Por Juan Carlos Sánchez (*)

Los países miembros de la UE decidieron fortalecerse y cooperar en la lucha contra el fanatismo terrorista después del 11-S en Estados Unidos. Los atentados del 11-M en Madrid, del 7-J en Londres y del 13-N en la capital parisina pusieron en evidencia a los servicios de inteligencia de cada país y a su policía. La mayoría de los terroristas que perpetraron en Madrid una siniestra cadena de atentados terroristas en los que hubo 191 víctimas mortales, figuraban en una lista de personas buscados por el FBI y por las fuerzas de seguridad europeas.

Tampoco quedaron muy bien parados sus homólogos franceses cuando se supo que en la atroz matanza del 13 de noviembre en París, donde perdieron la vida 130 personas, participaron integrantes de células terroristas islámicas que también estaban fichadas desde hace muchos años, pero pese a ello, vivían y viajaban con libertad por Europa.

Y ahora se ha podido saber que al menos dos de los principales cabecillas de los atentados de Bruselas, los hermanos Brahim y Jalid El Bakraui, figuraban ya en los archivos antiterroristas de EEUU antes de los ataques, mientras que otro de los terroristas de la capital belga, Najim Laachraoui, estaba incluido en ficheros de la policía europea tras pasar la frontera austrohúngara a principios de septiembre, es decir, antes de la masacre de París, ya que su ADN fue identificado a la postre en el material explosivo utilizado en la matanza de la capital francesa.

Mientras los Gobiernos debaten para mejorar y ampliar sus capacidades preventivas frente a la amenaza yihadista que pesa sobre Europa, el problema consiste en concretar estrategias de unidad y coherencias políticas capaces de llevar a buen término la lucha contra el enemigo común: el terrorismo y la depravación moral que éste conlleva.

La polémica está servida. El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que su país devolvió a Bélgica a Ibrahim El Bakraoui, uno de los dos terroristas suicidas que se hizo explotar en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, por sospechar que participaba en actividades del Estado Islámico (ISIS) y que les advirtió de su radicalización. El Gobierno belga, por su parte, dice que cuando Turquía le comunicó por qué lo había detenido y le anunció la expulsión, no estaba al corriente de su vinculación con grupos terroristas.

En verdad, ¿qué sucede? ¿Está Europa decidida a hacer frente a esta amenaza, primero encarnada por Al Qaida y ahora por el Estado Islámico?

Lamentablemente, todo parece indicar que no. Por ello, es responsabilidad, ahora más que nunca, de los dirigentes democráticos luchar de verdad contra el fanatismo, cualquiera que sea su credo o color ideológico.

Un dato parece estremecedor: los servicios de seguridad belga saben que su país es, dentro de Europa, el más amenazado por un fenómeno de nuevo cuño: el de los llamados combatientes extranjeros, jóvenes con nacionalidad europea que abandonan su barrio para sumarse a la guerra siria. Las estadísticas hablan por sí solas: con cerca de 500 personas que en algún momento han viajado a Irak o Siria, Bélgica con 11,2 millones de habitantes, es el que más yihadistas per cápita registra en Europa. Pero España y Francia no se quedan atrás.

En un mundo más peligroso e imprevisible, donde hasta las grandes potencias se muestran vulnerables frente a enemigos sin escrúpulos que no creen en fronteras ni soberanía (narcotráfico, ataques cibernéticos, terrorismo internacional), la UE y sus instituciones encargadas de la seguridad de los países miembros deberían ejercer su papel con más recursos, más cooperación, más integración de medios civiles y militares y, sobre todo, más eficacia y rapidez.

De momento, es más que dudosa la necesidad y la utilidad de una fuerza internacional por la que se sigue apostando como arma circunstancial y efectista para apagar fuegos de guerra que esconden a su vez otros errores históricos. Sería aconsejable diseñar una política solvente y doméstica que, en medio de la crisis que golpea a Occidente, se pueda financiar con los medios necesarios para mantener la seguridad colectiva en todo el planeta, y no sólo en el marco institucional de la UE.

Eliminar el terrorismo en su origen es necesario pero a su vez es necesario defender el estado de Derecho para que se combata policialmente con firmeza el fanatismo terrorista en cada país, aunque ello suponga limitar algunas de las libertades individuales para mejorar la seguridad. Ese es el gran reto de Europa.

El mundo occidental tiene que sacudir sus complejos y luchar por su supervivencia frente a las corrientes fundamentalistas que se proponen barrer  los valores de libertad y convivencia que Europa representa y de los que los terroristas impugnan abiertamente.

O se está con la democracia o se está contra ella. Si se está con la democracia hay que hacerlo con todas sus consecuencias. Las medias verdades cuando se trata de defender la seguridad de los ciudadanos, agrietan la verdad. La democracia y la libertad son los pilares sobre los que descansa el santuario de la democracia pluralista. Si se fragiliza la democracia, el futuro del Estado de Derecho terminará derrumbándose.

Hoy la derrota del terrorismo yihadista pasa también, como forma cívica inexcusable, por el rechazo colectivo de los demócratas contra quienes buscan desmoralizarlos con sus crímenes y debilitar con ello las defensas del Estado democrático. La situación, por tanto, requiere un gran pacto político de las instituciones y de todos los países para actuar de forma coordinada contra el terror y su gran caldo de cultivo: la inseguridad de las fronteras y el auge de los populismos políticos.

Los atentados contra personas indefensas, que tuvieron lugar muy cerca de las principales instituciones de la UE, avalan que no puede haber una solución política que acabe con el fanatismo terrorista si no va precedida, o asistida, de una solución de los servicios de inteligencia y de seguridad contra el acoso sin límites del islamismo radical. Por eso la eficacia policial y la actuación consecuente de las autoridades que tienen, bajo su responsabilidad, la seguridad de millones de personas, es inevitable.

La comunidad internacional se encuentra ante un gran dilema. La brutal matanza yihadista de Bruselas exige un compromiso común y un plan global para hacer frente al mayor desafío que padece Europa. No se puede esperar más.

(*) Analista y consultor.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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