MIAMI.- De manera unánime los nueve comisionados del Condado Miami-Dade, reunidos este lunes en sesión especial, decidieron ordenar a la supervisora de elecciones, Christina White, el conteo del 4% de las 127.000 firmas recogidas por la organización An Accountable Miami. Estas personas solicitan que en la boleta de votación del próximo 8 de noviembre haya una petición para que se cambien las leyes sobre financiación de campañas políticas en el condado Miami-Dade.

La reunión empezó a las 10:00 AM en el piso 18 de la torre administrativa del Condado Miami-Dade. Allá estuvieron nueve de los 13 comisionados, el alcalde Carlos Giménez, los abogados del Condado, el secretario de las Cortes, Harvey Rubin, los abogados de An Accountable Miami y algunos de los activistas que recogieron las firmas.

Uno de los abogados de la oficina de la abogada del Condado, Abigail Price Williams, expuso que era ilegal, de acuerdo con la constitución de la Florida, la manera como estaba hecha la pregunta para que el electorado aceptara o rechazara la iniciativa de reforma financiera para las campañas políticas.

Lo impugnado

De acuerdo con lo establecido por las leyes, la pregunta no debe tener más de 75 palabras, no debe dar espacio a discursos políticos ni comentarios editoriales. El título debe contener estrictamente 15 palabras, y la propuesta contiene 16, según lo dicho por los abogados del condado.

La comisionada del distrito 4, Sally Heyman, se preguntó sobre quién pagará si hay una demanda relacionada con esa petición, “porque sin duda habrá demandas y será nuestro dinero, finalmente”, afirmó. No estuvo de acuerdo con el contenido de la propuesta de reforma de la financiación de campañas electorales, hecha por el grupo An Accountable Miami, porque dejaría por fuera del proceso electoral a personas y, además, porque le quitaría validez a una propuesta de la comisionada por el distrito 8, Daniella Levine-Cava, aprobada por la comisión, que buscaba mayor transparencia en la información de quienes financian las campañas políticas de los funcionarios electos del condado Miami-Dade.

La comisionada por el distrito 6, Rebeca Sosa, fue una de las voces más críticas de la propuesta de reforma de financiación de las campañas políticas. En primer lugar le pareció que la iniciativa partía del principio de que los miembros de la comisión no actuaban de manera ética. Al respecto se dirigió al abogado del grupo An Accountable Miami, Joe Geller, y le preguntó cuál había sido la investigación o de qué información había partido para presentar una propuesta como si los funcionarios electos del condado fueran todos corruptos.

También le preguntó a la supervisora de elecciones cuánto le costaría a los contribuyentes el conteo de esas firmas, a lo que White respondió que el costo sería de 400.000 dólares.

Plazos muy apretados

Pero dado que el plazo para el conteo y verificación de las firmas – 51.366, el 4% de las 127.000 recolectadas- es muy corto (el 7 de septiembre), habría que triplicar los esfuerzos, es decir, contratar personal adicional que trabaje a marchas forzadas en un lugar aparte de las oficina de la autoridad electoral del condado Miami-Dade. Y para ello el costo de la operación estaría cercana a un millón de dólares.

Si no se logran esos plazos se podría activar una elección especial, lo que podría costarle al condado y, por consiguiente, a los contribuyentes, más de cinco millones de dólares.

El comisionado del distrito 5, Bruno Barreiro, propuso una moción para que el voto de la reunión especial sólo aceptara el conteo y verificación de las firmas. A esa moción se agregó que el tema del contenido de la pregunta que ira en la boleta electoral sea discutido en la próxima reunión de la plenaria de la comisión del Condado Miami-Dade.

“Estamos absolutamente seguros de que nuestra propuesta es legal basados en casos estatales y locales que fueron a la corte”, puntalizó Christian Ulvert.

Decisión de la Corte

Por ahora, uno de los mayores desafíos que tiene este proceso es la decisión que tome la corte sobre la demanda presentada por los grupos que redactaron la iniciativa y que, además, fue impugnada por los abogados del Condado por no llenar los estándares legales que obliga la constitución del estado de la Florida para este tipo de iniciativas.

A pesar de que la Comisión votó de manera unánime para que hubiera conteo de las firmas, también en su gran mayoría –con excepción de la comisionada Levine Cava- se mostró en desacuerdo con el contenido de la propuesta. La pregunta clave es qué pasará si la Corte decide apoyar al grupo de peticionarios en abierta oposición a lo dictaminado por los abogados del Condado. ¿La Comisión insistirá en cambiar el lenguaje de la iniciativa a pesar de lo establecido por la corte?

 

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