé. Tiene la palabra el presidente de la República.

El autor fue presidente de la República de 1998 al 2002.

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