MIAMI.-El nerviosismo que había entre los inmigrantes indocumentados que acudieron a la reunión extraordinaria de la Comsión de Miami-Dade se hizo realidad: en una holgada votación (9-3) la comisión pasó una resolución que básicamente mantiene la decisión del alcalde Giménez de que la autoridad en la cárceles cumpla la ley federal y el condado no siga pidiendo un reembolso a Washington del dinero que gasta por mantener a un indocumentado retenido, más allá de la cuenta, por solicitud de ICE.

Cuando se supo la votación los asistentes estallaron en gritos de indignación, les gritaron a los comisionados que debían sentirse avergonzados por la decisión tomada.

Muchos de los que llevaban claveles blancos, como símbolo de resistencia, los lanzaron contra los comisionados en señal de protesta.

María Bilbao, una activista pro inmigrante, de la organización United We Dream, dijo que "toda esa decisión de los comisionados ya estaba arregladas. Giménez no tenía necesidad de hacer esto [su propia orden ejecutiva] ha debido pelearla pero no quiso".

Los tres comisionados que estuvieron en contra de la resolución patrocinada por la comisionada Sally Heyman - Daniell Levine-Cava, Xavier Suárez y Jean Monestime- coincidieron en afirmar que el alcalde había actuado de manera prematura al emitir una orden un día después de la emanda por el presidente Trump sobre el tema de las ciudades santuario.

Monestime dijo que el Condado siempre había colaborado con el gobierno federal y, por lo tanto, no entendía por qué se apresuraba a toma una decisión si no había ninguna orden para cortarle a Miami Dade dineros federales. "Hoy no se trata de dinero sino de justicia y dignidad de nuestra comunidad", puntualizó.

El alcalde Giménez, por el contrario, sí dijo que esa amenaza era real. Enfatizó en que, de acuerdo con la orden ejecutiva del presidente Trump, se requería un acuerdo con las policias locales o estatales para ponerlas a actuar en tareas de inmigración. En ese sentido, precisó que "vamos a resistir el convertir a la policìa en fuerza de inmigración".

Precisó que su orden es muy limitada en su alcance y que "es lamentable que sigan tergiversando de lo que se trata". Los indocumentados detenidos pueden permanecer 48 horas por requerimiento de ICE si tienen una acusacion previa por un delito grave, o fueron acusados de cometer una transgresión a la ley sin posibilidad de libertad provisional. Indicó que entre 2006 y 2013 Washington no le pagó al condado dos millones de dólares por concepto de mantener detenidos a inmigrantes indocumentados más allá del tiempo ordenado por la ley por requerimiento de ICE.

Una de las preocupaciones de la comisionada Levine Cava era la causa probable por la cual un agente de inmigracion podía emitir la retenciòn de un indocumentado. "Lo que me preocupa es que la orden ejecutiva [del presidente Trump] es muy amplia y los agentes de inmigraciòn pueden tener mucha discrecionalidad para determinar de qué se puede cusar a un indocumentado".

Una audiencia agitada

A 9:30 am empezó la audiencia pública en la que participó gran variedad de personas, desde activistas pro inmigrante hasta ex alcaldes como Raúl Martínez o el senador estatal demócrata José Javier Rodríguez.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando habló Nora Sandigo, directora de American Fraternity, una organización que se encarga de niños que quedaron huérfanos porque sus padres fueron deportados.

También hablaron Jason, de 10 años; Ashely, de 9 años; Sherley de 10 años, y la más pequeña, de 7 años. Esta última no sólo sufrió la deportación de su padre. A él lo mataron en Honduras. La madre de la niña también fue deportada y murió en ese país.

Cerca de seis personas, indentificadas con camisetas de la campaña de Donald Trump, también hablaron en público. Se refirieron a que los "ilegales" no tenían derechos, que pedían a la comisión que siguiera la ley. Calificaron a los asistentes de ser "agitadores profesionales pagados" y uno de ellos, llamado Chance O'Connor, en silla de ruedas, dijo que "se suponía que esta era una reunión de ciudadanos y no de inmigrantes indocumentados", esto último lo dijo con ironía. "Las ordenes de detención son para residentes legales no para los ilegales", añadió.

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