MIAMI.- Si el plan prospera, en los próximos años los controladores aéreos de Estados Unidos trabajarán para una entidad privada en el marco de una amplia modernización, reforma de sistemas y actualización de procedimientos. La idea lanzada por el presidente Donald Trump no es nueva, pero llegó el momento para aplicarla porque el espacio aéreo estadounidense se encuentra saturado con alrededor de 90.000 vuelos comerciales diarios, esto sin incluir los pequeños aviones privados monomotores que se desplazan a baja altitud.

Además, el sistema de control aéreo se encuentra desfasado en relación con muchos países, ya que los controladores aéreos dependen mayormente de radares terrestres y no del sistema de localización GPS. La Agencia Federal de Aviación (FAA) ha comenzado a introducir el GPS hace unos años, sin embargo no tiene previsto finalizar la transición hasta el 2020.

“Lo que tenemos ahora no es ya capaz de mantener el servicio como hace años. En un momento en que cualquier pasajero tiene la tecnología GPS al alcance de su mano, nuestro sistema de control aéreo todavía depende de radares terrestres y lo radios que, en muchos casos, ya ni siquiera se fabrican. Muchos controladores usan pedacitos de papel para mantener un seguimiento de miles y miles de vuelos”, afirmó el mandatario al presentar su ambicioso plan de remodelación de la infraestructura del país, para la cual Trump ha prometido invertir un billón de dólares.

Dentro de este plan, la FAA no perdería el control sobre la nueva entidad que será creada, pero ejercería funciones de supervisión y establecería las políticas y procedimientos a seguir. “Tenemos que cambiar porque nuestro sistema está atrapado en el pasado”, indicó el Presidente.

Seguridad de los vuelos

La nueva entidad sería autosuficiente y se financiaría con los pagos de las aerolíneas para sobrevolar el territorio estadounidense y deberá obedecer a tres reglas básicas: una apertura y acceso total al espacio aéreo pasando por la certificación de la capacidad de vuelo de las aeronaves y su seguridad y supervisar la seguridad de los vuelos; mantener el acceso de la llamada “aviación rural” al sistema y los demás pilotos de aviones privados y, por último, asegurar el acceso de los militares a las rutas aéreas, la ejecución de sus misiones, en particular en las rutas aéreas consideradas de uso militar o restringido.

Aunque los nuevos empleados o los que transiten del sistema antiguo no serán considerados empleados federales deberán, según los parámetros establecidos por la Casa Blanca podrán beneficiarse de las mismas ventajas de los empleados federales. O sea, conservarían los beneficios pero sus sueldos no provendrían del presupuesto federal.

Pero, de momento, esto es apenas un plan que dependerá de la aprobación del Congreso y la tarea no se presenta fácil. Si bien los republicanos hace años que quieren una reforma del sistema de controladores aéreos, los demócratas tienen muchas reticencias porque temen que una “privatización” del sistema puede conducir a una serie de abusos como los que han estremecido últimamente a la aviación comercial con pasajeros siendo sacados a la fuerza de los aviones y el perene retraso de los vuelos, lo que obliga a los controladores aéreos a reorganizar constantemente la asignación de puertas de salida de los aviones.

A todo esto se suma las interrupciones de los sistemas informáticos que paralizan el tráfico aéreo. El mes pasado durante una audiencia en el Congreso, los demócratas sacaron a relucir que la desorganización que muchas aerolíneas sufren con los servicios al consumidor muestra que la privatización de todo lo relacionado con la aviación comercial no beneficia a los pasajeros, según la cadena CNN.

No es idea nueva

La idea de los republicanos de independizar a los controladores aéreos de la estructura gubernamental no es nueva. Surgió a mediados de los años 80, cuando el entonces presidente Ronald Reagan tuvo que enfrentar una huelga masiva de los controladores. Al Presidente no le quedó otra alternativa que militarizar las torres de control de los aeropuertos, pero hubo de sortear una serie de normas legales porque los controladores eran, y son todavía, empleados federales. Una “privatización” del sistema “le quita esa preocupación al Gobierno en caso de una nueva huelga, ya que no serían considerados empleados federales”, comentó el analista George Lister, de la revista Aviation Week.

La entrega del control del tráfico aéreo a una entidad independiente del Gobierno puede ser algo excepcional en Estados Unidos, pero en muchos países es ya una realidad hace muchos años y los resultados no han sido malos, según los especialistas. Países como Japón, Canadá, España, Portugal, Australia, Nueva Zelanda y Suiza tienen sus controladores trabajando para entidades privadas. En algunos de ellos, Cina por ejemplo, hay varias entidades de control aéreo que trabajan bajo la coordinación de gobiernos regionales.

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