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Altos jefes del estamento militar venezolano han sido señalados en diversos casos de corrupción en los que se movilizan millones de dólares. Desde narcotráfico, operaciones de lavado de dinero, vínculos con capos de la droga, narco guerrilla, sobornos, tráfico de oro, compra y venta de divisas hasta altas comisiones en negocios con el Estado venezolano, conforman un mapa de actividades que vinculan a jerarcas de la institución armada con el crimen organizado.

Casos tratados desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, reflejan los grandes negocios, a través de empresas del Estado manejadas por militares, industrias creadas por la institución armadas y en especial la importación de alimentos e insumos a manos de altos jefes militares, describen el grado de corrupción en el que se han involucrado uniformados designados en tareas de Gobierno.

Adicionalmente diversas investigaciones realizadas por organismos federales en EEUU han señalado a altos jefes del Gobierno, civiles y militares, vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. Asimismo, escándalos financieros en la banca internacional reflejan movilizaciones de miles de millones de dólares cuyo origen es la corrupción.

La incorporación de altas figuras del Gobierno de Venezuela, en la lista de Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) en la que se incluye al propio presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tarek El Aisami, ministros, importantes figuras del Gobierno y altos jefes militares, compromete al Gobierno de manera estructural con el crimen organizado. Así lo han señalado autoridades federales e importantes informes emanados del senado de Estados Unidos.

La OFAC pertenece al Departamento del Tesoro de EEUU y está dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y personas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Alejandro Rebolledo, abogado experto en lavado de dinero y uno de los magistrados designados por la Asamblea Nacional de Venezuela, actualmente en el exilio por amenazas del Gobierno, explica en entrevista concedida a El Nacional, que la delincuencia organizada en Venezuela no es de grupos paralelos al Gobierno, son organizaciones que se han infiltrado en el Estado hasta instalarse en su estructura; “son verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en la economía venezolana”.

Estima el especialista que el monto global de lo que han movilizado las mafias en 18 años de Gobierno chavista es de 800 mil millones de dólares.

Las FANB en el poder

Desde que Hugo Chávez llegó al poder uno de sus principales objetivos fue transformar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De ser una institución para la defensa al servicio de toda la nación, la FANB ha sido convertida en un brazo armado de la revolución, tal como lo aclaman sus actuales jefes uniformados.

Al lado de una constante depuración de sus integrantes, un proceso de ideologización a lo interno y con la incorporación de militares a la conducción de los principales planes gubernamentales, se les otorgó todo tipo de privilegios en el manejo de los principales proyectos de la revolución.

Lo más importante es que fueron colocados al frente de los principales planes económicos de la nación, con escaso o ningún control desde las instituciones civiles del Estado. Actualmente ocupan 34% del gabinete ministerial de Nicolás Maduro. A partir del retiro como militares activos, gran parte de ellos emprendieron la carrera política y además ocupan altos cargos en el Gobierno: 11 de los 23 gobernadores de Estado son militares.

Como parte fundamental en la estructura y el modelo de Gobierno implantado en Venezuela, el sector militar ha sido, al igual que el resto del Estado, penetrado por la corrupción. De acuerdo al índice que lleva Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el lugar número uno en Latinoamérica y el Caribe.

El subsecretario adjunto de Estados Unidos para Sudamérica, Michael Fitzpatrick, dijo en declaraciones públicas, poco antes de la pasada reunión de la OEA en Cancún, que Venezuela vive una “hiper crisis” con violaciones a la Constitución y destacó que la gran presencia de militares a cargo de temas económicos y sociales aproxima el gobierno venezolano a las “juntas militares” que encabezaron varias dictaduras en Latinoamérica en el siglo XX.

Comentó además Fitzpatrick que “el gobierno de Nicolás Maduro se refiere orgullosamente a su régimen como una unión cívica-militar, con más de 2.000 generales en actividad dentro de las fuerzas militares del país”, y expresó que hay rumores de que Venezuela tiene más generales en activo que todos los 29 países de la OTAN juntos.

