Cuando se escriba la historia contemporánea de Cuba, los pasajes que reflejen etapas en las que los llamados actos de repudio se utilizaron como arma de coerción contra quienes disintieron de la línea ideológica del régimen, provocarán un verdadero sentimiento de vergüenza y arrepentimiento nacional.

Lo peor de la irracionalidad de que pueda ser capaz la especie humana se ha vivido en esas manifestaciones, a las que la oficialidad ha etiquetado como espontáneas pero que han sido el resultado de la instigación al odio, propio de un sistema fundamentado en el terror.

Por las secuelas que en el orden físico y emocional han dejado estas acciones represivas y en el interés de que sus responsables materiales sean juzgados, en el año 2010 un grupo de abogados cubanoamericanos exiliados decidió echar a andar la iniciativa Cuba Represión ID.

Conformado por Luis Fernández, Wilfredo Allen, Ricardo Martínez y Santiago Alpízar, los letrados agrupados en Cuba Represión ID buscan identificar a personas que violaron los derechos de ciudadanos cubanos en su propio país y luego emigraron a Estados Unidos para acogerse a los beneficios existentes para perseguidos políticos y disidentes.

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El abogado Santiago Alpízar, uno de los letrados agrupados en Cuba Represión ID, iniciativa que busca identificar a personas que violaron los derechos de ciudadanos cubanos en su propio país y luego emigraron a Estados Unidos.
El abogado Santiago Alpízar, uno de los letrados agrupados en Cuba Represión ID, iniciativa que busca identificar a personas que violaron los derechos de ciudadanos cubanos en su propio país y luego emigraron a Estados Unidos.

“Somos un grupo de abogados voluntarios, explicó Alpízar en entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS. No pedimos ni recibimos fondos, ni públicos ni privados. El trabajo es realizado en nuestro tiempo libre”.

Pero la idea impulsada por Alpízar, Allen, Fernández y Martínez, no sólo se limita a ayudar que se procesen denuncias contra cubanos vinculados a acciones represivas. El grupo igualmente ofrece asesoría legal a personas de otras nacionalidades que tengan elementos y pruebas para presentar un caso legal contra un represor.

“Cualquier represor, independientemente de su nacionalidad, sea cubano, venezolano o chino, puede ser investigado por la autoridades estadounidenses”, advirtió Alpízar.

Por ejemplo, Cuba Represión ID trabaja a partir de denuncias, bien acreditadas, sobre violaciones de derechos humanos en la isla. “Recogemos la información y la presentamos a las autoridades estadounidenses, específicamente al Buró Federal de Investigaciones (FBI), para que analicen la denuncia y tomen una decisión, que podría conllevar a poner al individuo en manos de Inmigración por haber mentido para obtener el beneficio de estancia en el país o incluso un proceso judicial que podría ocasionarle una condena”, explicó el abogado.

Se trata mayormente de investigar a personas que reprimieron a opositores y el pueblo en general, sea por haber expresado sus ideas, diferentes a las del Gobierno, o incluso por haber decidido abandonar el país, como fue una práctica común en Cuba, en los años 60, 70 y 80.

Alpízar mencionó el caso de un señor, exdirector de una penitenciaría en Villa Clara, identificado como Marino Rivera, que emigró a Estados Unidos, y tras ser investigado por denuncias de actos represivos muy serios, incluso torturas, como arrancar un suero [intravenoso] al opositor Guillermo Fariñas, tras verse identificado por su pasado en los medios de comunicación de Miami, decidió regresar a Cuba.

Alpízar admitió que la posibilidad de que una persona con antecedentes de esta índole adquiera una visa para ingresar a EEUU se debe a que el “sistema [consular] existente es completamente fallido”.

“Por ello se está pidiendo que hagan una investigación más profunda, exhaustiva, que no se le limiten al cuestionario, ya que [hay quienes] mienten cuando les preguntan si participaron en algún acto de represión o si fueron miembros de organizaciones políticas”.

