CARACAS.- El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), publicó este martes un informe que detalla la cantidad de víctimas registradas durante las 946 manifestaciones que se han realizado en el país caribeño, desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo del presente año.

La organización no gubernamental contabilizó 44 fallecidos, mientras que el Ministerio Público solo ha confirmado 36. Asimismo, precisa que los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estas cinco semana, con un registro de 63 casos, en los que resultaron afectados establecimientos y transportes.

El informe detalla que Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante las últimas semanas.

En referencia a los arrestos durante las protestas, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV), está por encima de 1.700 personas.

"Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés", reseña una nota de prensa del OVCS.

En ese sentido, la organización acota que las acciones violentas realizadas por civiles armados, incorporados al organigrama de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), amparados en el Plan Zamora, incrementa el expediente que en materia de violaciones a Derechos Humanos acumula el Estado venezolano.

La organización denunció que el Ejecutivo realiza detenciones al margen del Estado de derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Y según datos oficiales solo en Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares.

También indicó que está situación es violatoria los artículos 49 y 261 de la Constitución de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de Derechos Humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Entre las exigencias de la OVCS están poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares y a la ejecución del plan Zamora. Suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas.

La organización también pide una investigación expedita y oportuna de los asesinatos y sanción para los culpables, además de libertad plena para las personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas.

Finalmente, exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a evitar la represión, ya que, no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país.

FUENTE: REDACCIÓN

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