MARYLAND.- SANDRA A. GROSSMAN 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos es responsable de llevar a cabo el papel engorroso pero indispensable de gestionar el ingreso de personas y productos a los Estados Unidos. El mandato de la CBP es sorprendentemente amplio: en un día normal, CBP da la bienvenida a casi 1 millón de visitantes, inspecciona más de 67.000 contenedores de carga, detiene a más de 1.100 personas e incauta casi seis toneladas de drogas ilícitas. Los funcionarios de la CBP velan por la seguridad de nuestra nación y nuestros ciudadanos. No obstante, la oficina podría esforzarse más para asegurar que los visitantes legales a los Estados Unidos sean tratados con cortesía y respeto. La CBP es el primer punto de contacto para todos los extranjeros que entran a los Estados Unidos y sus funcionarios son el reflejo de los principios e ideales estadounidenses. Lamentablemente, el tratamiento inadecuado por parte de unos pocos funcionarios de la CBP en las fronteras aéreas, marítimas y terrestres puede arruinar la imagen no sólo del propio organismo, sino también de nuestro país.

Las directivas de la CBP estipulan que “la conducta de los empleados de la CBP debe reflejar las cualidades de integridad y lealtad a los Estados Unidos... la cortesía y rapidez en la atención al público y el tratamiento del mismo y un estándar de conducta personal ejemplar que dé prestigio tanto a la CBP como a sus empleados”. La mayoría de los funcionarios de la CBP llevan a cabo exitosamente la misión de la oficina y reafirman su reputación. Sin embargo, cada vez más, hay ejemplos de tratamiento inadecuado y ofensivo, desde burlas y conductas impertinentes hasta el abuso físico directo. El American Immigration Council mantiene un registro de los peores abusos, a menudo relacionados con personas indocumentadas. No obstante, el maltrato también lo sufren personas con estatus migratorio autorizado por los Estados Unidos, así como residentes permanentes que regresan al país.

Por ejemplo, muchos de mis clientes venezolanos se han visto obligados a pedir asilo aquí. Después de luchar para reconstruir sus vidas en los Estados Unidos, se han convertido en contribuyentes y miembros activos de la sociedad. Al regresar de sus viajes al extranjero, a menudo los maltratan y se burlan de ellos, especialmente cuando llegan al Aeropuerto Internacional de Miami (por desgracia, ciertos puntos de entrada son reconocidos por ridiculizar a los viajeros). Recientemente, una familia numerosa tuvo que pasar por una segunda inspección en la que los funcionarios de la CBP comentaron que eran “los nuevos cubanos” y que parecía que el Gobierno de los Estados Unidos le estaba “dando asilo a cualquiera”. Los funcionarios incluso interrogaron a los padres, frente a sus hijos adoptivos y a otros pasajeros, sobre si los habían adoptado sólo a efectos de obtener un estatus migratorio legal.

Otros de mis clientes (funcionarios internacionales que trabajan desde hace tiempo en las numerosas e importantes organizaciones internacionales con sede en la capital) innecesariamente tienen que esperar largo tiempo y soportar tratamientos groseros. Hace poco, una de ellos tuvo que esperar casi tres horas en el Aeropuerto Internacional de Dulles (otro reconocido punto de entrada) para que la entrevistaran en relación con una solicitud de residencia pendiente. El funcionario de la CBP le comentó en voz alta a su colega que la gente que esperaba tanto tiempo para obtener la residencia a fin de evitar el pago de impuestos le parecía “despreciable” (mi cliente había pagado impuestos durante toda su estadía en el país.) Una cliente noruega, que ha sido residente legal de los Estados Unidos durante 32 años, me explicó con lágrimas en los ojos que, por un cambio de nombre, a menudo la hacen pasar a una segunda inspección en la que la someten a un severo e innecesario interrogatorio y que se siente intimidada por los funcionarios que maltratan a los viajeros sin razón aparente.

En respuesta a los abusos sistemáticos, la CBP instituyó un sistema de quejas en línea (DHS TRIP). Las denuncias que se presentan a través del DHS TRIP dan lugar a una revisión del caso y a la emisión de un número de control de compensación (redress control number) que puede, o no, ayudar a asegurar la entrada sin preocupaciones en el futuro. Sin embargo, no mucha gente conoce la existencia del DHS TRIP y para el momento en el cual se presenta la queja, el daño ya está hecho. Además, no existe un proceso de apelación y el denunciante nunca sabe qué curso se le dio a su reclamo específico.

Dadas las deficiencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se deberían establecer algunas medidas básicas adicionales para reforzar las buenas prácticas y el cumplimiento de las normas de conducta existentes.

En primer lugar, las normas se deberían exhibir en varios idiomas en la aduana de los Estados Unidos, como recordatorio de los derechos y responsabilidades tanto de los funcionarios como de los viajeros. Además deberían colocarse  avisos que informen a los viajeros que tienen derecho a pedir la presencia de un supervisor, sin temor a ser penalizados.

En segundo lugar, deberían asignarse mayores recursos para capacitar a los funcionarios en la aplicación de las normas de cortesía básica, el respeto a la privacidad de los viajeros a quienes interrogan durante las segundas inspecciones y la imposición de las sanciones adecuadas en caso de mala conducta. La CBP publicó una guía para los gerentes, supervisores y profesionales, que permite la suspensión y el posterior despido de un funcionario que haya cometido más de una infracción relacionada con conductas inapropiadas hacia el público. Podría ser de ayuda llevar a cabo un mejor seguimiento del desempeño de los funcionarios, a través de entrevistas de aduana grabadas y en video, así como también fomentar el comportamiento adecuado a través de un sistema de recompensas.

En tercer lugar, la CBP debería garantizar la aplicación uniforme de los procedimientos en todas las fronteras. Con demasiada frecuencia los viajeros son objeto de una segunda inspección arbitraria o la exigencia de requisitos no estipulados por la ley, lo que lleva a confusiones y anotaciones erróneas en el historial oficial de viajes de una persona (por ejemplo, no está claro si los asilados que retornan al país deben o no completar el formulario I-94 de registro de llegada y salida). La elaboración de un panfleto instructivo para las personas llegando en avión y para los mismos agentes del CPB seria de gran ayuda.

En cuarto lugar, los procedimientos administrativos simples, como sellar un documento de autorización de viaje al regresar a los Estados Unidos, no deberían dar lugar a una segunda inspección; los podría manejar el primer funcionario que revise el caso. Esto ahorraría tiempo y recursos tanto a la CBP como al viajero.

En quinto lugar, para los casos más complejos o cuando se les pide a los viajeros regresar al aeropuerto para una segunda inspección, la CBP debería permitir la presencia de un abogado. Esto favorecería una mejor supervisión, especialmente cuando existen asuntos legales complejos.

Dichos procedimientos contribuirían a crear un sistema de inmigración más justo y responsable y ayudarán a garantizar que continuemos siendo, no solamente un estado de derecho, sino una nación que brinda dignidad y respeto a los extranjeros en sus fronteras.

La autora es abogada. Sandra A. Grossman. Puede contactarla en su firma Grossman Law, LLC en el teléfono. 240-403-0913

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