Uno de los casos más sonados es el de Reinaldo Peguero Pernas, exdirigente político del gobierno de la occidental provincia cubana de Pinar del Río, que mintió para obtener una visa y establecerse en los Estados Unidos.

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Wilfredo Allen, uno de los letrados agrupados en Cuba Represión ID.
Wilfredo Allen, uno de los letrados agrupados en Cuba Represión ID.

“Este hombre perjudicó a varias personas, según recogen sus testimonios. Y no sólo eso, yo estoy convencido de que mintió a las autoridades consulares cuando solicitó la visa. Finalmente le revocaron el documento por mentir y tuvo que regresar a Cuba”.

Sin embargo, Peguero Pernas logró regresar a Estados Unidos hace cerca de dos años, apuntó Alpízar y comentó que aunque enviaron una alerta a las autoridades de que el individuo trataría de regresar al país con otro pasaporte por la frontera, el hecho se concretó.

“Pudo entrar, y hoy está siendo investigado por la autoridades en base a las denuncias de haber perjudicado a varias personas con sus acciones políticas. Es un proceso que toma tiempo para ser probado ya que no hay, como en otros casos, huellas o pruebas documentadas que sirvan para criminalizar sus actos con más facilidad”.

En sus explicaciones Alpízar puntualizó que el hecho de que algunos individuos hayan tenido altos cargos en el Gobierno, no necesariamente los inculpa como represores.

“En casos como esos, lo importante es demostrar que hayan mentido para obtener una visa o beneficios migratorios. Hay preguntas muy puntuales, cómo si fue alguna vez miembro de un partido comunista, si cometió un hecho delictivo, etcétera”.

El abogado denunció que el flujo de exfuncionarios del régimen castrista que eligen EEUU como destino ha crecido enormemente en los últimos años.

“Vienen a vivir sus últimos años, como si vinieran a jubilarse, a vivir de los beneficios económicos que el Social Security [la seguridad social] les da, luego de haber sido aceptados por ser ciudadanos cubanos. Hay mensajes en las redes sociales que publican fotos de personajes que fueron altos funcionarios del régimen castrista y hoy andan comiendo helado por Miami”.

Las grietas del sistema judicial en Cuba

A pesar del autoritarismo y la falta de un estado de derecho en Cuba, Alpízar opina que hay “grietas” en la red represora que permitirían en cierta medida la defensa de los cubanos ante la represión o la persecución.

Por eso, junto al abogado Arnaldo Fernández Díaz, Alpízar presenta un pequeño compendio de instrumentos legales, que están presentes en la actual constitución cubana (establecida en 1976), que los cubanos en la isla pueden utilizar para defenderse de las acciones ilegítimas, como podrían ser la represión o la persecución.

Una de las acciones que podrían promover los cubanos de la isla consiste en comenzar por pedir al Gobierno de Cuba que ratifique su firma en los pactos políticos y jurídicos que el país firmó en 2008, como el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y el pacto internacional de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas.

“A diferencia del Proyecto Varela (2002) [impulsado por el fallecido líder opositor Oswaldo Paya Sardiñas], que requería una cantidad de firmas certificadas, la ratificación de los pactos internacionales antes mencionados, permitiría que una propuesta fuera presentada por un grupo numeroso. Si Cuba los ratifica y no cumple, el país estaría expuesto a sanciones. Y si no ratifica los pactos, quedaría expuesta a la opinión pública internacional”, explicó Alpízar que considera importante ofrecer instrucción cívica y legal a los cubanos para que dentro del propio sistema aprendan a conocer sus derechos y los exijan.

“Es una forma de crear presión y aunque los abogados no puedan actuar expresamente contra el Gobierno, sí conocen la ley y serán capaces de advertir cuando cualquier ciudadano reclame, amparado en la legalidad, que están siendo violados sus derechos”.

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