MIAMI.-El pasado 12 de marzo Garland Creedle, un joven de 18 años, nacido en Honduras y con ciudadanía estadounidense, fue detenido por un supuesto episodio de violencia doméstica y fue llevado a una cárcel del Condado Miami-Dade, donde estuvo detenido. La corte nunca lo acusó de manera formal por el incidente, y en la noche de ese día le tomaron las huellas digitales al reo.

Un día después el departamento de prisiones del Condado (MDCR) recibió un pedido de ICE (la agencia de inmigración y aduanas), por parte de un agente de deportación, para que Creedle quedara bajo su custodia. El detenido dijo que él era ciudadano estadounidense (su padre, Willie Edward Creedle, nació en Estados Unidos). Basado en el pedido de ICE (“detainer”) al joven de origen hondureño le fue extendido su tiempo de detención y quedaba a órdenes de inmigración y posiblemente en un proceso de deportación.

Pero el 14 de marzo, después de ser entrevistado por agentes de inmigración, Creedle fue dejado en libertad bajo fianza.

Y el pasado 5 de julio la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en conjunto con la Clínica de Inmigración de la Universidad de Miami y el bufete de abogados de Kurzban Kurzban Weinger, Tetzeli y Pratt, PA, demandaron al Condado Miami-Dade y a su alcalde, Carlos Giménez, a nombre de Garland Creedle.

Reclamación

De acuerdo con el texto de la demanda, ésta buscaría que la corte declare inválida la decisión del alcalde Giménez, del pasado 26 de enero, de hacer efectivos el pedido de ICE de retener, más del tiempo legal, a un supuesto indocumentado. También que declare que tales pedidos están violando la cuarta y decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.

La primera se refiere a la prohibición de “allanamientos y decomisos sin razón y establece que cualquier orden de detención debe ser emitida solo ante una causa probable, sustentada en un juramento o afirmación, y debe describir de manera particular el lugar del allanamiento, las personas arrestadas y los objetos decomisados”, según lo explicó el documento de la demanda.

La segunda –la decimocuarta enmienda- tiene que ver con que, según la demanda, las autoridades condales hicieron un falso encarcelamiento y violaron el debido proceso consignado en tal enmienda. Además, “los demandados detuvieron a Creedle sin ninguna autoridad, en violación de la ley de la Florida y, por lo tanto, fue un encarcelamiento ilegal. Tampoco tenían una orden de detención y no estaban autorizados para hacer un arresto sin dicha orden. Y los empleados del MDCR no son oficiales de Policía con la potestad para arrestar sin orden de captura” acorde al alegato de los abogados de Creedle.

Según el abogado Amien Kacou, uno de los demandantes a nombre de la ACLU, hay una “consideración estratégica” al presentar este alegato legal. “Estamos tratando el caso de un ciudadano para subrayar, en lo fundamental, los problemas inherentes a la política [migratoria] condal de manera que se pueda ilustrar que tan burdo es este proceso”.

“Ciudades santuario”

En diciembre de 2013 la comisión del Condado Miami-Dade aprobó una resolución en la que el MDCR podría, bajo su entera discreción, aceptar un pedido emitido por ICE “sólo si el Gobierno federal acepta por escrito reembolsar al Condado los gastos relacionados con el cumplimiento de ese pedido y el detenido objeto de ese requerimiento [por parte de ICE] tiene una condena previa por un delito grave”.

En términos prácticos un indocumentado que fuera detenido por un delito menor, como el de conducir sin licencia, era dejado en libertad.

Tal decisión de la Comisión también echaba por el piso la política de “comunidades seguras” del gobierno de George W. Bush (2000-2008) destinada a combatir el supuesto delito generado por los indocumentados y, por lo tanto, involucrar a las autoridades de policía en tareas migratorias.

En 2016 el Departamento de Justicia, durante el Gobierno de Barack Obama, calificó al condado Miami-Dade como una “jurisdicción santuario”.

Cuando el presidente Trump expidió su orden ejecutiva –el 25 de enero de 2017- en la que amenazaba con suspender los dineros federales a los estados, condados o municipios que no colaboraran con las autoridades migratorias, Miami-Dade estaba en la tarea de demostrarle al Departamento de Justicia que las autoridades condales sí cooperaban con el Gobierno central.

El 26 de enero el alcalde Giménez emitió una directiva en la que echaba para atrás esa política migratoria en la que el Condado se negaba a obedecer los pedido de ICE, a costa de millones de dólares del dinero de los contribuyentes. En febrero la Comisión desmontó lo que había decidido en 2013 y en una resolución, patrocinada por la comisionada Sally Heyman, le pidió al alcalde que se asegurara de que el Condado sí estaba colaborando con el Gobierno federal en relación con los pedidos de ICE (“detainers”).

Para Kacou la demanda contra esa política del Condado – que desde el momento de su expedición hasta el 30 de junio ha producido un total de 117 detenciones de indocumentados con antecedentes penales- también es para que aquellos que no son ciudadanos “y son objeto de esa política, entiendan que este es un primer paso en firme para no sólo compensar a este individuo específico, sino asegurarles a otras personas que tienen derechos constitucionales”.

Efectos de la demanda

Ya son dos las demandas generadas por la decisión de la administración Giménez del pasado 26 de enero, justificada por el temor a perder millones de dólares de dineros federales que, según la alcaldía, produciría un impacto negativo en varios proyectos del Condado.

En otra de las demandas el juez de circuito, Milton Hirsch, determinó que la decisión del Gobierno condal violaba la décima enmienda de la Constitución, que limita el poder de la administración federal sobre los estados.

Sin embargo, en la demanda contra el Condado Miami-Dade y su alcalde, los demandantes no están pidiendo la suspensión de esa política sino reparaciones económicas por el daño producido al joven, de origen hondureño, Garland Creedle.

“No es una demanda colectiva”, precisó el abogado demandante de la ACLU. “En términos legales se limita a este individuo. Sin embargo, el resultado de la demanda podría afectar futuros casos y las políticas implementadas. El Condado podría decir que una corte, al considerar que su política es inválida, la suspende”, añadió.

De ser aceptada la demanda, el equipo legal que representa a Creedle espera un impacto más amplio y, además, crear un “precedente”. “Los residentes de Miami van a recibir el mensaje de que esa política [migratoria del Condado] es ilegal. Lo importante es declarar de manera explícita que ha hecho daño”.

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