Narcotráfico

Un estudio realizado por la ONG venezolana, Observatorio del Delito Organizado, en base a información pública, registró que entre agosto de 2015 y agosto de 2016, 38 miembros de la Fuerza Armada aparecieron involucrados en delitos de narcotráfico. Se trata de militares de alto y bajo rango señalados en diversos delitos de tráfico de drogas, colaboración con las FARC en el envío de drogas a través de Venezuela, vuelos ilícitos y especialmente grandes decomisos en el exterior provenientes de Venezuela.

Diversos testimonios y detenciones de importantes jefes militares en el exterior dan cuenta del vínculo de altos jefes militares con este delito. El capitán Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez, declaró ante la DEA, como testigo protegido, señalando a importantes jefes del Gobierno en el narcotráfico. Entre ellos mencionó a Diosdado Cabello, el número dos del Gobierno, quien ha respondido que pueden investigarlo.

Otro testigo protegido ha sido Rafael Isea, oficial retirado del Ejército, exministro de Finanzas, y exgobernador de Aragua. Desde septiembre de 2013 se convirtió en testigo de la DEA denunciando al llamado cártel de los Soles, manejado por altos oficiales venezolanos.

El mayor general Hugo Carvajal, actualmente diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está incluido en la lista Clinton y fue señalado desde 2008 por tener vínculos con las FARC. Designado cónsul en Aruba en 2014, fue arrestado por solicitud de las autoridades estadounidenses y por gestiones diplomáticas fue devuelto a territorio venezolano. También fue apuntado por el capo de la droga Walid Makled como colaborador en diversas operaciones.

El capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, oficial de la Guardia Nacional Bolivariana y servidor de confianza de la familia presidencial, fue arrestado el 6 de junio y extraditado a EEUU por ser un operador clave en el llamado cártel de los Soles coordinando salida de aviones cargados de droga.

El capo de la droga Walid Makled, incluido en la lista Kingpin del Departamento del Tesoro que agrupa a los capos más importantes a nivel mundial, ha señalado a importantes jefes militares venezolanos como sus colaboradores. Entre ellos, además de los ya indicados, destaca el general Henry Rangel Silva, exdirector del SEBIN y gobernador de Yaracuy; el ministro de Energía Eléctrica, mayor general Luis Motta Domínguez quien también ha estado investigado por la DEA y fiscales federales de Nueva York. En su lista está igualmente el ministro de Interior y Justicia, mayor general Néstor Luis Reverol, también acusado en Estados Unidos desde 2016 por tráfico de drogas. Un aliado importante de Makled, según sus confesiones, fue el exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez.

Marco Torres y Nestor Reverol
Rodolfo Marcos Torres, quien fuera ministro de Economía y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Rodolfo Marcos Torres, quien fuera ministro de Economía y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.

Lavado de dinero

Recientemente, el exjefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, el capitán Adrián José Velásquez Figueroa y su esposa, la también militar, sargento técnico de la Guardia Nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, aparecieron en el llamado escándalo “Panama Papers” referido a personas que registraron empresas en paraísos fiscales para lavar dinero. Según las investigaciones publicadas en el libro de Carlos Tablante: El gran saqueo, la pareja manejó unos 2.000 millones de dólares a través de varias empresas.

Otros dos militares, Alejandro Andrade, muy cercano a Hugo Chávez y el general Rodolfo Marcos Torres, quien fuera ministro de Economía, aparecen en la investigación en la que participaron 45 periodistas de distintos países, sobre el escándalo de lavado de dinero del banco HBSC con sede en Suiza, indica que habrían colocado en esa entidad 11.700 millones de dólares.

Empresas del Estado

Otro de los grandes negocios que han controlado los militares venezolanos son las empresas del Estado. El proceso de estatizaciones que se produjeron en el país a partir del año 2005 puso en manos de los uniformados todo tipo de empresas. Esa tendencia se multiplicó en los últimos tres años de Gobierno de Nicolás Maduro.

Un trabajo publicado por la periodista Mayela Armas, refiere que entre 2013 y 2017 se han constituido 14 compañías militares en áreas claves, con lo cual el poder económico de los jefes militares cuanta ya con 20 industrias para una gran variedad de productos.

El conglomerado de empresas manejadas por militares va desde la fabricación de municiones hasta la elaboración de agua, uniformes y cauchos. A 16 de las 20 compañías militares el Ejecutivo este año le destinó de manera inicial más de 1.000 millones de bolívares, indica el mencionado reportaje.

