MIAMI.- El pasado 15 de junio el comité de desarrollo económico y turismo de la Comisión de Miami-Dade, que preside la comisionada del distrito 6 Rebeca Sosa, le dio luz verde a las regulaciones que permitirían en zonas residenciales del Condado, que no pertenecen a ninguno de sus municipios, la operación de Airbnb o similares.

En otras palabras: dueños de apartamentos o casas unifamiliares de Kendall, por ejemplo, podrían (si los comisionados en pleno lo aprueban) rentar sus propiedades a turistas o visitantes a través de Airbnb o plataformas parecidas.

Este martes Airbnb reveló, como abrebocas para la decisión que tendrán que tomar los comisionados, que habría recogido y enviado al Condado Miami-Dade $522.000 en ingresos por el impuesto de turismo del 6% durante el mes de mayo. Este es el mismo impuesto que paga el resto de la industria hotelera que opera en el Condado.

El ingreso anunciado corresponde al primer mes después de que la comisión ratificara el acuerdo al que habían llegado el alcalde del Condado, Carlos Giménez, y Airbnb para que esta compañía pagara el impuesto del turismo, el mismo que debe sufragar el resto de la industria hotelera que opera en Miami-Dade.

Durante las discusiones en la Comisión, el alcalde anunció que, al año, Airbnb podría generar para el Condado seis millones de dólares en impuestos.

La cifra recolectada en el mes de mayo es la más grande que Airbnb ha pagado, por concepto de impuestos, en el estado de la Florida. Y corresponde a 6.800 dueños de propiedades que las arrendaron, por corto tiempo para fines turísticos a través de la plataforma Airbnb.

Las diferencias

Por ahora, siguen las diferencias que hay entre las autoridades del Condado y las de los municipios de Miami Beach y la ciudad de Miami.

La Playa y Bal Harbour no entraron dentro de la decisión tomada por la comisión en el pasado mes de abril, porque las dos ciudades tiene distintos impuestos al turismo.

Por otra parte, sigue siendo ilegal en Miami Beach y en la ciudad de Miami el alquiler de propiedades en zonas residenciales. El primero de estos municipios incluso llega a cobrar $20.000 de multa para los infractores.

A pesar de la aprobación inicial, en un comité de la comisión de Miami-Dade, de las regulaciones para las zonas residenciales del Condado, serán fuertes las presiones, por parte de los habitantes de las llamadas “zonas no incorporadas”, para que esas regulaciones no pasen en el pleno de la comisión.

Por otra parte, el cabildeo de los representantes de Airbnb y la posibilidad de ampliar la oferta de propiedades para el alquiler y, por lo tanto, los ingresos por impuestos, también pesarán en la decisión de los comisionados.

En cuanto a la situación de los dos municipios en mención, tal vez nuevos comisionados y alcaldes (el próximo 7 de noviembre hay elecciones en las dos ciudades para nombrar nuevo edil y comisionados) podrán dar un nuevo aire a la discusión.

Por el momento, es claro que las mismas presiones del mercado, más un probable uso extendido de Airbnb en el Condado, podría dejar a la ciudad de Miami y a Miami Beach sin muchas alternativas.

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