MIAMI.-El superintendente del distrito escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, aseguró a los padres de familia y a los estudiantes indocumentados que asisten a los colegios públicos del Condado que nada sucederá contra ellos, dada la creciente preocupación sobre la posibilidad de redadas de inmigración.

Durante su conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Carvalho hizo un llamado directo a las familias: “Mi mensaje directo a los padres es que las escuelas son los mejores lugares para los niños. A nosotros no nos importa su condición económica o migratoria, lo único que nos importa es que estamos preparados para darles le bienvenida, acogerlos, quererlos, enseñarles, hayan nacido acá o no, hablen inglés o no”.

Y enfatizó que hay leyes federales y decisiones de la corte que ofrecen “total protección a los padres de familia y a sus hijos, sin tener en cuenta su estatus migratorio”. Dijo, con absoluta firmeza, que “para mi es una obligación no sólo legal sino un imperativo moral educar a todos los niños, haciendo caso omiso de su condición migratoria”.

El miedo

Un día después de la elección presidencial de Donald Trump, el pasado 8 de noviembre, creció la preocupación en varias escuelas de Miami-Dade por la suerte que podrían correr los estudiantes indocumentados y sus familias.

El miedo es entendible pero no tiene justificación. El condado Miami-Dade, hace cerca de tres años, rechazó el llamado programa de “comunidades seguras”, una estrategia que buscaba detener y deportar a extranjeros con antecedentes penales.

Por medio de “comunidades seguras” agentes de la Policía que detuvieran a un inmigrante indocumentado, por cualquier clase de delitos o incluso sin que hubiera una violación a la ley, lo podían remitir a las autoridades de inmigración.

Sin embargo, una investigación realizada por Americanos pro Justicia Inmigrante y el Instituto de Investigación de Política Social y Económica del Centro de Investigación y Estudios Laborales de la Universidad Internacional de la Florida, mostró que el 61% de las personas detenidas y después deportadas, habían cometido delitos menores o, lo peor, no habían transgredido la ley.

El proyecto fue reemplazado por un plan que dio prioridad a los indocumentados que hubieran cometido delitos graves. En el Condado Miami-Dade, tanto la Comisión como las autoridades de Policía estuvieron de acuerdo con esa nueva política.

En este contexto hay que entender que cualquier opinión del presidente electo Donald Trump sobre inmigración debe pasar, a partir del 20 de enero de 2017, día en que prestará juramento ante el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, por la voluntad política de los poderes locales y leyes federales que protegen, por ejemplo, al sistema escolar.

Carvalho expresó su preocupación sobre porqué hay padres que se han dejado intimidar por el ambiente antiinmigrante, que se produjo durante la campaña presidencial. “Incluso hay padres que no permiten que sus hijos vayan a la escuela o que se matriculen en ella. De hecho estarían violando la ley si no matriculan a sus hijos en los colegios”, advirtió.

También expresó dudas que el Gobierno federal pueda llegar a tener como objetivo a los niños. “Nosotros colaboramos con otros sistemas escolares, tenemos un diálogo con el Congreso y la Casa Blanca para que las medidas que se tomen tengan en cuenta a nuestros estudiantes. Nosotros no vamos a abandonar esa responsabilidad”, sentenció Carvalho.

Reglamentos de las escuelas públicas sobre estudiantes inmigrantes

  • Garantizan el derecho de matrícula y de asistencia a los estudiantes indocumentados.
  • No establecen como requisito, a los estudiantes indocumentados y a sus padres, la divulgación de su estatus legal.
  • No pueden hacer ningún tipo de indagación que pueda exponer, de algún modo, el estatus legal de los estudiantes y sus padres.
  • No establecen como requisito el presentar un número de seguro social para los efectos de matrícula y asistencia a la escuela.
  • No quedan bajo la obligación legal de hacer cumplir las leyes de inmigración.
  • Ofrecen acceso a consejería a todos los estudiantes sin tener en cuenta su estatus legal.
  • Garantizan el derecho de traslado de un centro escolar a otro independientemente del estatus legal de los estudiantes.
  • Garantizan el derecho de almuerzo gratuito o a una tarifa reducida a todos los estudiantes independientemente de su estatus legal.
  • Garantizan el derecho a gozar de todos los servicios que se ofrecen independientemente del estatus legal de los estudiantes.

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