MIAMI.- La fiscal estatal de la Florida que rehusó pedir la pena capital en ningún caso, demandó al gobernador Rick Scott por haberla separado del caso judicial de un hombre que mató a un policía.

Aramis Ayala, que atiende a los condados de Orange y Osceola, donde se encuentran los municipios de Orlando y Kissimmee, presentó una denuncia formal contra la máxima autoridad del estado por supuestamente haber excedido sus poderes como gobernador.

De esta manera, la fiscal, que aseguró que no volvería a solicitar la controvertida condena de muerte, por considerarla inefectiva y causante de dolor a los familiares de las víctimas, reclama continuar al frente del caso judicial de Markeith Loyd, acusado de la muerte de una teniente de la Policía de Orlando, Debra Clayton, aun cuando la ley en la Florida recomienda la pena capital para que quienes asesinen a un miembro de la Policía.

“Todos los días fiscales aquí en la Florida asumen importantes decisiones en cuanto a quién condenar, qué condenar y priorizar”, manifestó la fiscal estatal, que asumió su cargo hace apenas cuatro meses, tras ser elegida por los votantes de su distrito.

“Darle al gobernador la libertad de interferir en la toma de decisiones no tiene precedentes y podría socavar todo el sistema judicial en la Florida”, subrayó.

Mientras tanto, Scott aseguró que “no se arrepiente” de haber separado a la fiscal Ayala del caso de la tenienta que murió a manos de Clayton, que “tiene la el poder para hacerlo”.

Y si la fiscal vuelve a rehusar pedir la pena de muerte en otro caso, “ya veré lo que hago entonces”, señaló.

pena muerte
La inyección letal es el arma más utilizada en la Florida para ejecutar la pena capital.
La inyección letal es el arma más utilizada en la Florida para ejecutar la pena capital.

Antecedentes

Un año después de recibir una reprimenda del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por la forma en que durante años la Justicia en la Florida condujo el veredicto final de la pena de muerte, el Congreso estatal adoptó que sólo el Jurado podría recomendar la pena capital tras emitir un veredicto por unanimidad, 12 a 0.

La causa de la resolución fue el análisis del caso de Timothy Lee Hurst, un hombre que fue acusado de la muerte del gerente de un restaurante, en 1998, que fue hallado culpable por un jurado muy dividido, 7 a 5, y más tarde condenado a muerte por un juez, que aparentemente no tuvo en cuenta las desavenencias de la fraccionada decisión.

Actualmente, 389 individuos aguardan ser ejecutados en la Florida, entre los que destacan unos 200, cuyas condenas no alcanzaron la mayoría absoluta.

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