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MIAMI.- La masacre en la discoteca Pulse en Orlando, Florida, que dejó 49 muertos y 53 heridos, habría tenido menos víctimas fatales si dentro del sitio hubiera habido gente armada para repeler el ataque. Esa es la lógica que defienden no sólo la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) sino el senador por Sarasota, Greg Steube, quien es el proponente de un proyecto de ley – SB140- que una vez más busca, como el año pasado, que los propietarios legales de armas las puedan portar de manera abierta, en lugares públicos, entre ellos aeropuertos , escuelas y universidades públicas.

La presentación de este proyecto de ley no coincidió con el ataque armado que hubo el viernes pasado en el aeropuerto de Fort Lauderdale –que dejó cinco muertos- pero sí vuelve a poner en la discusión pública y, sobre todo, en el Congreso estatal, la necesidad o no de que haya más gente armada.

Un estudio hecho por el American Journal of Public Health, entre 1988 y 1997, en los 50 estados de la unión americana, reveló que después de controlar variables como la pobreza para cada grupo demográfico, los estados con mayor número de armas en la población, tienen tasas elevadas de homicidios, en especial muertes con armas de fuego.

Vacíos en la ley

A pesar de las restricciones impuestas por este proyecto de ley, no existe aún la posibilidad de cerrar los vacíos de la ley en las ferias de armas (donde no hay revisión de antecedentes) y tampoco se establece que personas sospechosas de terrorismo tengan la prohibición explicita de abordar un vuelo nacional o internacional.

Tampoco existe la prohibición explícita de adquirir municiones y armamento de guerra, como el utilizado en Orlando o en San Bernardino.

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Cualquier intento de prohibir la venta abierta de rifles de asalto ha sido interpretada, por organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, como un intento de destruir la segunda enmienda.
Cualquier intento de prohibir la venta abierta de rifles de asalto ha sido interpretada, por organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, como un intento de destruir la segunda enmienda.

El atacante de Pulse tenía licencia para comprar y portar armas. Al igual que el veterano de guerra que abrió fuego en el terminal aéreo de Fort Lauderdale.

Por encima de las evidencias y de las tragedias, 2017 podría ser un año en que el Congreso de Florida apruebe una iniciativa a la que se oponen los presidentes de las universidades públicas y la mayoría de los jefes de policía del estado. El 73% de los residentes del estado tampoco están de acuerdo en que se permita el porte abierto de armas en las instituciones académicas públicas.

Como es de dominio general, la NRA es una organización de cabildeo de la industria de armas que califica, en todo el país, a candidatos de elección popular según sus posiciones a favor o en contra del control de armas. Al ponerles la máxima calificación dichos candidatos por lo general son financiados por la NRA y reciben todo su apoyo político.

Armas en sitios de alto riesgo

Uno de esos casos es el del actual gobernador del Estado del Sol, Rick Scott quien, en 2014, recibió A+ por parte de la organización, la máxima calificación que concede la NRA a aquellos funcionarios que defienden, sin ninguna crítica o salvedad, la segunda enmienda, es decir, el derecho constitucional que permite la compra libre y porte de armas.

Cuando pasa lo contrario, la organización moviliza toda su influencia entre sus miembros, en los congresos estatales y en Washington para evitar que esos funcionarios, elegidos por el voto popular, puedan llegar a posiciones de influencia.

Este nuevo intento es apoyado por el NRA y se da en un contexto político muy distinto al de 2016. Los tres comités que discutirán el proyecto SB 140 son presididos por republicanos. Se trata del comité Judicial, del comité de Vigilancia y Responsabilidad de Gobierno y el de Reglas.

En Florida hay 1.7 millones de personas que tienen licencia para cargar armas, de manera oculta, pero de aprobarse la propuesta del senador Steube (él mismo veterano de guerra, su padre es el alguacil del condado de Manatee), todos ellos podrían portarlas en recintos como las comisiones de los condados y municipios y en el Congreso estatal.

Hoy en día, ningún residente puede entrar armado a las comisiones y concejos. Incluso, en la comisión del Condado Miami-Dade y de la ciudad de Miami, por ejemplo, hay detector de metales y requisas para evitar que entren personas con pistolas, revólveres o armas blancas.

Por otra parte, Florida tiene la ley llamada “stand your ground” (defensa de su territorio) la cual le permite a una persona disparar e incluso matar a alguien ante un supuesto inminente peligro de muerte. Dicha ley fue esgrimida en el caso del joven Trayvon Martin, quien perdió la vida a manos del vigilante voluntario, George Zimmerman.

De aprobarse esa medida, Florida sería el estado número 46 que permitiría el porte de armas de manera visible.

¿Por qué la insistencia en sacar adelante un proyecto que no necesariamente traería seguridad y cuando en Miami-Dade su mismo alcalde ha calificado la violencia juvenil armada de epidemia?

DIARIO LAS AMÉRICAS buscó hablar con el proponente del proyecto SB 140, el senador Steube, pero no hubo respuesta alguna, a pesar de los múltiples intentos de entrar en contacto con él.

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