MIAMI.-SERGIO OTÁLORA
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@sergiootalora

Este 13 de mayo, después de tres años de rodar por las calles del condado Miami-Dade de manera ilegal, las empresas Uber y Lyft- servicios de transporte contratados a través de una aplicación creada por ellos mismos- ya podrán funcionar dentro de la ley, con regulaciones establecidas y aprobadas en la última reunión de la Comisión condal, el pasado 3 de mayo.

Esta semana que entra también se discutirá el otro punto crítico de todo el proceso: los cerca de 4 millones de dólares que Uber y Lyft deben por funcionar sin autorización del Condado.

Según el portavoz de Uber, Javier Barroso, “queremos ser  una parte clave en este mercado y estamos dispuestos a tener conversaciones con el alcalde [Carlos Giménez] y con los comisionados para resolver el tema de las multas”. Éstas han sido demandadas por Uber por considerarlas ilegales en la medida en que no hay regulaciones que las justifiquen. “Nosotros legalmente pensamos que tenemos un argumento bien fuerte en la Corte, porque hemos vistos que muchas de esas multas se han resuelto ya. Pero no queremos que el Condado y la compañía estén trabados en el sistema legal”, indicó Barroso.

El alcalde Giménez es partidario de que las empresas paguen el 50% del valor de esos castigos, pero hay comisionados que no entienden cómo una compañía que tiene un valor de 70.000 millones de dólares, no puede pagar cuatro millones por supuestamente violar la ley.

Otras demandas

Los taxistas anunciaron, un día después de aprobada la resolución que legalizaba a Uber y Lyft, que demandarían al condado Miami-Dade por 1.000 millones de dólares, una cifra astronómica.

Pero de dónde sale semejante cantidad de dinero.

En 1998 los comisionados convirtieron una licencia en propiedad. Se trataba de que los taxistas fueran dueños de un “medallón”, que en ese entonces costaba entre 200.000 y 300.000 dólares en el mercado abierto.

La comisión expedía unos permisos y los vendía por 25.000 dólares. “El valor de los permisos, por parte del condado mismo, llegó a 400.000 dólares. En la calle nunca se vendieron por ese precio”, recordó Diego Feliciano, presidente de South Florida Taxicab Association. También contó que hace cuatro o cinco años, el departamento de taxis, que vigila ese sector, les dijo a los comisionados que no tenía dinero para contratar inspectores. “Los comisionados, incluyendo a Giménez, que en ese entonces lo era, vendieron al público  ocho permisos a 300.000 y 400.000 dólares”, explicó.

De acuerdo con Feliciano, quien lleva 30 años vinculado a la industria de los taxis, “nunca había visto la barbaridad que ha hecho esta gente”. Se refiere a la decisión de los comisionados, la cual interpreta como una manera de haber “botado el público y a los taxis a la basura, los cuales llevan años pagando impuestos aquí. Nosotros trabajamos para un sistema que nos atrasó y nos dejó ahí”, denunció. “Teníamos que darle 625 dólares al condado cada año por cada permiso. Uber nada. Al aeropuerto le damos 4. 5 millones al año, Uber gratis. Los taxis necesitan cuatro inspecciones y para sacar la licencia de conductor tienes que ir con tus certificados médicos para demostrar que estás en buena salud y que no estás loco”.

Pérdida de valor

Uno de los problemas de fondo es que los medallones, por la entrada de Uber y Lyft, antes de manera ilegal, ahora con permiso, al parecer han perdido buena parte de su valor.

Barroso cree que las cortes tendrán que decidir el precio  de esos permisos y si el Condado pagaría por la depreciación de dichos medallones. También los comisionados, al respecto, podrían tomar alguna decisión.

Sin embargo, la opinión de la administración de Carlos Giménez es tajante: “El medallón es como tener acciones, depende del mercado, suben y bajan, y eso se sale del control de la alcaldía. No podemos rescatar a un mercado privado que estaba cerrado porque ellos [los taxistas] lo diseñaron de esa forma”, puntualizó Mike Hernández, director de comunicaciones del condado Miami-Dade.

El debate de fondo es si con la nueva ordenanza se debilite el servicio de los taxis o la seguridad de los usuarios. Feliciano es escéptico con respecto al tema de los seguros. En la ley, los conductores de servicios como Uber deberán tener un seguro comercial de 250.000 dólares. “Qué pasa si ese chofer [de Uber] atropella o mata a alguien en la calle, sin pasajero a bordo, pero en una hora en que estaba trabajando para esa empresa”, se preguntó el presidente del sindicato de taxistas. “El seguro comercial sólo operará cuando vaya un cliente en el carro”, aclaró.

Barroso tiene una percepción muy distinta. “Nosotros como empresa decidimos ir un paso más allá, y cuando los conductores están utilizando nuestra aplicación nosotros los aseguramos por un millón de dólares. Cuando el conductor y el pasajero utilizan la aplicación están asegurados cuatro veces más de lo que exige la ordenanza”.

Qué futuro les espera a los taxis amarillos, es la pregunta del millón. Feliciano fue determinante: “Cuál es el futuro, no lo puedo contestar ahora. Han creado un escenario para una competencia desleal. Si no cumplimos con las leyes,  acaban con nosotros”. 

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