Unas 200 condenas a muerte podrían ser "revisadas" en la Florida este año
La nueva ley estatal establece que la pena capital requiere la mayoría absoluta del jurado y muchos de los condenados exigen una reevaluación

MIAMI.- El sistema judicial de la Florida afronta este año un delicado asunto: cómo acceder a reevaluar más de 200 condenas a muerte, luego de establecer que la pena capital tiene que ser avalada por al menos 10 de los 12 miembros que conforman el jurado.

Así lo estableció la Legislatura de la Florida el pasado año, luego de aceptar la reprimenda de la Corte Suprema de la nación, que indica que un juez no puede determinar la mencionada condena, cuando el jurado no logra un veredicto por unanimidad, o al menos la mayoría absoluta.

El Supremo tuvo en cuenta el análisis del caso de Timothy Lee Hurst, un hombre que fue acusado de la muerte del gerente de un restaurante, en 1998, y que posteriormente fue declarado culpable por un jurado muy dividido, 7 a 5, y que más tarde fue condenado a muerte por un juez, que aparentemente no tuvo en cuenta las desavenencias de la fraccionada decisión.

Y ahora, con 383 reos condenados a la pena capital, el Estado tiene que buscar una solución, al mismo tiempo que cumplir con la ineludible responsabilidad, que carga sobre sus hombros, con los familiares de quienes fueron asesinados y el gasto adicional que ello pudiera ocasionar al erario público, que es aportado por el bolsillo de los contribuyentes.

Probabilidades

Según la Corte Suprema de la Florida, más de la mitad de los reos condenados a muerte por un veredicto del jurado inferior al 10-2 no tiene derecho a la “reevaluación”, ya que los procesos judiciales fueron efectuados antes de 2002, cuando el Estado del Sol logró evadir legalmente el fallo del Supremo que desestimó la condena del reo Timothy Stuart Ring, en Arizona, y por ende la sentencia a 150 condenados en ese estado, por considerar insuficiente el fallo del jurado por mayoría simple.

“Entonces la Florida logró argumentar que tenía un sistema de condena diferente pero ahora no se trata de diferencias, sino de un estatuto establecido que dicta quién y cómo puede condenar a muerte”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Robert Lindsey, que forma parte de un equipo público legal, radicado en Orlando, que estudia varios casos de condenados a muerte.

Y luego subrayó: “No se trata de justificar o perdonar, sino de aplicar la ley como es debido. Si el jurado no denota mayoría absoluta, como indica el Supremo, no podemos clamar justicia cuando no somos capaces de aplicarla”.

A esto, el letrado añadió la posibilidad de un juego político: “Dictar una reevaluación no sólo supone reconocer el error, sino incurrir en un gasto adicional millonario que pondría en la mirilla a la administración estatal, además del gasto emocional que ello conllevaría frente a los familiares de las víctimas”.

De cualquier manera, todo parece indicar que la decisión final está en manos de la fiscal estatal Pam Bondi, respaldada por el gobernador Rick Scott y el equipo de asesores, quien asegura que las sentencias establecidas antes de 2002 fueron justas.

“No va a ser fácil ganar la batalla de reevaluar los 200 casos”, recalcó el abogado. “No hay suficientes jueces ni personal calificado para llevar una tarea de este tipo. Estamos ante una gran disyuntiva: aplicar la ley como es debido o insistir en algo que no es justo. Y esto último nos haría cómplices del error que los historiadores señalarán mañana”.