MIAMI.- El Gobierno de Estados Unidos decidió retirar el 60% de su personal en Cuba y sus familiares, así como cerrar la concesión de visas por tiempo indefinido. Según documentos del Departamento de Estado, solo permanecerá en La Habana “personal de emergencia”. Además, Washington también advirtió a sus ciudadanos de que no viajen a Cuba porque podrían verse afectados por los ataques sónicos.

Así pues, no habrá ruptura de relaciones, cierre de embajada ni retirada del embajador. Pero la acusación está en pie: el gobierno cubano no garantiza la seguridad de los diplomáticos estadounidenses. Un señalamiento que podría agravarse en caso de que se logre despejar el misterio de los ataques.

Varios líderes del exilio manifestaron su opinión al respecto. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, dijo que “era la respuesta adecuada” tomando en cuenta la gravedad de lo sucedido. “He tenido acceso a información restringida, además de consultar literatura científica, y puedo asegurar que los diplomáticos fueron agredidos con un arma bien poderosa”, subrayó. “Es una medida, además, que se enfila a lograr un cambio de régimen”, indicó. “Hay evidencias bien fuertes. Es probable, incluso, que más adelante Cuba vuelva a integrar la lista de países terroristas”, concluyó.

Marcelino Miyares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC, con sede en Miami), no lo ve de esa manera. Expresó que la respuesta del gobierno estadounidense persigue el objetivo de “proteger a su personal”. Y enfatiza: “es una medida específica que no pretende ser de política en general hacia Cuba”. Con todo, Miyares considera que la decisión es “racional y lógica”, como corresponde a “un hecho que resulta extraño y no tiene precedentes”.

Por su parte, Giancarlo Sopo, presidente de la Fundación CubaOne califica de “lamentable la decisión de suspender los programas de visas para los cubanos en la Isla”. En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Sopo indicó que “este país y nuestra comunidad siempre han apoyado a todos aquellos que desean vivir en tierras de libertad; esta acción contradice esos valores”.

El excongresista Joe García señaló que la retirada del personal diplomático “es una medida correcta de nuestro país para preservar la seguridad de sus ciudadanos”.

En cambio, manifestó su preocupación por la suspensión de los visados. “Hay que preguntarse a quién hace daño esta medida. Pues a los familiares de los residentes de esta comunidad. Cientos de miles de familias se verán afectadas, ya no podrán viajar a Estados Unidos”, dijo García. “Imagínate si una persona contrae una enfermedad seria, ¿cómo tramitará su visa? O el caso de un opositor, objeto de persecución, ¿cómo hará? Tendrá que viajar a un tercer país…”.

Sin duda, la suspensión de los visados se convierte en un problema delicado. DIARIO LAS AMÉRICAS consultó el tema con la abogada de Inmigración Kristy Figueroa-Contreras. “Se trata de un problema de seguridad y por eso suspenderán todo tipo de visas, tanto las reclamaciones para residentes como las visas de turistas”, indicó. “Falta información detallada, pero los cubanos tendrían que viajar a un tercer país para tramitarlas, lo cual se hace muy difícil”.

Un reciente editorial del sitio digital Diario de Cuba responsabilizaba directamente a Alejandro Castro Espín, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, de la situación. “Por acción u omisión, el régimen cubano es responsable de esos ataques, y tocaría al coronel Alejandro Castro Espín dar explicaciones” rezaba el texto. Según la publicación, el hijo del gobernante Raúl Castro es “inútil o culpable”.

Durante semanas Cuba se abstuvo de comentarios sobre el tema. Pero el canciller Bruno Rodríguez Parrilla advirtió días atrás en la ONU de que Estados Unidos no debía politizar el tema (¡¿y cómo no hacerlo?!) ni tomar decisiones apresuradas. Respecto a los “ataques”, señaló que no había evidencias y pidió la colaboración de las autoridades estadounidenses.

El 27 de septiembre el diario Granma, aun sin restar gravedad al incidente, cuestionó y hasta ridiculizó lo que calificó de “teorías conspirativas”. El rotativo oficial insertó opiniones de médicos y científicos, algunos extranjeros, rechazando la idea de un ataque sónico o magnético. En el aire, la idea de que es un “infundio propagandístico yanqui” para justificar una agresión. Algo parecido a lo acontecido con las informaciones del New York Journal, propiedad de William Randolph Hearst, luego del hundimiento del acorazado Maine en 1898.

El argumento, aun en términos de propaganda, es sumamente burdo. Desconocer la causa de un fenómeno —si la inopia fuese cierta— no hace desaparecer sus consecuencias. Tampoco releva a las autoridades de asumir sus responsabilidades.

Semanas atrás, varios senadores, entre ellos Marco Rubio, habían pedido el cierre de la embajada. Cinco miembros del Comité Selecto de Inteligencia del Senado solicitaron declarar persona non grata a todo el personal diplomático cubano acreditado en EEUU y cerrar la Embajada en La Habana.

Un editorial del diario neoyorquino The Wall Street Journal (TWJ) propuso que Washington no cerrara su embajada, sino que expulsara a 21 diplomáticos cubanos: el mismo número de afectados por los "ataques acústicos". Frank Calzón, director del Centro por una Cuba Libre, con sede en Washington, comentaba recientemente en el National Review lo siguiente:

“Puesto que Castro es incapaz de garantizar la seguridad de los diplomáticos, el presidente Trump debería, al menos, atraerlos de vuelta a Estados Unidos para su evaluación médica. No deben retornar hasta que el régimen explique el ataque, identifique a las personas responsables y especifique las medidas que toma para impedir más lesiones. Hasta que se resuelva el asunto, los diplomáticos cubanos deben regresar a La Habana (…) ¿Cuál es el propósito de tener a diplomáticos estadounidenses en Cuba, si no hay garantía de su seguridad física?”.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), con sede en Miami, condenó en un comunicado no solo la explicación del gobierno cubano ante los ataques, sino también la respuesta de Estados Unidos. La Fundación consideró inaceptable “que estos hechos sean diluidos, minimizados, acallados por el Departamento de Estado y cualquier otra agencia que tenga relación con su investigación”. Asimismo, también calificó de “inaceptable” que se permita al agresor evadir el escándalo y escapar de sus consecuencias políticas, diplomáticas y financieras”, por lo que recomendó una serie de medidas, entre ellas, cierre de la embajada, expulsión de diplomáticos y retirada de embajadores de ambas capitales.

La respuesta de Washington, que puede interpretarse como provisional (en espera de la evolución del caso) no es tan dura como solicitó el exilio cubano ni como exigieron los congresistas estadounidenses. Pero tampoco es poca cosa: rebaja al mínimo el funcionamiento de la legación estadounidense, sin dañar la comunicación entre las dos partes, lo cual siempre es positivo.

La retirada del personal diplomático y sus familiares debido a la falta de garantías es el más resuelto indicativo de que el gobierno cubano no cumple con la Convención de Viena, aprobada en 1961, sobre la inmunidad del personal diplomático. Tal descrédito lo coloca en una situación muy difícil en el ámbito internacional. En momentos en que, tras un devastador huracán y con la reducción al mínimo de la ayuda venezolana, el país pide auxilio a gritos y abre cuentas para donaciones —incluso de nacionales—, esta es una imputación que puede afectar la ayuda exterior.

En los próximos meses las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tendrán que recomponerse. Aunque la embajada se queda, todo parece indicar que el acercamiento propugnado por Obama se viene abajo.

No, definitivamente, no son buenas noticias para la familia Castro.

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