Paro al mismo tiempo han tenido en sus manos el manejo de importantes empresas o áreas estatizadas bajo cuya dirección han sido asignados altos jefes de la FANB.

Una de las áreas más importantes en los últimos años ha sido la importación de alimentos. En el contexto de un Gobierno que ha destruido la tercera parte de sus industrias y en el área alimenticia ha pasado a controlar 90 empresas industriales de alimentos, la mayoría de ellas ha sido puesta en manos de militares, pero como efecto de la corrupción tales empresas se encuentran semiparalizadas. A ellos se agrega el control de la política de importación de alimentos que ha sido una importante fuente de corrupción con una larga lista de escándalos por sobreprecios y compra de alimentos en el exterior con sobreprecios y que en algunos casos han llegado a puerto, ya descompuestos o vencidos.

Cinco ministros de Alimentación han sido altos jefes militares y todos ellos fueron investigados por desvío de millones de dólares por la Asamblea Nacional conformada por mayoría opositora.

Además de alimentos, los uniformados han controlados importadoras de medicinas, manejado empresas cementeras, construcción, minería, suministros de equipos de diversas materias, depósitos, importación de maquinarias, bancos, construcción de viviendas, comercio exterior, banca y finanzas, agricultura, industria pesquera y energía eléctrica.

Esas actividades están controladas desde empresas del Estado, ministerios públicos, organismos públicos o corporaciones. En los casos de importaciones se ha encontrado que se contratan firmas de maletín registradas en el exterior usualmente manejadas por familiares o allegados a quienes dirigen las operaciones desde Venezuela.

Es de destacar que los productos de todas esas áreas destacadas a manos de oficiales padecen de altos índices de desabastecimiento y en todas las áreas se han producidos importantes denuncias por corrupción.

Tráfico de oro

El tráfico de minerales, especialmente el oro, el diamante y el coltán ha sido un negocio que los expertos califican que es tan rentable como el narcotráfico. La explotación ilegal de minerales que se ha realizado especialmente en el sur de Venezuela en el Estado Bolívar, se incrementó a partir del año 2007 cuando, a través de un decreto de Hugo Chávez, fueron expulsadas las compañías concesionarias especializadas en la explotación industrial del oro y el diamante. Las zonas de explotación fueron invadidas por la pequeña minería ilegal que con el tiempo han sido controladas por bandas armadas en las que un sector militar está involucrado.

Denuncias del comisario jefe del SEBIN, José Gregorio Gómez y las investigación realizada por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional por el conocido caso de la “Masacre de Tumeremo, se señaló al general Francisco Rangel Gómez, gobernador de ese Estado, como el hombre que “mantiene sometida a las instituciones del estado Bolívar y ejerce dominio de la delincuencia organizada” que controla el tráfico de oro y otros negocios ilícitos en la región.

Compras de armas

Una de las áreas de mayor opacidad en el sector militar ha sido la compra de armas. La ONG Control Ciudadano, en su último informe sobre la materia (2013-2016) destaca la ausencia de control parlamentario en las adquisiciones de sistemas de armas, ausencia de licitaciones y el incumplimiento de contratos por parte de proveedores. Rusia y China se han convertido en los principales proveedores de armas siendo los equipos antimotines una de las prioridades a partir de las manifestaciones que se desataron en 2014. Las adquisiciones en los años señalados alcanzan a 15 millones de dólares, siendo Venezuela principal país latinoamericano comprador de armamento.

Entre los 56 documentos electrónicos entregados por la fiscal venezolana destituida, Luisa Ortega Díaz, a autoridades de Estados Unidos e Interpol, se encuentra un expediente que muestra que una empresa vizcaína, Rabazve Holding, dirigida por dos ciudadanos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, recibió comisiones de 38 millones de euros en una operación de venta de ocho buques militares de la empresa pública Navantia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su Ministerio de Defensa, entonces en manos de José Bono, llevó a cabo con la Administración de Hugo Chávez en 2005.

Según la información difundida por el portal La Tribuna, del país Vasco, dirigentes del PSOE y altos cargos militares venezolanos se habrían repartido la comisión de 38 millones de euros que la empresa vasca Rebazve obtuvo por las ocho patrulleras que Rodríguez Zapatero vendió a Hugo Chávez en 2005.

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